“La gente aquí no está pidiendo plata, la mayoría de gente está pidiendo verdad”

El sol radiante del mediodía daba una tregua a los días lluviosos en Ibagué, la capital del Tolima. La temperatura que se concentraba en las paredes era sofocante. El calor se había acumulado durante la mañana en el edificio y generaba una sensación de bochorno. Al llegar al despacho de Flor Múnera, ella tecleaba agitada un correo que debía mandar de inmediato para ultimar los trámites de traslado de uno de los presos por los que trabaja. Flor parecía claramente una mujer ocupada: tenía su teléfono móvil junto a ella y atendió dos llamadas de las cinco que recibió durante nuestra visita.

Flor Múnera, enfermera de profesión, es una de las miles lideresas sociales colombianas que ha dedicado toda su vida a los demás mediante la lucha sindical y la defensa de los derechos humanos. Su movilización sindical inició en 1969, durante su etapa como enfermera y, tras 18 años de ejercicio sanitario en el Hospital Federico Lleras Acosta en Ibagué, ingresó en 1987 en la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Una organización que ha trabajado desde su creación por la garantía de los Derechos Humanos de los colombianos procesados por delitos políticos y judicializados por participar en la protesta social. Todo ello, mediante la asistencia jurídica y económica a los presos y la denuncia de la represión y el abuso del Estado contra las organizaciones de los trabajadores.

«Mi trabajo se basa en la defensa de las personas detenidas por razones políticas»

Flor explica con determinación en qué consiste su labor como defensora de derechos humanos en el CSPP: “Nosotros hacemos un trabajo de defensa de las personas detenidas por razones políticas”. Casi de forma automática y ante la confusión que, según ella, suscita el concepto de “detenidos políticos”, subraya: “Muchas veces la gente cree que son detenidos políticos los paramilitares y resulta que para nosotros no. Definitivamente quien está al lado del Estado no necesita protección ni necesita que le ayuden a reclamar sus derechos”. Para ella, quienes necesitan de su ayuda y la del Comité “son aquellas personas que de una manera u otra han luchado o continúan luchando dentro del Estado colombiano por el derecho a la tierra y a la lucha sindical”. Dos batallas en las que históricamente los colombianos han reclamado sus derechos al Estado, con la consciencia de que tienen todas las de perder.

En 1977 el CSPP inició su lucha por la defensa de derechos a raíz de la persecución y el encarcelamiento de la gente que reclamaba sus tierras y era juzgada por consejos verbales de guerra. “Se empezaron a llevar a campesinos, sindicalistas y estudiantes. Ahí la situación se agranda y los trabajadores se unen”, todo ello, según cuenta Flor, para frenar esa situación y que fuera la justicia ordinaria la que juzgara, investigara y condenara, en última instancia, a todas las personas que luchaban por sus derechos.

Una cosa lleva a la otra. La incidencia de Flor en la lucha sindical la condujo a adentrarse en un universo más grande: los derechos humanos. La llegada de Flor al Comité tiene lugar tras la necesidad de la organización de ampliar su ámbito de actuación a todo el territorio colombiano. El comité extendió su actividad mediante la creación de seccionales distribuidas en varios departamentos del país, uno de ellos el Tolima. Flor había vivido toda su vida en el departamento y trabajaba como enfermera. Desde entonces, de forma paralela, luchaba por sus derechos y los de sus compañeros del sector. Las seccionales fueron creadas por los mismos trabajadores y estudiantes que eran judicializados y condenados por su trabajo en Derechos Humanos. Flor llega así a ese nuevo espacio “más importante” en el que, según ella, “se unen tanto la defensa de los derechos de obreros sindicales, como la de todos los derechos civiles y políticos de la gente”.

Una marca de por vida

Como toda lucha de las organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, la trayectoria de Flor ha estado también marcada por la represión, la estigmatización y varios episodios de violencia hacia ella y hacia sus compañeros de labor.

Su discurso fluido y su tono de voz contundente y aparentemente inquebrantable —propios de una mujer segura de sí misma— se entrecortan al tropezarse con los recuerdos de los crímenes más atroces de lesa humanidad que ha tenido que vivir en primera persona por ser defensora de derechos humanos y lideresa social en Colombia. Flor hace una pausa para referirse con los ojos sumidos en el recuerdo a lo que para ella ha supuesto el cambio más drástico en su vida: ser testigo de crímenes como la desaparición forzada, la detención, el exilio y el asesinato de varios de sus compañeros.

La lideresa tiene la convicción de que las causas sociales por las que se iniciaron las luchas en el país, hace más 60 años, continúan siendo las mismas por las que hoy lucha la población colombiana. La educación y la salud continúan siendo privilegios que solo una pequeña parte de los habitantes se puede permitir y la privación o la dificultad de acceso a ellos son la principal razón de la perpetuación del conflicto entre el Estado y una parte de su población. “Los gobiernos son los que siempre han estado en la mira de quitarle los derechos al pueblo y el pueblo ha tenido que estar dando las peleas que siempre ha dado. Y por esas luchas que ha dado ha pasado todo lo que ha pasado en este país. Un país, que de todos los del mundo, ha sido de los que más ha durado con una guerra interna”.

Caminar por el filo de la aguja

Las incesables amenazas a líderes sociales y la ola de asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia son dos grandes vacíos en el proceso de implementación del acuerdo de paz en el país. Las personas que trabajan por la defensa o promoción de los derechos sobre la tierra y el territorio denuncian actos de corrupción y se convierten en opositores de diversos proyectos e intereses del gobierno o de otros poderes en Colombia.

Según el informe Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en Colombia realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, un total de 60.630 personas fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado durante los últimos 45 años. Entre 1996 y 2005 se registraron 32.249 de las víctimas por desaparición forzada, más de la mitad de los casos documentados, lo que supuso el momento más crítico en cuanto al fenómeno se refiere. Flor tuvo que padecer las consecuencias de ejercer como líder y defensora de los derechos humanos en Colombia en ese periodo. Ella, mientras lo cuenta, mira hacia arriba como si buscara en sus recuerdos aquella historia que hubiese querido olvidar ya, y prosigue: “En el 96 tuve una situación muy grave a principio de año, un intento de desaparición forzada y después una persecución muy fuerte directamente por parte de organismos de seguridad del Estado hasta dictar una orden de captura en mi contra que me obligó a irme del Tolima y a estar por fuera de mi tierra 20 años”.

La lideresa tuvo que marcharse, abandonar su hogar, su familia y su tierra para evitar que la detuvieran, la secuestraran o la privaran de su libertad. Para esa época, Flor trabajaba todavía en el Hospital como enfermera y encabezaba desde el sindicato de salud la lucha por los derechos colectivos de los trabajadores. Desde el hospital también había iniciado un acompañamiento en defensa del campesinado y su lucha por la tierra. Las amenazas y la propia judicialización materializada en la orden de captura en su contra la obligaron a huir, a permanecer 20 años fuera del Tolima, a tener que exiliarse fuera de Colombia durante cuatro años, a alejarse de la tierra que la vio crecer y por la que tanto había luchado. Era su única opción para mantenerse a salvo.

“Me volví como una guerrera”

En Flor, la idea de ser líder social es prácticamente un legado que su madre le dejó, una idea que le inculcó, seguramente casi sin quererlo, “desde chiquita”, dice. Al pensar en sus inicios como líder, esboza una sonrisa nostálgica y se da cuenta de que está a punto de desenterrar recuerdos de su vida y de su infancia que son el origen de todo. “Mi madre fue muy peleonera, toda la vida peleaba por tener la junta de acción comunal activa, porque la gente defendiera sus derechos, porque el agua no la dañaran, porque la tierra no la quemaran (…), y nosotros, todos, sin excepción —fuimos 11 hermanos—, teníamos alguna cosa que hacer. El que no era líder en el colegio, con los otros chinitos en las fincas cogía un liderazgo”.

Hija de una madre que enviudó a temprana edad, y al crecer entre la figura de sus 10 hermanos, todos hombres, Flor dice que se vio obligada a aprender a “guerrear” y a defenderse desde bien pequeña. Desde que era una niña Flor empezó a cuestionarse sobre la necesidad de ciertas acciones y reivindicaba en contra de estas sin saberlo. Ni siquiera en la escuela Flor dejó que los profesores, que, en su época, les pegaban “por no hacer bien la tarea”, abusaran de su posición de poder.

Los derechos de las mujeres: una lucha de todos

“Las mujeres siempre hemos estado como en la sombra del compañero, del esposo… siempre allá como escondiditas. Como que es la que no tiene el derecho sino… se da por bien servida por tener un compañero que le dé sus hijos, porque son lo mejor que hay para una mujer. Pero realmente, sí. La mujer sí debe organizarse. Pero organizarse sin desconocer que la lucha es de hombres y mujeres, eso me parece muy importante». Flor considera que la lucha más acertada es la que se practica conjuntamente entre hombres y mujeres para pelear por lo que verdaderamente se quiere: defender en un país como Colombia, que “la discriminación, por ejemplo, en el tema de derechos civiles y políticos es muy marcada”, tal y como remarca Flor.

Para continuar su trabajo por el reconocimiento del campesinado e incidir en otros procesos como la construcción de paz y el empoderamiento de la mujer en el territorio, Flor y los demás componentes del Comité han organizado y liderado varios proyectos enfocados en esa dirección, como es el caso de la Escuela Manuel Quintín Lame. “En la escuela tenemos 40 o 50 personas trabajando y el 80% o, incluso más del 80%, son mujeres. Es una escuela de liderazgo social para que la mujer se empodere porque es que la mujer no ha tenido la posibilidad de decir ‘la finca es mía’, sino simplemente ‘voy a sembrar la cebolla y el tomate para el caldo, pero es la finca de mi marido’ y nosotros queremos que la mujer también tenga derecho a la propiedad de su finca”. La escuela es para Flor una institución que da fuerza a las propuestas de defensa del territorio pero, a su vez, supone una oportunidad para las mujeres en la promoción de su autonomía económica y la inclusión de sus propuestas en proyectos como la Escuela.

No hay familia que no haya sufrido las consecuencias de la guerra

Los primeros años de la vida de Flor transcurrieron en el pueblo de su padre, Manzanares, un municipio situado en el departamento de Caldas, en el que, durante las décadas de inicio de La Violencia en Colombia, habitaban mayoritariamente simpatizantes del partido conservador colombiano, los “godos” como se les conoce de forma coloquial. Sin embargo, la familia de Flor, de origen campesino, simpatizaba con la corriente política más liberal.

Desde entonces, Flor y su familia fueron expulsados y vivieron muy de cerca la violencia: “hubo un desplazamiento a todos aquellos que fueran liberales y mi papá, a pesar de estar en esa zona, era liberal. (…) A él lo mataron allá y tuvimos que irnos”. Tras el asesinato de su padre a manos de los “godos”, Flor y su familia tuvieron que vivir, como históricamente han vivido muchas familias en el país, un desplazamiento. Ella lo señala: “(…) creo que no ha habido una familia en Colombia, de estrato medio, estrato 1, 2 o 3 que no haya sufrido las consecuencias de la guerra».

Flor afirma que todo el que trabaja en derechos humanos llama víctimas a “todas las personas que sufran un ataque por parte del Estado, de sus agentes o en complicidad de ellos”. La activista del CSPP es certera: todos, incluida ella, son víctimas del conflicto armado en Colombia. “Sufrí un desplazamiento, sufrí la muerte de mi hermano, sufrí la ida de otro hermano para la guerrilla de las FARC y la muerte de otro que se fue también y lo mataron estando en la guerrilla”, confiesa. La naturalidad con la que brotan las palabras de su boca aterran. Tanto como que dejan entrever la misma convivencia con el dolor adoptada en el país.

Para ella es importante reconocerse como víctima y por eso forma parte del Movimiento Nacional de Crímenes del Estado (MOVICE), un movimiento en el que convergen varios procesos organizativos de víctimas de crímenes para reivindicarse como tales. “Allí estamos todas aquellas que consideramos que, de alguna manera, el Estado ha sido responsable de nuestro sufrimiento y de lo que nos ha pasado en esta guerra”, declara Flor.

Para Flor ha sido imposible aceptar que las personas que han formado parte de la Violencia en Colombia sean consideradas víctimas. «Yo no puedo aceptar que hoy sean aquellos que quemaron la gente viva, que la estrangularon, que la cortaron con sierra, los que se consideren víctimas”, dice. Y cerrando los ojos, como excusándose, sigue: “… De pronto hasta allá no llega mi capacidad como defensora de derechos humanos. Son personas que hoy están arrepentidas sí, de pronto, no sé…pero para mí no son víctimas. Fueron victimarios y seguirán siéndolo».

No hay reconciliación sin verdad, ni verdad sin justicia

Para Flor conocer la verdad y hacer justicia es imprescindible cuando se habla de la reconciliación del país y la reconstrucción de una sociedad que ha padecido toda la vida los estragos de la violencia. Las desapariciones, secuestros y asesinatos suponen para un país lleno de color en sus calles y de vitalidad en su gente, la sombra de la que nunca ha podido escapar. De acuerdo con las bases de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, entre 1958 y 2018 el conflicto colombiano supuso la muerte de 261.619 personas. Alrededor de 215.000 eran civiles y casi 47.000, combatientes. Flor hace alusión a la realidad de las cifras y admite que es esencial en un proceso de reconciliación reconocer las muertes que ha acarreado la guerra interna del país, así como averiguar quiénes son los responsables: “(…) Si nosotros no tenemos esa verdad, no creo que haya perdón”.

La observación que hace Flor sobre los acuerdos de paz firmados en 2016 deja entrever sutilmente una exhalación de esperanza respecto a la situación del país: “Sí va a haber una reconciliación. El hecho de que en estos 4 años hayan disminuido tanto los asesinatos, las muertes en combate y todo eso que pasaba cuando estaban agarrados a plomo, pues sí, lo dice”. Sin embargo, su entusiasmo se esfuma rápidamente tras la apreciación que le sucede: “Pero yo le digo y le repito una cosa, las causas sociales que iniciaron la guerra en este país, la guerra interna que tenemos, no han desaparecido. Siguen allí. Y como siguen allí las cosas van a seguir así, no hay remedio si no hay esa voluntad política, que llamamos algunos, de que quien gobierna parta la arepita bien”.

La paz exige verdad

La reconstrucción del pasado a través de la memoria histórica se ha convertido en la base para la reconstrucción del país. La necesidad de construir una memoria colectiva de la sociedad, que recoja los testimonios de los diversos actores del conflicto en Colombia, es incuestionable para no volver a repetir la propia historia.

Según Flor, desde el gobierno y bajo su cobijo muchos agentes del conflicto no van a contar jamás lo que verdaderamente sucedió y achacarán todos los crímenes de guerra a las guerrillas y a las fuerzas paramilitares. Convertirán la reconstrucción de la memoria en una misión imposible: “si no se puede reconocer y decir realmente que eso pasó, a la memoria histórica le va a faltar algo, es decir, esta mesita con tres patas no va a estar bien derecha, siempre va a estar torcida”. La lideresa es muy consciente del papel de la narración y de la construcción de memoria como factor de no repetición: «por la memoria histórica tenemos que contar lo que pasó en este país… porque si se nos olvida nos tocará repetir otra vez la historia, (…) creo que es muy importante que nosotros logremos dejar todo eso escrito.”

La firme lideresa hace una pausa rápida para retomar el aliento, y continúa: “ojalá nuestro país algún día se reconcilie, pero va a ser muy, muy demorado. Porque nosotros, los que trabajamos en la defensa de derechos humanos, acompañamos a las víctimas y hacemos esfuerzos porque la gente cuente y alivie su dolor. Pero el gobierno continúa sin tener esa capacidad de entender que la gente necesita que le ayuden a eso, que la gente aquí no está pidiendo plata, la mayoría de gente está pidiendo verdad”.