Después de más de dos meses desde que se cerraran todos los centros educativos del país y en la situación actual en la que buena parte de los colegios e institutos han pasado los últimos días intentando acomodarse a las exigencias de desinfección e higiene que permitan el uso de los diferentes espacios, el Ministerio de Educación se ha reunido con los sindicatos docentes.
Sobre la mesa, las últimas medidas encaminadas no solo a esta vuelta a los centros sino, sobre todo, a qué pasará a partir del mes de septiembre, cuando comience el nuevo curso 2020-2021. Ya hace unos días la Conferencia Sectorial terminó con el único compromiso de conformar una comisión que estudiaría los posibles escenarios para ese inicio de curso y elaboraría recomendaciones para las comunidades autónomas.
No volver, o hacerlo de forma parcial, manteniendo ratios de 15 alumnos y la enseñanza a distancia y presencial parecen ser los objetivos que se plantean para septiembre. Es de lo poco claro que hay y, precisamente por eso, genera muchas dudas que siguen sin respuesta y que, precisamente, es esa comisión la que debe resolver.
¿Cómo se partirán los cursos en dos (o más) para responder a la ratio de 15 alumnos? ¿Dónde habrá que dar clase, en los pasillos, los gimnasios, los patios, los salones de actos?
Mayoritariamente, los sindicatos apuestan por un aumento de las plantillas docentes que puedan hacer frente, por un lado, a esa disminución (ficticia) de las ratios y, por otro, a las necesidades educativas de un alumnado que en junio habrá pasado casi cuatro meses sin pisar un aula y con una adquisición de nuevo contenidos rozando lo nulo. Desde las administraciones educativas, es la cuestión de la que nadie parece querer hablar. La inversión. La coyuntura económica provocada por la pandemia y la falta de unos presupuestos generales del estado (prorrogados los del último Gobierno Rajoy) hacen imposible esta inversión, al menos, este 2020.
Pero los sindicatos no se quedan solo en un aumento de la inversión en docentes o en recursos materiales. Muchas son las dudas en relación a los equipos de protección que tendrán que llevar las y los docentes, así como el personal de administración y servicios. Equipos que ya el Ministerio dijo que son responsabilidad de las comunidades autónomas y que han llevado a la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid a denunciar a la Consejería por dejar esta compra y responsabilidad en manos de las direcciones de los centros.
Los representantes del profesorado también han hablado en la reunión mantenida en el Ministerio sobre la necesidad de una regulación del teletrabajo que se viene desarrollando desde mediados del mes de marzo y que no está contemplada en las normativas que regulan las jornadas del personal de enseñanza. Y reclaman formar parte de la negociación del documento que ha de elaborar la comisión surgida en el seno de la Conferencia Sectorial de hace unos días.
Y aquí, de nuevo, la reivindicación de que se incluya a personal de enfermería en los centros públicos. Una reivindicación que en los meses previos a la pandemia de Covid-19 estaban esgrimiendo muchos de ellos. Unas enfermeras escolares que, al menos en Madrid, tienen unas condiciones laborales, cuando existen, que hacen casi imposible la atención adecuada a las niñas y niños con patologías en colegios e institutos.
