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Un año más, la Educación se convierte en el punto negro del empleo en verano. Un total de 53.423 profesionales fueron despedidos el pasado mes junio, según datos de la Seguridad Social recopilados por el sindicato CSIF, evidenciando el problema de estacionalidad que tiene el sector y de precarización de sus profesionales: se contrata a los profesores interinos en septiembre o a lo largo del curso y se les despide el 30 de junio para no pagarles en verano.
Y la situación no se detendrá ahí, si se atiende al comportamiento de cursos pasados. El año pasado, los 54.231 despidos de junio constituyeron la cifra más alta desde 2008 –aquel fue un curso de récord con 69.229 despidos–, pero en julio los números se duplicaron: 109.229 profesionales del sector pasaron a engrosar las listas del paro.
Esta situación no es ilegal, pero evidencia un problema de temporalidad en las escuelas públicas y privadas. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, subrayaba la gravedad de estas prácticas: «En junio se destruye mucho empleo en un sector abiertamente feminizado, como es el de la docencia. Nosotros intentamos realizar campañas en contra de esta práctica, pero nos hemos encontrado con varias sentencias del Tribunal Europeo de Justicia y de los tribunales españoles justificando el despido de los interinos en la docencia y, evidentemente, acatamos las sentencias y no podemos invocar que existe irregularidad, por más que nos parece enormemente pernicioso para el colectivo, porque en el resto de trabajadores por los meses de verano se cotiza», informa Laura Olías.
La Educación es el sector con el peor dato de empleo en junio y su caída contrasta con una subida generalizada en el resto.
De tribunal en tribunal
Tras muchas sentencias de diferentes tribunales, que han ido dando y quitando la razón a los profesores que reclamaban el verano según el caso, incluyendo una del Tribunal Supremo que anulaba los despidos en verano a profesores interinos, la Justicia europea acabó avalando el pasado noviembre la práctica, aunque sí dictaminó que los interinos despedidos tenían derecho a una compensación económica por los periodos vacacionales no disfrutados. Alegó entonces el tribunal europeo que al finalizar el curso «ya no se dan las razones de necesidad y urgencia a las que se supeditó su nombramiento».
Mario Gutiérrez, presidente del CSIF, recuerda que aunque no sea ilegal, la situación de los interinos en la Educación ha sufrido con la crisis una merma importante de derechos que se ha consolidado con el tiempo. «Han perdido una condición laboral anterior a la crisis, conseguida en 1996, con la que con cinco meses y medio de trabajo al año se cobraba el curso completo», lamenta.
En la actualidad no es así. Con la crisis, las comunidades autónomas rompieron la baraja y empezaron a despedir y, por supuesto, a no pagar el verano a los interinos y a apurar sus contrataciones casi al minuto. Los que se tenían que incorporar a principios de curso no lo hacían el 1 de septiembre, como sus compañeros funcionarios. Eran llamados el 8 ó 9, día que comienzan las clases, de manera que algunos aterrizaban en el colegio para irse prácticamente directos al aula. Luego, les despedían en junio, tanto en centros públicos como privados, concertados y academias, para ahorrarse el verano, y vuelta a empezar.
De 5,5 meses a ocho
La situación derivó en una ristra de demandas a las administraciones, que muchos interinos fueron ganando. Con el inicio de la recuperación económica, los Gobiernos regionales volvieron a plantearse pagar el verano. Pero el suelo de cinco meses y medio ya era historia. Cada una lo ha regulado a su manera, pero en la mayoría hace falta haber trabajado al menos ocho meses –prácticamente todo el curso– o 180 días trabajados, una cantidad prácticamente imposible de alcanzar si se tiene en cuenta que el curso escolar tiene entre 170 y 180 días lectivos. La sentencia del Supremo habla de ocho meses trabajados para tener derecho al verano.
Con carácter general, estos requisitos los cumplen solo los interinos que vayan a trabajar todo el año. Aquellos que van cubriendo bajas o jubilaciones tienen casi imposible llegar a los mínimos para cobrar el verano.
De fondo, explican los sindicatos, colea el elevado número de profesores interinos que tiene actualmente el sistema educativo, rondando el 24%. Esto quiere decir que uno de cada cuatro profesores en el sistema público son temporales, sea a tiempo completo o parcial. Su precariedad no consiste solo en la incertidumbre de no saber, la mayoría, si trabajarán el año próximo. Es también la de no saber dónde, cuánto tiempo ni en qué condiciones. Los que no trabajen todo el curso tienen todas las papeletas para acabar en la calle.
El problema no solo afecta al sector público y al sistema reglado, aunque la Seguridad Social no desagrega los datos. El año pasado, solo uno de cada cinco despedidos era docente de lo público. El resto pertenecen a la red privada (concertada incluida) y a la educación no reglada (academias).
¿Cuánto afectan los despidos a cada una? Según Jesús Gualix, secretario de Enseñanza Privada de UGT, «la mayoría de los trabajadores son indefinidos y con una cierta antigüedad. Las bajas suelen darse por no renovaciones, más que despidos», sostiene.
Y apunta el foco hacia la enseñanza no reglada –academias, empresas de formación, etc.–. «En estos centros, más del 70% de los empleados tienen jornadas parciales», expone. «El salario ha subido algo, pero si tienes una jornada del 50% es complicado subsistir, la gente no aguanta mucho tiempo. Tenemos la constancia de que muchos trabajadores empiezan en una academia mientras preparan la oposición o encuentran un trabajo en la concertada como una forma de engancharse al mundo educativo, pero lo acaban dejando desesperados», zanja.
