A finales de 1989 se celebró en San Sebastián un Seminario interuniversitario bajo el lema La educación multicultural en el estado de las Autonomías y, el año 1992, el X Congreso Nacional de Pedagogía tuvo como argumento La Educación Intercultural en la perspectiva de la Europa unida. Podríamos convenir que uno y otro dibujan la irrupción, en el ámbito científico, de la interculturalidad en España. Con algunos matices interesantes: en uno de los encuentros se habla de educación multicultural; en el otro, de educación intercultural. Mismo contenido, pero distinta etiqueta. Y mientras el primero ciñe su análisis a España, a la diversidad interna que supone el Estado de las Autonomías, el segundo lo hace en la perspectiva de una Unión Europea preocupada por la gestión de la inmigración que arriba, sobre todo, desde su frontera meridional. Treinta años después, merece la pena una cierta lectura retrospectiva del camino recorrido.
De la LOGSE (1990) a la LOE (2006) serían los años de la emergencia y el asentamiento del discurso sobre la interculturalidad, en paralelo a la llegada de un número creciente y diversificado de inmigrantes extranjeros, interrumpida por la eclosión de una profunda crisis económica. El balance, en pocas palabras, sería el de una decepcionante confusión teórica –no solo conceptual–, el de una perversa combinación entre los cantos a unos supuestos beneficios de la diversidad cultural y la permanente problematización de la inmigración, y la consolidación de un discurso político cada vez más identitario y más a la defensiva. Un discurso que reconoce (unos con la boca pequeña, otros con arrogancia) que efectivamente el Estado se identifica siempre, con más o menos intensidad, con una determinada comunidad de las que residen en su territorio y, en buena lógica, privilegia una determinada lengua, una determinada religión, unas determinadas manifestaciones culturales y festivas, por encima de las demás. Y que las minorías, tanto las autóctonas como las extranjeras, lo que deben hacer es admitirlo sin más y aceptar la subalternidad de sus propios derechos para salvaguardar la identidad y la unidad de la nación y evitar el riesgo de la disgregación comunitaria y la dispersión identitaria.
Esas políticas tienen su correlato en las prácticas sociales y pedagógicas calificadas de interculturales, cuyos efectos a la vista están. A lo largo de esos años, la segregación escolar ha adquirido visibilidad y se ha intensificado; el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela se ha considerado la medida intercultural más urgente y necesaria, dando a entender, en algunos casos, que ese era el único problema que resolver; y los resultados escolares –tanto las calificaciones de los centros como los que constata PISA– ponen de manifiesto no solo que los de los alumnos de familias extranjeras son sustancialmente peores, sino que también están subrepresentados en las etapas postobligatorias del sistema.
De la LOE (2006) a la LOMCE (2013-2020?) el discurso oficial experimenta un giro significativo: la interculturalidad se desvanece y suben al podio la convivencia (la LOE obliga a que todos los centros educativos españoles aprueben y apliquen un plan de convivencia) y la cohesión social como bienes que salvaguardar. Las preguntas a las que pretende responder este nuevo enfoque no carecen de sentido; el problema está justamente en la respuesta: ¿Cómo garantizar la coexistencia pacífica, en un mismo espacio, de personas socioeconómicamente desiguales y culturalmente distintas? ¿Cuáles deberían ser los límites admisibles de estas diferencias y esas desigualdades para no poner en riesgo la convivencia? ¿Qué normas y convenciones deberían regular el espacio público y compartido?
La interculturalidad, entendida como el reconocimiento pleno del derecho de las minorías a mantener y desarrollar su propia identidad, a participar en pie de igualdad en los asuntos públicos, se considera perjudicial en la práctica, pues podría erosionar la convivencia y propiciar el enfrentamiento por motivos culturales o religiosos. Y esa educación para la convivencia se plantea, en términos generales, como una estrategia al servicio de un nuevo orden, que recluye lo diverso en el ámbito de lo privado y pone el foco en las actitudes y comportamientos de los individuos pertenecientes a minorías, presuntos responsables de los hipotéticos conflictos y violencias a prevenir y evitar. Pero el verdadero adversario para garantizar esa convivencia no es tanto el conflicto, ni las diferencias, sino, sobre todo, el conformismo, la pasividad, la adaptación acrítica…
No sabemos si este año 2020 será, finalmente, el que abra una nueva etapa en la política educativa… Si así fuera, tal vez sería llegada la hora de postular abiertamente una educación antirracista, que haga frente con decisión al racismo que es más que una doctrina que clasifica –falsamente– a la humanidad en razas distintas; es, por encima de todo, una ideología que justifica la desigualdad, que otorga privilegios y ventajas a unos y deshumaniza y restringe derechos a los otros. No importa el marcador utilizado para ello (el color de la piel, la religión, la lengua, el origen, la etnia, las manifestaciones culturales, el lugar de residencia…), porque lo realmente relevante es la jerarquía de dominación que divide al mundo, en general, y a cualquier sociedad, en particular, entre lo que se considera plenamente humano y civilizado, superior, y aquellos que están en proceso de humanización o que son considerados directamente salvajes, primitivos, inferiores.
Y es que la cultura occidental se ha construido sobre unas bases profundamente racistas. El imaginario colectivo europeo está impregnado de prepotencia, de superioridad. El Otro ha sido permanentemente inferiorizado, explotado o sometido, y tratado como bárbaro, infiel, monstruo o esclavo… El Holocausto habría sido la culminación de esta lógica: judíos, gitanos, homosexuales, discapacitados… una vez despojados de su condición humana y asimilados a las ratas, a las alimañas, no merecerían otra cosa que el exterminio. Las reservas, los guetos, los campos de concentración… en realidad ya habían sido probados con los indios en América, con los hereros y los bosquimanos en África…
Deberemos esforzarnos, pues, en revisar críticamente nuestros conocimientos y nuestro imaginario. Después de haber pasado por el sistema educativo, después del grado o el máster universitario, todos estamos plenamente imbuidos de esa mentalidad etnocéntrica, de esa creencia en la supremacía occidental. Y si no sometemos a revisión ese poso, es más que probable que lo sigamos propalando y, con ello, vayamos consolidando las bases del racismo. Si sabemos a ciencia cierta que el canon educativo actual es parcial, sesgado, sexista, racista, homófobo… habrá que desenmascararlo y que reconstruirlo sobre bases más científicas, más funcionales, más humanas y más justas. Ya no bastan los discursos, bienintencionados pero estériles, que invitan a niños y jóvenes a reflexionar sobre la diversidad cultural y la inmigración, ni las dinámicas y simulaciones, emocionalmente potentes pero de impacto limitado. ¿O habrá que esperar treinta años más?
Xavier Besalú es profesor de Pedagogía de la Universidad de Girona
