La Formación Profesional en España anda revuelta con la disposición adicional decimoprimera de la flamante Lomloe. Hay indignicación en muchos sectores. Satisfacción entre los más beneficiados. Surgen dudas, incertidumbre, varios flecos por cortar. Algunos atañen a cuestiones laborales y organizativas: requisitos de acceso a la docencia, problemas de reclutamiento para las administraciones, salarios, traslados, condiciones para optar a puestos directivos. Otros apuntan al corazón mismo de la FP, a su enfoque didáctico, a su equilibrio entre conocimiento puro y dominio del oficio, a su prestigio.
En la actualidad, dos tipos de profesores enseñan en los centros de FP. Los que imparten teoría están integrados en el cuerpo de secundaria, con categoría A1 y titulación universitaria. Y aquellos que dan clase en los talleres pertenecen al cuerpo de profesores técnicos. En este segundo grupo, todos tienen ahora categoría A2 (menor salario que el A1), si bien algunos son universitarios y otros poseen un grado superior. En principio, los requisitos para ser A1 y A2 son idénticos. Pero un decreto de 2007 —siguiendo un hilo normativo que se remonta a la Ley Moyano de 1857— fijó las familias profesionales en las que un titulado de FP podía acceder a la docencia. Ante todo estudios con fuerte componente manual y sin equivalencia en las facultades: peluquería, orfebrería, pastelería…
La disposición adicional decimoprimera de la nueva ley pretende integrar a los profesores técnicos en el cuerpo de secundaria. Mismo trabajo, mismas condiciones. Una reivindicación histórica, una injusticia flagrante por fin subsanada. La polémica surge porque, para acceder a la categoría A1, todo funcionario ha de poseer un título universitario. Y esta vez no se plantea la posibilidad de equiparar titulaciones de FP a efectos de docencia, como ocurrió en 2007. De forma que los profesores técnicos que opositaron con un grado superior permanecerán en la misma situación, y su cuerpo se extinguirá. Seguirán con peores condiciones que sus compañeros universitarios hasta que se jubilen.
No solo cobrarán unos 3.000 euros menos por año que sus colegas A1. “Tampoco nos podremos mover por concurso de traslados, no estaremos en igualdad de condiciones para elegir horarios, para ser jefe de departamento, jefe de estudios o director: nos degradan”, afirma tajante Guillermo Martí, vicesecretario general de UGT-País Valenciano y profesor técnico con dos grados superiores en su CV.
Ciclos cerrados
Peor panorama se presenta para los profesores técnicos que no han pasado por la universidad ni son funcionarios de carrera. La extendida interinidad, problema endémico de la educación en España, se ceba especialmente en los dominios prácticos de la FP. “Hablamos de un cuerpo que sufre una alta temporalidad, con un 45% de interinos. Cuando entre en vigor la ley, estos ya no podrán acceder al puesto de trabajo que venían desempeñando”, señala Montse Milán, profesora de FP y activista por la pública.
El riesgo de que algunos ciclos se queden sin docentes de taller parece real. “Incluso ahora no es fácil encontrar profesores para mecánica o carpintería. Si los interventores se ponen estrictos, el próximo curso quizá algunos ciclos tengan que cerrar”, apunta Martí. Así que comunidades como Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana o Navarra han convocado oposiones de urgencia para paliar de forma preventiva esta futura escasez de plantilla.
Las cifras de Galicia —una de las pocas regiones que han hecho públicos los datos exactos de su profesorado técnico— ayudan a hacerse una idea del impacto de la disposición decimoprimera. Solo 404 de sus 1.395 profesores técnicos con plaza de funcionario (un 29%) tienen título universitario. Podrían así acceder al cuerpo de secundaria. Los 991 restantes opositaron y lograron su plaza con un grado superior. Así que se quedan en el cuerpo de profesores técnicos que se extingue. “La secretaria general de FP, Clara Sanz, nos dijo que solo unos 2.000 docentes de los aproximadamente 30.000 profesores técnicos que hay en España no cumplen los requisitos para ser A1. ¿Están ustedes seguros?”, duda José Ramón Merino, del Área de Política Educativa de STEs-i.
Siguiendo con Galicia, entre los interinos, la mayoría (55%) no cumple los requisitos de titulación para pertenecer al cuerpo de secundaria. Son 454 docentes que, en teoría, se irían a la calle en cuanto entre en vigor la Lomloe. Nunca más se les permitiría ejercer la docencia. A no ser, claro, que inviertan años en sacarse un título universitario.
El Ministerio ha traslado a la comunidad educativa su intención de recurrir, en caso necesario, a un resquicio para que los interinos sin grado o equivalente puedan seguir enseñando: ser contratados como profesor especialista. “La secretaria general nos dejó claro que esto ocurrirá de forma muy excepcional”, apunta Tomás Alonso, director del IES Francisco Tomás y Valiente y vicepresidente de la Asociación FPEmpresa. “¿Como los profesores asociados de la universidad? ¿Por obra y servicio, con menor retribución, en plan low cost?”, se pregunta con evidente enfado Martí. “Aquí no se trata de contratar gente dos horitas, necesitamos profesores en horario completo”.
Peinar en teoría
Existe otra vía para lograr la equiparación salarial entre todos los profesores de secundaria. Pasa por que las comunidades paguen un complemento autonómico que cubra la diferencia de salario entre unos y otros. Algo que estableció hace décadas el País Vasco pero el Ministerio no ha contemplado como opción. “Siempre he defendido que era mejor resolver esta injusticia a través de acuerdos alcanzados mediante la negociación colectiva. Aunque es cierto que en acuerdos así quedan fuera otras cuestiones, como las cotizaciones, que impiden que la equiparación sea exactamente igual”, explica Milán.
El vicesecretario general de UGT-PV hubiera optado por un criterio unificador. “Un legislador valiente hubiera creado un único cuerpo de FP, juntando a los de teoría y práctica con las mismas condiciones que el cuerpo de secundaria. Y con cada familia formativa fijando sus requisitos en cuanto a titulaciones de acceso”.
Con la nueva ley en la mano, el futuro a largo plazo de la FP se antoja extraño cuando menos. Para muchos, simplemente disparatado. En los centros solo habrá transmitiendo saberes titulados universitarios. En una lección sobre componentes químicos de los tintes de pelo o en un taller enseñando a cortar y peinar. “Se han dejado llevar por la titulitis, asociando mejora de la calidad con un mayor nivel de exigencia académica para ser profesor. Esto es muy discutible en un ciclo de soldadura, mecánica o peluquería”, opina Merino.
La abismal distancia entre teoría y práctica, entre saber conceptos o procesos y saber hacer, está ya muy presente en los centros de FP. El director del Francisco Tomás y Valiente insta a no olvidar que “alguien tiene que enseñar el oficio”. Alonso narra casos de “nuevos profesores que vienen de la universidad y están haciendo las prácticas: se les ve en la cara que no han visto un taller en su vida”.
Varias voces sostienen además que el objetivo —tan cacareado por la clase política— de prestigiar la FP sale muy maltrecho con la disposición decimoprimera. Desde que se aprobó la Lomloe a finales del pasado año, arden las redes sociales con comentarios de profesores técnicos sin grado o equivalente que se sienten menospreciados. Su grado superior con el que accedieron a la docencia vale hoy menos que hace unas semanas. “Se envía un mensaje muy negativo. El profesorado técnico, que tiene que empoderar a sus alumnos y a su título, es ahora menospreciado porque no es universitario. Vaya error grave”, señala con tristeza Martí. Profesor de Electricidad e Iluminación, el vicesecretario general de UGT-PV cuenta que en su momento ganó la oposición a “ingenieros”. Su mayor destreza al lidiar directamente con los entresijos de enchufes y corrientes marcó la diferencia. “¿Y quieren acercar la FP al mundo de la empresa?”. Martí vaticina meses de lucha y movilización.
