El acuerdo tripartito de la mayoría de derechas -PP, Ciudadanos y Vox- que ha dado el gobierno de Andalucía al Partido Popular, aun habiéndose desplomado en números de votos, podría abrir una batalla ideológica en el campo de la educación con la confrontación de dos modelos educativos que comparten pocos o casi ninguno de los valores que los sustentan. Competitividad, por cooperación; individualidad, por solidaridad; servicio educativo a cargo del bolsillo familiar, por derecho a la educación; valores propios de la religión católica entendida de la manera más conservadora e integrista, por valores éticos-cívicos universales; exclusión y segregación por inclusión; recortes en la inversión pública y trasvases importantes de fondos públicos al sector privado; y libertad de elección de centro, por derecho a la educación. Valores que componen un modelo educativo neoconservador que, en conjunto, explican buena parte de los desequilibrios que se producen en el sistema educativo; de los problemas de convivencia que se producen en los centros, y de aquellos relacionados con la profesión docente.
Un acuerdo que puede suponer un aumento sustancial de la desigualdad entre el alumnado, un parón de las políticas socioeducativas, y con ellas de la equidad; un recorte importante en las inversiones educativas, y un retroceso en las condiciones laborales y en los derechos sociales de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.
La alerta no es exagerada, en algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya se han vivido situaciones parecidas a las anteriormente descritas. Pero sin duda, es la Comunidad de Madrid el arquetipo que el nuevo gobierno de Andalucía no debería tener, en ningún caso, como referente en las políticas educativas. Todas y cada una de las medidas implementadas desde el gobierno de Esperanza Aguirre, cuyo relato mantiene el actual presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, han tenido como objetivos debilitar la escuela pública; socavar el derecho a la educación, convirtiendo esta en un objeto más de consumo cuya calidad tiene que ver con el volumen del bolsillo de las familias; recortar los derechos sociales, laborales y profesionales de las trabajadoras y los trabajadores del sector, e impregnar la educación en los centros con los valores propios de la iglesia católica más integrista y del neoconservadurismo económico y político. Medidas que han llevado a los sucesivos gobiernos del PP en Madrid a un enfrentamiento abierto y duro con la comunidad educativa.
Ante una futura situación de inestabilidad y riesgo de la educación pública, la comunidad educativa andaluza debe defender, desde la movilización, si fuera necesario, la educación como un derecho universal fundamental que contribuya a cohesionar a las personas y a las comunidades a través de la igualdad, la cooperación y la solidaridad. A la escuela pública, sin adjetivos, como eje vertebrador del sistema educativo y garantía de una educación en igualdad, que entienda la diversidad como un valor para el aprendizaje y la cooperación y que, desde el laicismo, respete la libertad de creencias o no creencias y eduque sin dogmas como el de las religiones.
Si hacemos una lectura de algunos de los puntos que más han destacado los medios de comunicación del acuerdo PP, Ciudadanos y Vox, la comunidad educativa debe trabajar para fortalecer la educación de 0 a 3 años como una etapa educativa, integrada dentro de la etapa 0 a 6 años, cuya oferta debe ser pública y gratuita y no asistencial y privada como supone el modelo que se plantea en el mencionado acuerdo de gobierno. Por otra parte, diversos estudios han demostrado que el distrito único de escolarización supone un elemento de desigualdad y segregación entre el alumnado. Un claro ejemplo es el caso de la Comunidad de Madrid. Así mismo la derecha andaluza quiere abanderar, por delante de la madrileña, la libertad de elección de centro priorizándola ante el derecho a la educación. La comunidad educativa debe oponerse, decididamente, a la financiación con dinero público de niveles educativos no obligatorios.
Por su parte los sindicato del sector tendrán que vigilar el cumplimiento de la reforma del Real Decreto 14/2012. Exigiendo la inversión necesaria en plantillas, así como en nuevos perfiles profesionales, Personal de Administración y Servicios (PAS) hoy imprescindibles en el sistema educativo para mejorar su calidad, manteniendo en Andalucía un máximo de 18 períodos lectivos semanales para el profesorado de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), el profesorado Técnico de Formación Profesional y de Régimen Especial, y un máximo de 23 períodos lectivos por semana para los maestros y las maestras de Educación Infantil y de Primaria. Exigir que cualquier tema relacionado con los derechos sociales y laborales de los y las trabajadoras sean objetivos de la negociación colectiva. La mejora de la inversión pública en la formación permanente del profesorado y el PAS, fundamental si queremos construir entornos de aprendizajes eficientes. Por último exigir al nuevo gobierno andaluz la aplicación de los acuerdos estatales cuyo objetivo es situar por debajo del 8% la precariedad laboral que supone para muchos trabajadores la interinidad.
Para CCOO los acuerdos firmados entre PP, Ciudadanos y Vox en ningún caso pueden suponer un ataque contra el derecho a la educación y la escuela pública. Para muchos andaluces y muchas andaluzas sería dramático un año cero en materia educativa porque les dejaría con un pie fuera del sistema educativo. El nuevo gobierno tendrá que valorar de forma muy aquilatada y contando siempre con el concurso de la comunidad educativa, su propuesta de gobierno en un sector tan complejo como el de la educación. Manteniendo lo que funciona. Mejorando aquellos elementos que puedan funcionar mejor. Y aportando nuevas ideas para mejorar la calidad de un sistema educativo público, sin adjetivos, cuyas señas de identidad sigan siendo la equidad y la educación como un derecho humano fundamental y universal.
