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El incremento de la inversión es ese lugar al que las administraciones educativas, central y autonómicas, no quieren mirar, por miedo a quedar convertidos en sal o por tener que asumir que no se podrá realizar prácticamente ningún nuevo gasto no previsto. España todavía funciona, a mediados de 2020 con los presupuestos generales del exministro Montoro, de 2018 que, desde luego, no contemplaban las necesidades de inversión que provocaría una pandemia global.
Se habla de la posibilidad más que cierta de tener que desarrollar la enseñanza a medio camino entre lo presencial y lo a distancia, también de posibles nuevos brotes de corinavirus que empujarían a posibles nuevos confinamientos durante parte del otoño próximo. Pero no se habla, o se hace sottovoce, sobre el incremento de plantillas docentes, o construcción de nuevos centros educativos o de cómo disminuir la brecha digital (por alguna habrá que empezar) en la que se mueven, como mínimo, el 10 o 12% de las y los estudiantes del país.
La Federación de Enseñanza de CCOO ha hecho su estimación económica de cara a planificar el próximo curso escolar y así paliar algunos de los efectos más importantes del confinamiento y la enseñanza a distancia. Para el sindicato esta inversión tendría que ser de 7.385.102.443,36 euros.
¿Y en qué se tendría que ir esto? Lo principal, como suele ocurrir en educación (y en función pública en general), sería el capítulo 1, es decir, el personal docente y de apoyo que se presume que será necesario, primero, para conseguir reducciones de los grupos que garanticen el mantenimiento de la distancia social.
El sindicato reclama un Plan Estatal de Incremento de la Contratación que suponga un incremento de la plantilla docente de un 33% y que costaría 5.151 millones de euros. Un total de 165.191 docentes de diferentes especialidades y cuerpos. La idea es poner en marcha desdobles, apoyos y refuerzos.
Serían unos 30.000 maestras de educación infantil; 70.000 de primaria y 65.000 profesoras y profesores de educación secundaria obligatoria. Aseguran, al mismo tiempo, que se trata de cálculos muy ajustados.
CCOO ha cuantificado este cifra teniendo en cuenta los salarios y cotizaciones de la educacióni infantil, primaria y secundaria, así como lo que podría suponer una bajada de las ratios alumno/aula hasta los 15. Además de los más de 165 mil nuevos docentes, habría que habilitar también más unidades de las tres etapas. Un aumento del 17%, lo que supondría algo más de 87.500 unidades.
Un aumento que choca, según denunciaba la Federación de Enseñanza del sindicato en Madrid, con el hecho de que se haya realizado una planificación para el próximo curso en la que habría 110 unidades públicas menos. En otros territorios consultados por este periódico, todavía no se ha hecho esta programación, principalmente porque no se ha cerrado el periodo de matriculaciones (tampoco en Madrid), de manera que se desconocen las necesidades reales de escolarización.
Formación, renovación, digitalización
La central sindical también reclama un aumento considerable en la formación permantente del profesorado, desminuida un 53,2% en los últimos diez años. Reclaman que se recuperen cifras de 2009 y se alcancen los 136.533.496 millones el curso que viene.
Esta financiación debería inscribirse en un Plan de Formación Permanente en los que debería tener un papel preponderante lo relacionado con las competencias digitales del profesorado, así como para dar respuesta a las emergencias sociosanitarias.
Las dificultades de conexión y de acceso a equipamientos entre las familias más vulnerables hasido uno de los grandes temas protagonistas de las últimas semanas. CCOO calcula que hay 300.000 menores (según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE) que no disponen de conexión a Internet. Calculando sobre un gasto medio de 30 euros mensuales, costaría 108 millones de euros anuales conseguir que todos estos hogares tuvieran un acceso a bandha ancha suficiente para seguir el curso online.
Por otra parte, con la posibilidad de una vuelta, lo más numerosa posible, a las aulas físicas, se ha planteado la habilitación de diferentes espacios de los centros existentes: salones de actos, gimnasios o bibliotecas escolares. Muchos centros educativos ya están utilizando espacios diferentes reconvertidos en aulas. Desde el sindicato argumentan que será necesario que las comunidades autónomas hagan ese trabajo de revisión de qué espacios pueden o no reconvertirse. También señalan que existen centros en los que hay unidades actualmente cerradas y que pueden utilizarse, así como centros completos que están cerrados.
De la misma manera, entienden que, llegado el momento, también las autonomías tendrán que hablar con los municipios para ver la posibilidad de habilitar otros espacios como pudieran ser centros culturales o bibliotecas públicas.
La pregunta del millón aquí, finalmente, es de dónde saldrá el capital para acometer estas y otras inversiones que Comisiones Obreras entiende que son mínimas y necesarias para realizar con ciertas garantías el curso próximo. En el horizonte se encuentra la posibilidad de que España reciba 75.000 millones de euros de los propuestos por la Unión Europea para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. Todavía es muy pronto para saber si esta posibilidad se contempla y a cuánto podría ascender, pero desde el sindicato tienen claro que una parte debe llegar al sistema educativo.
