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Las elecciones americanas parecían haber traído un consenso. Políticos, periodistas y opinadores de todo el espectro ideológico coincidian en criticar las mentiras y el populismo de Trump y la polarización y el enfrentamiento que habían comportado. En su discurso de celebración, Joe Biden pregonó la necesidad de reconciliarnos y tratar al rival como un adversario con quien discutir y no como un enemigo al que destruir y recibió elogios por todas partes.
No ha pasado ni una semana y nos encontramos que las denostadas tácticas trumpistas renacen, esta vez, con motivo de la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno central. La LOMLOE, que pretende derogar la conservadora LOMCE, ha recibido el rechazo frontal de la oposición y de los medios afines.
Por un lado, se acusa al Gobierno de destruir la escuela concertada y de enviar todos sus alumnos a la pública, sólo porque la ley incluye un limitado intento de repartir el alumnado con más dificultades y pone en cuestión el sistema de conciertos. Otras voces acusan al Gobierno de adoctrinar a toda la población porque la ley incluye la igualdad de género o la lucha contra el cambio climático entre sus objetivos. No falta tampoco la clásica acusación de rebajar el nivel y querer que todos los alumnos sean analfabetos por el hecho de suprimir la reválidas. Otros autores advierten, incluso, del fin de la educación tal y como la conocemos. Sin olvidar mencionar la guerra civil. Tampoco podía faltar la cuestión de la lengua catalana. Como no podía ser de otra forma en una ley tan perversa, la LOMLOE suprime el castellano y convierte a los niños catalanes en monolingües. Finalmente, esta nefasta legislación suprime las escuelas de educación especial y deja desamparados a sus alumnos y familias. Para ser honestos, esta manera de argumentar no es patrimonio de la derecha. Una parte de la izquierda también ha considerado a veces como reaccionaria y un ataque a la escuela pública cualquier propuesta proveniente del ámbito conservador. Pero en este caso es la derecha y las organizaciones de la escuela concertada las que se lanzan a argumentaciones extremistas para oponerse a la ley.
Estas posiciones extremistas evitan las discusiones que deberíamos tener. ¿Podemos tener un debate sereno y racional sobre el papel de la escuela concertada, una anomalía en una Europa mayoritariamente dominada por la pública? ¿Podemos hablar sobre las diferentes condiciones de trabajo de los docentes de la pública y la concertada? ¿Podemos hablar de la problemática de la segregación escolar y su papel en una sociedad cada vez más desigual? ¿Podemos asumir que existe un importante debate sobre los objetivos de la escuela? ¿Podemos entender el debate metodológico entre innovadores y tradicionalistas como diferentes respuestas a una problemática común? ¿Podemos discutir de evidencias y resultados y abandonar prejuicios e ideas preconcebidas? ¿Podemos proponer modelos lingüísticos diferentes sin falsear la realidad de la lengua en Cataluña u otras comunidades con lengua propia? ¿Podemos abordar la infrafinanciación histórica de la educación en nuestro país? ¿Podemos debatir sobre el abandono escolar y las prácticas que contribuyen a reducirlo? ¿Podemos, en definitiva, plantearnos qué papel hace nuestro sistema educativo en una sociedad campeona en los índices de desigualdad europeos?
Esto sería muy complejo y requeriría argumentos, datos y, sobre todo, considerar al otro como un adversario racional. Además, los grises y las posturas intermedias no dan votos en sociedades cada vez más polarizadas. Mucho mejor adoptar un tono apocalíptico y organizar un combate contra un enemigo que quiere destruirnos a nosotros y a nuestra escuela.
Seguramente es uno de los peores momentos de la historia para plantear reformas educativas. Los centros y profesionales educativos ya desgastados por años de recortes se encuentran ahora estresados y tensionados por una pandemia para la que no tienen recursos ni respuestas. La tradición española de aprobar leyes educativas ha dejado una comunidad educativa escéptica sobre la capacidad de las reformas de mejorar la escuela, sobretodo cuando estas no vienen acompañadas de recursos. Por otra parte, algunos aspectos de la ley no son compartidos por todo el mundo y seguramente desde la izquierda y la escuela pública también se le podrian hacer críticas. No obstante, desde una óptica progresista no se puede desaprovechar la oportunidad para revertir los cambios de la Lomce y consolidar legislativamente mejoras para un sistema muy desigual.
La pandemia ha sido un choque terrible pero podría ayudarnos a construir una sociedad mejor. Un primer paso sería tener debates democráticos y respetuosos sobre un tema fundamental como la escuela. Deberíamos contribuir todos a construir un sistema educativo centrado en la equidad y dotado de los recursos adecuados. Como en tantos otros campos, parece que estamos muy lejos de aquí.
Marc Hortal Galí. Profesor de secundaria y director de Instituto
