Pocas son las novedades con respecto a las anteriores versiones del documento que estudian las administraciones educativas autonómicas presentado desde el Gobierno central en la Conferencia Interterritorial de Educación que se celebra desde esta mañana.
Son tres los escenarios que se plantean desde Sanidad para tener en cuenta si se producen casos de contagio en los centros educativos a lo largo de los próximos meses. Sobre la base de los grupos burbuja de alumnos/docentes, se prevé, en un primer escenario, que si se produce algún caso esporádico, este será aislado y se hará un seguimiento de sus contactos para controlar el contagio. En el caso segundo de que haya transmisión comunitaria esporádica o «brotes complejos», en los que el seguimiento de contactos sea muy complejo o imposible, se cerrarán en el centro las aulas afectadas y se ampliará el tamaño del grupo de personas que deben aislarse durante dos semanas. Solo en el tercer caso, si hay transmisión comunitaria descontrolada, se cerrará el centro. Actuación que decidirá en su caso la autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma.
Según el documento de Sanidad, se considera brote a grupos de dos o más casos de infección activa que tengan vínculo epidemiológico.
Por lo demás, los grupos burbuja no han de llevar mascarilla durante su estancia en las aulas, que deberían tener una correcta ventilación, y sí tendrán que hacer cuarentena, en bloque, en el caso de que haya algún caso positivo.
Cuando un alumno tenga síntomas, lo previsto con anterioridad: mascarilla quirúrjica, EPI para el personal docente que trate con el caso en ese momento, aislamiento del alumno en una sala de uso individual (preferentemente) bien ventilada, con papelera de pedal. El centro tendrá que avisar a la familia, así como a la persona responsable covid en el colegio o instituto.
Las familias tendrán que avisar a su centro de salud y los docentes, además, al servicio de riesgos laborales. Si existieran síntomas, habría que guardar el aislamiento a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. En el caso de que estas dieran negativo, la vida del centro educativo no debería verse afectada. En el caso de que fuera positivo, las autoridades sanitarias autonómicas tendrán que tomar las decisiones.
