La regulación del teletrabajo es, hoy, uno de los mayores incógnitas entre el funcionario. Específicamente entre el profesorado.Tras un tercer trimestre del curso pasado sin ningún tipo de control u ordenamiento, y con un inicio de curso en el que ya se cuentan por decenas las incidencias en centros educativos relacionadas con la Covid-19, se imponía la aprobación de esta regulación.
Según un comunicado emitido por Comisiones Obreras, ya hay acuerdo entre el Ministerio y los sindicatos y este será ratificado el próximo lunes en la Mesa General de Empleados Públicos.
Una vez que esto ocurra, las diferentes administraciones y sectores tendrán que implementarlo en función de sus características y necesidades.
Entre los puntos que el sindicato destaca que tendrá dicho texto, se dice que la «administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios para su actividad a las personas que trabajen en esta modalidad». Una petición que lleva meses oyéndose, cuando cientos de miles de docentes han estado utilizando sus equipos y conexiones a Internet al servicio de la continuidad de la enseñanza.
En esta línea, el acuerdo alcanzado y que supondría la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que quien desarrolle su labor en situación de teletrabajo estará acogido a todos los derechos y deberes de esta norma laboral, como lo están quienes lo hagan desde el puesto de trabajo presencial. Entre ellas, matizan desde CCOO, la relativa a prevención de riesgos laborales.
El acuerdo también contemplará el derecho a la desconexión, a la intimidad y a la protección de datos y apunta a que el teletrabajo será voluntario.
Hasta la fecha, según fuentes de las propias CCOO, solo Extremadura ha redactado unas instrucciones relativas al teletrabajo del personal docente por causa de la Covid-19. Unas instrucciones que, dicen estas mismas fuentes, no fueron negociadas con los representantes de los trabajadores.
