La lideresa social Silvia Hellen Rodríguez Quiñones, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Villa San Marco, Comuna 4 de la ciudad de Cali (Colombia), y miembro de la organización La Comadre de Afrodes. Sufrió un intento de asesinato el pasado 10 de diciembre de 2020, Día Internacional de los Derechos Humanos. Faltó muy poco para que su caso se sumase a los más de 300 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en 2020 en Colombia.
El atentado contra la vida de Silvia es otro más que se suma a los centenares de historias de acciones violentas cometidas contra personas que luchan por los derechos humanos en Colombia. Es un intento por silenciar una voz que lleva más de 40 años alzándose por la comunidad, por las mujeres afrodescendientes y por el reconocimiento de quienes defienden sus derechos.
“Ayer una compañera nuestra vivió un atentado en la ciudad de Cali, la capital del Departamento del Valle del Cauca”. Luz Marina Becerra, coordinadora nacional de la Coordinadora de Mujeres Afrodescendientes Desplazadas en Resistencia (La Comadre) de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), relataba así los hechos el día después del intento de asesinato:
“Estábamos desarrollando una actividad de documentación de personas dadas por desaparecidas junto con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Naciones Unidas. Había varios funcionarios de instituciones. Nosotras estábamos trabajando en el tercer piso, y en el primer piso había otro evento de Afrodes. A las 12:30 del mediodía, vino otra compañera a llevarse a Ángela [la hija de Silvia Hellen], para que hablara en el primer piso, para que hiciera una intervención. Pero en realidad era para que unos psicólogos la prepararan para poder darle la información, porque son ellas dos solamente. Mamá e hija. Ya no tiene más hermanos, son ellas dos. La abuela de Ángela, que también la crió, murió el año pasado… Era muy duro darle esa noticia, que su mamá vivió un intento de asesinato… El psicólogo la preparó, pero ella entró en shock, no reaccionaba. Fue muy duro”.
El Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michel Frost fue contundente en su Informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, publicado a principios de 2020 y escrito después de su visita al país a finales de 2018:
“Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia. Las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del presidente y otras autoridades reconociendo su importante papel, y son deslegitimadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales”.
A principios del año anterior, en la presentación de los resultados de seguridad de 2019, el presidente de Colombia, Iván Duque declaró que “en este año 2020, nuestro compromiso es enfrentar con mayor contundencia a esas estructuras criminales, y que la Fuerza Pública y la Fiscalía les muestren a los colombianos que aquí hay un Estado cada vez más fortalecido para enfrentar y derrotar estas amenazas”. Lejos de haberse cumplido los pronósticos para el año de la pandemia, la violencia en Colombia ha corrido como una plaga: el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), contabiliza más de 300 asesinatos a líderes y lideresas sociales en Colombia en 2020. De esta cifra, el departamento del Cauca encabeza la lista: han matado a 84 defensores de derechos humanos solo en este Departamento. Le siguen Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Córdoba. Según el análisis de las cifras de asesinatos desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, en 2016, hasta finales de agosto de 2020 más del 70% de los homicidios se produjeron en sectores rurales, y hasta un 10% de las víctimas eran afrodescendientes.
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Protectores desamparados
“Gracias a Dios Silvia fue muy fuerte, porque es una mujer grande, fornida, y ella alcanzó a ver al tipo con el arma, ella alcanzó a forcejear con el sicario. Aparte de ser lideresa de Afrodes, del proceso de las Comadres, ella es presidenta de la Junta de Acción Comunal de su barrio, y atiende el comedor comunitario. El tipo llegó con la excusa de preguntar por almuerzo. Entró con la excusa de la comida, vio que ella no estaba sola, que una señora le ayudaba, y [Silvia] le dijo que ya no había más alimento que ofrecer. El tipo salió, se fue, pero se quedó fuera, esperando a que ella saliera”, prosigue Luz Marina Becerra.
Los altos niveles de violencia en la sociedad colombiana han obligado al gobierno de Iván Duque a tener que aprobar planes para calmar la opinión pública, alarmada por el persistente goteo de víctimas. Así, en 2018, el Ministerio del Interior instauró el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, pero las incesantes cifras de ataques demuestran la nulidad práctica del Plan.
“El tiro le alcanzó a rozar la vena aorta, le perforó un pulmón y salió la bala. Estuvo sangrando mucho, se hinchó… pero gracias a Dios ya está fuera de peligro. La cosa ahora es ver cómo le dan protección, cómo le dan medidas de seguridad. La intención del tipo era matarla, no lo consiguió, así que lo más seguro es que insistan hasta lograr su cometido. Ahora está en la ruta de protección, a ver si le brindan medidas, pero nos preocupa porque este gobierno no se pellizca, tratan de hacer algo cuando la persona ya está muerta. Los procesos son muy lentos, demasiado lentos. El sicario que atacó a Silvia escapó. La gente que llegó en ese momento a auxiliarla se concentró más en ayudarla que en atrapar al sicario, entonces el tipo alcanzó a volarse. Intentamos llamar la atención de las autoridades competentes para que avancen en las investigaciones, y que se judicialice al responsable”, añade por último la coordinadora de La Comadre.
Ángela Ramírez es la hija de Silvia Hellen Rodríguez. Trabaja como docente en su barrio y como trabajadora social, y es coordinadora de La Comadre en Cali. Todos saben de quién es hija y, consciente del riesgo que su propio trabajo comporta, tiene miedo de las represalias. No cree que se vaya a esclarecer quién está detrás del ataque a su madre, y por ello insiste en la necesidad de que tanto ella como su madre sean reubicadas de forma independiente:
“La Fiscalía y la Policía están investigando, pero hasta ahora no tienen la mínima pista de nada. La verdad no se esclarece porque se lleva todo de la mano de la autoridad colombiana, y de ahí no pasa. Normalmente, se cierran los casos, no se sabe de dónde vienen los hechos, y quedan en la impunidad. Eso es lo que normalmente ocurre. Pese a que este atentado que ella vivió ha sido denunciado a través de su esposo, vemos que el sistema de protección en Colombia es muy difícil para operarlo. Los riesgos que sufrimos son catalogados como ordinarios por la Unidad de Protección de Víctimas, la protección a la que podemos acceder es bastante débil. Débil, esa es la palabra. Estamos en una situación como familia en la que no sabemos qué hacer. El miedo es quién será el o la siguiente que golpearán”, dice Ramírez con preocupación.
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“Autor desconocido”, la impunidad que protege a los agresores y despolitiza la persecución de líderes sociales
La sensación de inseguridad e impunidad que experimentan los y las lideresas está demostrada por las cifras. En la segunda mitad de 2020, el Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia –SIADDHH– del programa Somos Defensores ha registrado que, de 182 personas agredidas, los casos de prácticamente la mitad (48%) han quedado definidos como “de autor desconocido”. Que el victimario quede marcado como una simple incógnita incrementa el riesgo al que se ven expuestos los defensores de derechos humanos. Un anonimato del que no gozan los líderes perseguidos, conocidos con sus nombres y apellidos y expuestos en las calles y en sus lugares de trabajo.
El Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó en marzo de 2020 que reconocía “la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia”. Sin embargo, concluía que “la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz”.
En el documento, el Relator especificaba que “las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.
Ahora bien, las declaraciones de altos cargos del gobierno de Duque indican que el tratamiento de la problemática hecho por el ejecutivo ha tendido a agrupar los asesinatos a defensores bajo el paraguas de la delincuencia común, las economías ilícitas y la degradación de los grupos armados en busca de intereses económicos personales. El ministro de defensa Guillermo Botero, aseguró que “las muertes de los líderes no obedecen a retaliaciones por sus labores o por sus causas. Se deben a motivos personales, a hurtos y a retaliaciones”, según las declaraciones que recoge Pacifista.tv. De la misma forma, su predecesor en el cargo, Luis Carlos Villegas, del gobierno de Juan Manuel Santos, también realizó una interpretación similar de los motivos detrás de los homicidios, y llegó a atribuir el carácter de estos asesinatos a “líos de faldas y linderos”, tal y como registra el medio online pulzo. Tales causantes circunstanciales pueden ser ciertos en algunos casos, pero no se corresponden con la realidad sistemática que demuestran los datos sobre los patrones reiterados detrás de los asesinatos y agresiones, recogidos en estudios como ¿Cuáles son los patrones? Asesinato de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
El informe de la CCJ, publicado en diciembre de 2018, identificaba los presuntos grupos de victimarios responsables de los asesinatos, amenazas y ataques a líderes desde la firma de los Acuerdos de Paz hasta 2018, y atribuyó un 17,12% de los hechos victimizantes a los paramilitares, un 13,62% a grupos armados sin identificación, un 7,39% a desertores y disidentes de las FARC y un 4,28% al Ejército Nacional. Camilo Bonilla Amador Stuck, coordinador del Área de Investigación de la CCJ, va más allá y denuncia que “sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo el principal victimario de líderes”, tal y como recoge El Espectador.
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Investigaciones más recientes como la elaborada por el Centro de Estudios Regionales (CERE) de la Universidad del Tolima —departamento colindante al Valle del Cauca por el este— corroboran la perpetuación de las dinámicas de impunidad y proponen acciones que las instituciones deberían tomar para poner freno a la espiral de violencia. En el informe Nuevas y viejas violencias. Desafíos para la No Repetición del conflicto armado en el sur del Tolima, se plantea la necesidad de fortalecer “un modelo de justicia eficaz y legítima, que vaya mucho más allá de la capacidad de lo que existe actualmente y que contribuya con soluciones viables y concretas al frustrante problema de impunidad que gobierna en el territorio”. Para ello, los autores del informe indican que “se requiere una política de seguridad efectiva y eficiente, orientada a la protección de la población”, y desmienten que la captura o la baja de miembros de grupos armados sea sinónimo de consolidación y pacificación territorial, “y mucho menos de protección a la población civil”.
La resistencia de las comadres afrodescendientes
El caso del intento de asesinato de Silvia Hellen Rodríguez ha llegado al telediario nacional de Caracol Televisión. “Afortunadamente, respecto al atentado de mi madre sí que se está recogiendo que fue atacada por el trabajo comunitario que hace. Mi mamá es lideresa desde hace más de cuarenta años, toda una vida. Es víctima del conflicto armado en diferentes aspectos: víctima de violencia sexual, desplazameinto forzado, amenazas… y ahora el atentado. Me preocupa, su vida ha sido trabajar para los demás, y para ella el golpe más fuerte, más bajo, psicológico, es que no va a ser líder más. Nunca más”, señala Ángela.
Esta no es la primera vez que Silvia Hellen Rodríguez es intimidada. Tanto ella como su hija Ángela y casi una veintena de líderes más de Afrodes denunciaron la amenaza que recibieron en 2017 como colectivo.
“Se hizo una ruta de denuncias, denunciamos por todas las instituciones, y hasta la fecha no ha habido ninguna atención de protección hacia al colectivo. La única que nos ofrecieron fue estar cada diez días en un hotel, eso es lo que nos ofreció la Secretaría de Justicia de Cali, nada más. No la recogimos porque veíamos que teníamos que volver a nuestras zonas nuevamente a vivir y que eso no era seguridad. A su vez, en los últimos años hemos ido sufriendo desplazamientos urbanos y en estos momentos tenemos dos compañeros amenazados que no sabemos dónde están, porque tuvieron que salir huyendo porque iban a ser asesinados. Presentamos las medidas que necesitaríamos para estar protegidos a las autoridades de Cali y Buenaventura, pero aún no se han materializado, estamos esperando. Mientras esperamos una protección, ha pasado lo de mi madre”, denuncia Ángela.
Pero ante una amenaza, no siempre se realiza una denuncia.
“El año pasado mi madre sufrió amenazas por todo el trabajo de liderazgo que realiza en el barrio, en la comuna, pero ella se calló, para no preocupar a la familia y para no causar caos en la organización. Somos líderes y porque queremos ser fuertes, no le damos importancia. Omitimos muchas cosas que pasan porque pensamos que no van a pasar de allí, de la amenaza. Hemos sido víctimas de diferentes formas de violencias y vemos que esto es en serio”, continúa Ángela.
Según el SIADHH, en 2020 el asesinato contra líderes no disminuyó, se mantuvo en las mismas cifras del año anterior, con un agravante: el 30% fueron feminicidios. Los ejes diferenciales de la población, en cuanto a género, clase y etnia, son claves para no caer en lecturas simplistas: ser líder social en Colombia es un oficio de riesgo. Ser lideresa afrodescendiente, implica además lidiar con el racismo y el machismo presentes implícita y explícitamente en la sociedad. Ángela, Silvia Hellen y Luz Marina conciben su defensa cotidiana de los derechos humanos como una forma de resistencia colectiva. Es para ellas una manera de visibilizar las violencias específicas dirigidas concretamente hacia las mujeres afrodescendientes eliminadas tradicionalmente del relato histórico hegemónico.
“Sabemos que la forma de resistencia que tenemos las comunidades afrodescendientes es el arraigo al territorio, a la vida, a lo que nos convoca nuestra cultura, nuestro ser. Pero el miedo es morir como líderes en la soledad sin poder hacer nuestro trabajo, por miedo a ser asesinados. Cuando no puedes hacer, mueres psicológicamente, mueres como persona. Abandonas tu espacio ancestral, tus formas de vida, y pasas a otras formas de vida como estar encerrado, no poder hablar con nadie, no poder estar con las comadres, no poder continuar con tu trabajo… Eso es una muerte en todos los sentidos. Es lo que más afecta a los líderes, cuando son invisibilizados, y mueren y la familia queda sola… Y todo el rato hay la zozobra de preguntarse en qué momento nos toca a nosotros, en qué momento será uno de nosotros”, concluye Ángela.
Apenas seis días después del ataque a Silvia Hellen, un mensaje difundido por WhatsApp alertaba de un nuevo homicidio a una lideresa:
#Justicia Este miércoles 16 de diciembre de 2020 en horas de la tarde, cuando se movilizaba en una motocicleta de placa QLU-28A, color negra, por la vía que del municipio de Santander de Quilichao conduce al Corregimiento de La Balsa, Municipio de Buenos Aires, Cauca, en el sector conocido como Río La Teta, fue emboscada y asesinada la Lideresa Social MARÍA ADRIANA DÍAZ LEÓN, de 38 años de edad (G.E.M.C.).
*El Proyecto Berracas es el resultado de la investigación “Mujeres víctimas-supervivientes del conflicto armado en Colombia: un modelo de perdón, empoderamiento y reconciliación nacional”, financiado por el Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP) y coordinado por profesores y periodistas de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Es un proyecto periodístico que reconoce y difunde diferentes voces de las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano como un símbolo de fortaleza moral y de dinamismo social. Más información: https://www.proyectoberracas.com/
