La participación de la comunidad educativa viene garantizada por la Constitución en el artículo 27.7: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca” y 27.5: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
No se trata solo de un derecho vinculado a una suerte de supervisión a posteriori de la gestión de los centros. La intervención –que no la supervisión o la rendición de cuentas– es “en el control y en la gestión”. Y en todos los centros sostenidos con fondos públicos, y con los poderes públicos “en la programación general de la enseñanza”. Es un derecho y un deber moral y político, si se quiere cumplir con el mandato constitucional.
El anterior gobierno del PP, incumpliendo con el mandato constitucional, apostó por un modelo neoconservador que externaliza el gobierno de los centros hacia unas direcciones cada vez más foráneas, despojando de competencias decisorias a los consejos escolares, como si participación y gestión fuesen conceptos antagónicos.
La gobernabilidad de los centros docentes exige una fuerte participación. La complejidad de la educación requiere de la colaboración acordada de todos. Si los centros deben gozar de autonomía para un mejor desarrollo de su tarea, adecuándola a las necesidades del entorno social y de su alumnado, la participación de la comunidad educativa es la otra cara de esta autonomía, la que garantiza su valor y su eficacia, con la implicación de todos.
En este sentido, el consejo escolar del centro debe tener una participación decisiva tanto en la aprobación de los documentos institucionales (PGA, PEC, etc.), en los que se recogen los fines y objetivos propios del centro; como en la elección de los órganos unipersonales de gobierno, que son los que deben llevar adelante las tareas que se derivan de dichos documentos. En la actualidad, con el cambio introducido por la LOMCE, aún en vigor, los consejos se han quedado relegados a órganos meramente consultivos y la participación ha decaído de manera importante.
Sin embargo, los retos a los que se enfrenta la educación requieren de una participación fuerte de la comunidad educativa. Las AMPA, por su responsabilidad en la educación de sus hijos; el alumnado, para aprender a implicarse con su propia participación activa en las primeras instituciones sociales en las que está presente; el profesorado, para ser capaz de conformar colectivamente un proyecto en el que se plasme su libertad de cátedra en el marco de la autonomía pedagógica del centro.
Los centros educativos deben gozar de autonomía, lo que implica la toma colegiada de decisiones en los ámbitos de la pedagogía, de la organización, del funcionamiento y de la gestión de recursos humanos y materiales. De entre estos tres ámbitos destaca como primordial el de carácter pedagógico, al que deben subordinarse los otros dos, lo que significa atribuir capacidad de coordinación y liderazgo a quien, como equipo, dirija el centro docente. ¿Cuáles son las premisas a tener en cuenta para avanzar en un camino complejo, pero lleno de expectativas como es el de la participación?
Un colectivo docente con una cultura profesional más participativa y menos corporativa. Con una formación que le haga proclive a la cooperación de forma solidaria y al diálogo.
Fomentar la dirección como un trabajo en equipo ligado a la comunidad en la que está integrado el centro.
Vincular el centro como comunidad educativa a las instituciones sociales como ayuntamientos, asociaciones y ONG y formativas como Movimientos de Renovación Pedagógicas (MRP), universidades, y con aquellos centros de los que provienen los futuros estudiantes o a los que pueden ir, conformando una red interniveles.
Reforzar el carácter formativo de la evaluación y rendición de cuentas al conjunto de la comunidad educativa para su mejora, y no una rendición de cuentas burocrática a la administración.
Vincular a la Administración educativa a los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de gobierno y participación.
Impulsar a los movimientos asociativos de madres y padres y del alumnado, sumando sus aportaciones y proyectos con los del resto de la comunidad educativa.
La comunidad educativa integrada en los movimientos sociales de amplio espectro se convierte en un agente de cambio, dentro y fuera del sistema educativo, a favor de la justicia y la igualdad. Sólo ensanchando las vías de la participación se podrán conseguir éxitos duraderos en la educación, la cultura y las políticas sociales.
