En estos tiempos de convulsión, precipitación y ruido, si fuéramos un poco optimistas podríamos pensar que todo se calmaría con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, algo tan importante que genera todas las guerras sin pensar en lo que puedan favorecer o no nuestras vidas, aunque desde 2017 no parecían tan importantes porque hemos sobrevivido con los mismos hasta el 2020 en el que se aprueban los de 2021. Siendo realistas, hay temas que, para entrar en la discusión de los presupuestos, se utilizan y se agudizan, y que se mantendrán en estado de alerta permanente para aprovechar la oportunidad que les convenga.
La inclusión educativa tuvo relevancia cuando unos padres de alumnos con discapacidad denunciaron ante la ONU el incumplimiento del Convenio de Derechos Humanos de las personas con Discapacidad en su derecho a la inclusión educativa. Estos padres estaban en su derecho, ya que España había firmado el Convenio y su Protocolo, y lo estaba incumpliendo. Pero estos padres, todos los padres y los gobiernos, central y autonómicos, deben y tienen que saber que la inclusión educativa es de obligado cumplimiento porque la Constitución incorpora los tratados internacionales de Derechos Humanos firmados por el Reino de España.
El informe de la ONU, fue contundente sobre el incumplimiento por parte de España en inclusión educativa. El informe fue cuestionado y descalificado, por determinados intereses, como si se tratara de un “complot judeo masónico” de otros tiempos.
En la tramitación parlamentaria de la Lomloe, con nocturnidad y aprovechando el estado de alarma según determinados partidos, administraciones educativas y medios de comunicación, (como si en el estado de alarma los parlamentarios no tuvieran que dedicarse a lo que debe ser lo suyo), también se generó una fuerte campaña contra la inclusión educativa. Como pasa con los Presupuestos Generales del Estado ya aprobados, pasará con la Lomloe, una vez aprobada.
Podríamos separar algo del ruido para acercarnos con más precisión y algo de rigor a la inclusión educativa; hasta los exmilitares del Aire firmantes de la carta que inspiraba sus chats cuestionaban la inclusión como algo ideológico. Si miramos al pasado, también podríamos encontrar algo de luz para manejarnos en el ruido. A finales de los años sesenta, a los alumnos de menos de 50 de cociente intelectual se les denominaba “entrenables” y eran responsabilidad del Ministerio de Sanidad; a los de más de 50, “educables”, responsabilidad del Ministerio de Educación. En aquellos tiempos, coincidiendo con mis inicios profesionales, en el Instituto Municipal de Educación de Madrid, había alumnos de educación especial a los que se les enseñaban las raíces cuadradas y, al mismo tiempo, tenían que besar el anillo del padre Venancio Marcos por los pasillos, sacerdote de insignes loas militares y franquistas. En la Ley General de Educación de 1970, se planteaba la escolarización en centros de educación especial “cuando la profundidad de las anomalías que padezcan lo hagan absolutamente necesario, se llevará a cabo en centros especiales, fomentándose el establecimiento de unidades de educación especial en centros ordinarios para los deficientes leves, cuando sea posible”.
En los 80 se inicia un plan experimental de integración para su generalización en ocho años. Supuso que muchos alumnos que podrían escolarizarse en centros de educación especial lo hicieran en ordinarios. Pese a ello, los recursos de estos no fueron los suficientes y la carga de todo el proceso de integración estaba en los alumnos y, poca, en los cambios necesarios en el sistema.
En la década de los 90, la Unesco propicia «La educación para todos»; ya no se trata de la integración de algunos en la llamada educación ordinaria sino en la transformación de los sistemas educativos para que respondan a la diversidad de alumnos. Se plantea la educación como un derecho de todos.
En 2008, 60 años después de la Declaración de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y se establece la educación inclusiva. La educación inclusiva no trata de incluir a algunos en los centros ordinarios sino de transformar los sistemas educativos para que respondan a la diversidad y a las necesidades de todos. Es una aproximación estratégica para facilitar el aprendizaje de todos los alumnos y superar todo tipo de exclusión; se basa en un derecho a la educación y no en un privilegio de la mayoría. Todos los alumnos tienen derecho a participar y practicar el aprendizaje en las aulas sean cuales fueran sus necesidades.
Imprudencia
Todos los planteamientos contra la inclusión educativa, de inicio, son imprudentes. Constituyen una aproximación y confluencia de intereses personales, ideológicos, económicos y políticos. Las consecuencias de toda la campaña orquestada y acrecentada por determinados medios supone un ataque a los derechos de las personas con discapacidad y el mantenimiento de ideas y políticas que los consideran “como objecto de”: beneficencia, compasión y caridad mal entendida. Y de ahí: “pobrecitos”, «subnormales”, «eternos niños”, “algo menos que”. Posturas que se defienden desde determinados intereses, y desde otros que aprovechan para evidenciar u ocultar sus verdaderos intereses. Con esta postura se excluye a las familias que han denunciado el incumplimiento por parte de las administraciones educativas del derecho a la inclusión educativa de sus hijos y han sido condenadas a hacerla efectiva; a las muchas familias que, con su dedicación y esfuerzo, con la implicación activa de muchos profesores y una exigencia personal acreditada por sus hijos con discapacidad han terminado sus estudios, incluso superiores, y trabajan como profesionales de la educación, de la informática o de cualquier ámbito laboral en el que demuestran su capacidad, o son actores, actrices e, incluso, modelos.
El índice democrático de un país no se mide por el hecho de votar en los períodos establecidos, sino por la atención las personas que más lo necesitan
Las consecuencias de estas posturas negacionistas de los derechos de las personas con discapacidad suponen, no sólo el incumplimiento de sus derechos reconocidos en las leyes, sino el regreso a épocas en las que no tenían derechos, en las que la exclusión y las injusticias formaban parte del entramado social. Hoy, el índice democrático de un país no se mide por el hecho de votar en los períodos establecidos, sino por la atención las personas que más lo necesitan. Una democracia lo es, si es justa, y si todas las personas que la constituyen tienen derecho (y lo ejercitan) a un ritmo normal de vida, en la familia, en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, en el empleo, en el ocio, la cultura y el deporte y mientras sea niño, joven, adulto o ya mayor.
Irresponsabilidad
Estos planteamientos desembocan, e incluso enraízan, en actitudes y comportamientos irresponsables por las consecuencias en las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Si consideramos que la inclusión educativa no es un derecho y que no nos incumbe, si por un momento nos detuviéramos a pensar que nosotros somos los responsables de la exclusión, tendríamos cierta precaución. Un niño o una niña nace en una familia, no se le excluye por ser niño o niña; si nace un niño o una niña con discapacidad no se le excluye de la familia, es uno más, pese a los inconvenientes y las ventajas que pueda aportar. He conocido padres que reconocían que ese hijo con discapacidad era el sostén y el soporte de la vida familiar, incluso a nivel personal lo puedo corroborar. Si es uno más de los hermanos, va donde van sus hermanos al médico, al restaurante, a ver a los abuelos, de compras, al cine, de vacaciones… y al colegio.
Es una irresponsabilidad el atacar la inclusión educativa alegando que se van a cerrar todos los centros de educación especial y que todos los alumnos que en ellos están van a ser escolarizados en los centros educativos ordinarios. A esta irresponsabilidad se unen algunos padres que tienen cierta presencia mediática, y algunos políticos y responsables de administraciones educativas. Alguna autoridad se ha manifestado como baluarte de la lucha por la educación especial y defendía a sus centros porque en ellos se aprendían cosas importantes como hacerse la cama. ¡Qué gran conocimiento, y qué desprecio al importante trabajo de los profesionales! Irresponsabilidad también, en el uso de los alumnos de los centro de educación especial en los medios, irresponsabilidad de líderes de partidos políticos ante los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión educativa a cambio de votos cautivos en nombre de la libertad.
La Lomloe plantea un plazo de 10 años para la progresiva implantación de la inclusión educativa. Un plazo para que el sistema educativo sea capaz para el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, incluidos los que tengan discapacidades. Sí, tienen razón los padres que alegan que sus hijos lo pasarían mal en un centro que no tiene los recursos personales ni de medios para atender a sus hijos. Sí. De lo que se trataría entonces es de que esos centros tuvieran los medios, los recursos personales y la preparación para atender a sus hijos. Esa sería la protesta, para que se dote a las leyes de la financiación y preparación de los profesionales para hacer efectivo ese derecho a la educación inclusiva. Sí, tienen razón algunos alumnos de centros de educación especial que estuvieron en un centro ordinario y lo pasaron mal porque no les hacían caso o no le ayudaban o, incluso, los acosaban. Sí, pero también otros que sacaron adelante sus cursos con su esfuerzo y el buen trabajo de sus padres, profesores y otros profesionales.
Se ha avanzado en la neurociencia; en el conocimiento que se tiene de cómo aprenden los alumnos; se tiene que profundizar en el diseño universal del aprendizaje; se ha constatado que el aprendizaje entre iguales tiene mucho valor (el mejor maestro de un niño de cinco años es otro de cinco años); se está evidenciado que un curriculum sobrecargado de conocimientos, muchos vacíos, necesita de revisión y actualizaciones; se está avanzando en los aprendizajes por competencias, y Europa, somos europeos, ha fijado ocho competencias básicas; las evaluaciones no pueden ser exclusivamente sobre conocimientos, tienen que ser sobre competencias, actitudes y comportamientos; la UNESCO nos recuerda, desde su fundación en 1945, que el fin de la educación es la formación de personas libres y responsables;. La UNESCO, siendo Federico Mayor Zaragoza su director general, encargó a Jacques Delors la presidencia de la Comisión Internacional sobre la educación en el siglo XXI y el Informe Delors se publicó en 1996: ”La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares; aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser».
Muchos centros de educación especial podrán convertirse en centros de recursos para apoyar la educación inclusiva
En la medida en que los sistemas educativos sean más capaces, por la formación de los profesionales y la dotación de recursos y medios, muchos alumnos de los centros de educación especial podrán ser escolarizados en los centros ordinarios. Pero siempre habrá un número de alumnos a los que no se pueda atender adecuadamente y según sus necesidades, muy agudas y específicas. Muchos centros de educación especial podrán convertirse en centros de recursos para apoyar la educación inclusiva. Un buen ejemplo de ello nos lo muestra la ONCE, que ha cerrado sus centros específicos y los ha convertido en centros de recursos para apoyar a sus alumnos en los centros ordinarios y a estos, con sus recursos y medios. Otro ejemplo es Portugal con los buenos resultados de la educación inclusiva con el apoyo de centros de educación especial y también las experiencias similares en País Vasco.
Se plantea la falsa dicotomía “educación inclusiva, especial también”, constituida en plataforma. Están en su derecho. En junio anunciaban que tenían 160 entidades adheridas y más de 300.000 firmas para la eliminación de la Disposición Adicional cuarta y el artículo 74.3 de la Lomloe, y llamaban a la concentración el día 23 de junio ante el Congreso en el inicio del trámite parlamentario y el día de su aprobación, el 19 de noviembre. Portaban corazones con el mensaje “Inclusiva sí, especial también”, corazones con lágrimas verdes y corazones verdes grandes, con dos caras. Denunciaban: 1, los centros de educación especial se convierten en centros de recursos; 2, sin los recursos necesarios en los centros ordinarios; 3, el objetivo es la inclusión educativa y, 4, los alumnos podrían ser escolarizados contra la opinión de los padres.
En la reivindicación contra la Disposición Adicional argumentan que no existe la dotación presupuestaria, lo cual es cierto. Y respecto al artículo 74.2, la identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las administraciones educativas. En este proceso serán oídos e informados los padres, madres o tutores legales. Las administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen inclusivo. En el artículo 74.3, al finalizar cada curso, se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada para alumno. Dicha evaluación permitirá proporcionar la orientación educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la progresión o permanencia del alumnado en el más inclusivo. Estos artículos responden a la reivindicación de la Plataforma de que los alumnos puedan ser escolarizados contra la opinión de los padres. La Plataforma “Inclusiva sí, especial también” alega que la Lomloe es una trampa en la que ha caído Plena Inclusión, una entidad que venía promoviendo la inclusión educativa bajo el lema ”la educación es inclusiva o no es educación”. Como Ciudadanos se opone a la ley, el nuevo consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de la Comunidad de Madrid, Javier Luengo, que proviene de Plena Inclusión Madrid, a la pregunta de centros de educación especial o educación inclusiva, responde lo que quieran los padres.
El Cermi, Comité Español de Representantes de Minusválidos, el organismo estatal para los Derechos Humanos de la Convención de la ONU, considera que la Lomloe hace guiños a una educación más inclusiva pero la ve como un principio y objetivo y no como un derecho. Y como no es un derecho, no se puede reclamar. También resalta que no se hace mención a las preferencias de los propios niños, no se escucha su voz. Estamos de acuerdo en que tendría que ser un derecho y en que debe ser oída de manera profesional la voz de los niños. Sin embargo, no estamos de acuerdo en el papel del Cermi como responsable del Observatorio del cumplimiento de la Convención, demasiado pasivo y sin implicarse en su cumplimiento.
Manifestamos nuestra disconformidad con un aspecto de la Lomloe; lo mismo que se incluye el enfoque por primera vez en una ley educativa de la Declaración de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, firmado por España, también deberían de incluirse los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad de Naciones Unidas también firmado por España. Así se resaltaría la educación inclusiva como derecho, tendría que ser el sexto enfoque clave de la Ley.
Como conclusión, ninguna Ley educativa llegó a término, no se cumplió en su integridad. El que la ley se publique en el BOE tampoco asegura su cumplimiento, ya que depende de los centros educativos y de los profesores, y aunque el papel de todos ellos es vital para la inclusión educativa, son insuficientes sin la responsabilidad de las familias y la participación social. La inclusión educativa no es posible en una sociedad que segrega y excluye, y donde la responsabilidad en educación es exclusiva de los profesores y los centros. La educación nos incumbe a todos y en estos tiempos en que la educación tiene que ser lo más importante de un país, la educación encierra un tesoro, dice el Informe Delors para la Educación del Siglo XXI; la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, decía Nelson Mandela… Pues aquí ya hay un partido político que va a incumplir una ley educativa aprobada en el Parlamento, que va a desobedecer al poder legislativo… “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”, Groucho Marx.
