Después de casi cuatro meses con escuelas e institutos cerrados y con las plataformas virtuales como único soporte a la docencia, Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en retornar a las clases presenciales. El regreso se dio tras un proceso gradual iniciado con las escuelas rurales a finales de abril y que se completó a principios de julio, cuando también se reactivaron los centros públicos y privados de educación primaria, secundaria y técnica.
Junto con la construcción, el sector educativo fue de los primeros del país en incorporarse a la “nueva normalidad”, tras un intenso debate público, la discusión de protocolos y la tensión entre autoridades, direcciones de centros educativos y sindicatos. Una decisión que respondió al buen manejo que, hasta ahora, el país ha hecho de la pandemia. Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria, hasta la fecha, se registran 1.200 casos y 34 fallecidos. Las medidas tomadas tempranamente por el gobierno de Luis Lacalle Pou junto con varias condiciones estructurales, como unos sistemas educativo y sanitario públicos robustos, permitieron gestionar la crisis sanitaria sin necesidad de declarar la cuarentena obligatoria.
La infraestructura de telecomunicaciones uruguaya, que cuenta con un despliegue de la fibra óptica en prácticamente todo el país, permitió el acceso al trabajo virtual en prácticamente todo el territorio. Además, hace varios años se implementó el plan Ceibal para el fomento de las nuevas tecnologías de la información en todas las escuelas que, sin saberlo, preparó al país para enfrentar la crisis. “Se priorizó mantener el vínculo con los niños a través de las plataformas del plan Ceibal, WhatsApp o con visitas a los hogares, y así alcanzamos una vinculación en torno al 95% de la matrícula escolar de los niños de 3 a 12 años”, explica Pablo Caggiani, docente y miembro del Consejo de Educación Inicial y Primaria, un órgano dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) encargado de las competencias educativas de estas etapas.
Hace casi más de un mes que el proceso de retorno progresivo y gradual concluyó. Los colegios ahora vuelven a estar cerrados, pero esta vez por vacaciones. Alumnos y docentes se toman un respiro mientras transcurren las semanas más frías del año, que en contexto de pandemia dificultan la aplicación de protocolos y exponen a grandes y pequeños a todo tipo de enfermedades, más allá del coronavirus. Un tiempo de descanso que también se aprovecha para evaluar las primeras semanas del retorno.
Un protocolo “estricto”
«El retorno a clases es voluntario. Estamos convencidos de que el riesgo es mínimo y tiene que existir la voluntad de los padres para decidir si los niños participan o no», declaró Lacalle Pou cuando anunció el regreso a la presencialidad.
La Administración Nacional de Salud Pública se encargó de redactar un protocolo con más de 20 artículos que los centros educativos aplican con especial atención en mantener el distanciamiento físico en el aula y el patio. Para ello, cada curso fue dividido en dos grupos y la asistencia presencial, que no es obligatoria, se redujo a dos días a la semana y a un máximo de cuatro horas, y se combina con el aprendizaje online. Los horarios de entrada y salida a clase y al recreo son escalonados y los centros cuentan con alcohol gel, sistemas de ventilación, desinfección de materiales de uso común y uso obligatorio de alfombra sanitaria y mascarillas (para los alumnos de secundaria).
“La aplicación de un protocolo estricto quedó en manos de los directores de cada centro, que son quienes tienen que garantizar las condiciones para su cumplimiento”, señala Antonio Romano, profesor universitario del Instituto de Educación y exdirector de Planificación de la ANEP. “Es una presencialidad bastante compleja y muy diferente de la escuela que se dejó en marzo”, añade Pablo Caggiani.
Entre los criterios para definir el retorno a clases se consideraron aspectos como la desigualdad, la adaptación a los horarios de las familias y mantener la virtualidad para aquellos niños y niñas que no participan de forma presencial. “El promedio de asistencia a más de un mes del retorno ha sido muy bajo. La gente toma precauciones y una de ellas es no mandar a los niños a la escuela”, indica José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes). Según datos del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), en la primera semana, solo el 48% de los niños convocados asistieron a las escuelas públicas. Un porcentaje que se elevó a un rango entre el 60% y 70% siete días después.
Dificultades e inconvenientes
“Los niños tenían muchas expectativas de volver a la escuela para encontrarse con sus amigos, pero la forma como esto ha ocurrido no ha estado bien y no les hemos consultado”, opina Antonio Romano. El docente enumera algunos “inconvenientes” del regreso a la presencialidad, como la desconexión de muchos estudiantes y familias tras permanecer tanto tiempo en casa –”se desvincularon de la propuesta escolar”, precisa–; las dificultades para las escuelas de barrios más pobres; o los problemas prácticos para la implementación del protocolo: “Exige ventilación, pero estamos en pleno invierno”, apunta. “El primer día de clase había cuatro grados y teníamos las ventanas abiertas mientras los estudiantes se congelaban sentados en sus bancos con las mascarillas puestas”, recuerda Alejandra, profesora de secundaria y orientadora pedagógica. La docente, que terminó enferma después de estos primeros días de clase, insiste: “Tuve que mandar mensajes a los padres para avisarles que mandaran a los niños como si fueran a estar a la intemperie y quietos”. A su parecer, “hay una enorme improvisación porque las directivas no han sido claras” y “las formas de implementación están alejadas de la realidad”.
“Hemos tenido que hacer una ingeniería de reacondicionamiento de las escuelas para que los niños pudieran mantener las distancias dentro de las aulas”, exclama Elbia Pereira, secretaria general de Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria o FUM-TEC, que reúne 25.000 afiliados docentes y no docentes de todo el país. La dirigente sindical destaca el “doble esfuerzo” de los docentes, que llevan a cabo el trabajo presencial y virtual, lo que conlleva una sobrecarga laboral importante.
Desde el punto de vista pedagógico, Pereira considera que los aprendizajes “son muy dispares y distintos” comparados con la etapa previa a la pandemia. Por eso, opina que “no se deben comparar resultados” y es tajante en su conclusión: “Nada sustituye la presencialidad del docente en el aula”.
Hasta ahora, ningún centro escolar de Uruguay se ha visto obligado a cerrar por contagios de COVID-19 y solo han interrumpido nuevamente las clases los colegios con presencia de focos comunitarios cerca. Sin brotes en los centros educativos y considerando la necesidad de mantener la escuela presencial, el gobierno apuesta ahora por aumentar los días y extender los horarios de docencia después de las vacaciones de invierno. “Cuando las familias entienden que los centros cuentan con las medidas de higiene necesarias y que los funcionarios proceden con mucha responsabilidad, se logra que los estudiantes vuelvan”, dijo Robert Silva, autoridad de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). A partir del 3 de agosto el país dará un paso más para normalizar la rutina escolar que el virus puso a prueba.
