Como parte de la campaña de la Plataforma Más Plurales, que engloba a asociaciones de familias, sindicatos y patronales de la escuela concertada, principalmente, confesional, para frenar, en un primer momento, la aprobación de la Lomloe y, en segundo lugar, mitigar en la medida de lo posible sus efectos en relación al cobro de cuotas de la concertada, la posibilidad de que la red sea subsidiaria del sistema público, sobre la situación de las escuelas que segregan por sexos o el futuro de los centros de educación especial, enviaron diversas peticiones al Parlamento Europeo para que la Comisión Europea se pronunciase.
El pasado día 23, dentor de la sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pudo escucharse a una representante de la Comisión Europea asegurar que dicho órgano no tiene competencias para dictaminar u obligar a los estados miembros sobre cuestiones relativas a la ordenación de sus sistemas educativos.
Desde Más Plurales se han presentado hasta cinco peticiones al Parlamento. De ellas, la Comisión Europea solo se ha pronunciado sobre una. Como explicó la portavoz del organismo «solo una de ellas fue remitida a la Comisión para elaborar un dictamen definitivo, me refiero a la 627 de 2020 presentada por Pedro José Caballero Garía, en nombre de CONCAPA».
La portavoz de la Comisión resumió el contenido de las peticiones: «No se respeta el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos», «esgrimen que se producen violaciones a su libertad de culto porque se cambia el estatuto de la enseñanza de religión», «se introducen cambios injustificados para la educación de niños con necesidades educativas especiales», «se habla también del principio de no discriminación y de la necesidad de tener presente el interés superior del menor» en relación a quienes tienen alguna discapacidad. También, explicó que «se argumenta que la ley supone limitaciones para escuelas concertadas y las segregadas por sexo» o «que se suprime el castellano como lengua vehicular por lo que impide a los ciudadanos el recibir eduación en la lengua oficial de su estado».
Aunque explicó que solo han podido atender con profundidad una de las cinco peticiones presentadas, la Comisión considera que «no se ha vulnerado la legislación de la UE en ningún aspecto. Sobre todo porque estas (las cuestiones antes explicadas) son competencias exclusivas de los estados miembros». «La Comisión no puede imponer una normativa a ningún estado miembros», continuó, y «tampoco le puede imponer ningún modelo educativo a ningún Estado Miembro y tiene que respetar la autonomía de los Estados Miembros cuando organicen sus sistemas educativos y cuando decidan sobre los contenidos que se impartirán en las escuelas».
Sobre cuestiones relativas a la asignatura de religión, al alumnado con necesidades educativas especiales o sobre conciertos son, en palabras de la Comisión Europea «responsabilidad exclusiva de los estados miembros». Y, en relación al uso del castellano como lengua vehicular «es una competencia exclusiva de los EM y no existe un marco jurídico en la UE que garantice el derecho a recibir la educación en una lenngua concreta, es decir, la Comsión no puede dar instrucciones a ningún estado miembro sobre la lengua en la que ha de garantizar la edu y no puede obligar a España a que esa lengua sea el castellano».
«Reitero la postura de la Comsión -ha concluido- en términsos de defender una educación incluyente, que tenga en cuenta las necesidades y deseos de las familias, sobre todo cuando se trata de necesidades educativas especiales. Es uno de los objetivos de la política educativa de la Comisión. Y, al mismo tiempo, tengo que decir que no hemos percibido ninguna violación de la legislación de la UE que nos permitiese emprender ninguna acción legal. No podemos intervenir como nos piden los peticionarios y tendremos que dejar en manos de las autoridades españolas el tramitar estas quejas».
En cualquier caso, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantendrá abiertas las cinco peticiones a la espera de que la Comisión le envíe un dictamen definitivo. La presidenta de la Comisión de Peticiones, Dolors Monserrat ha cerrado la sesión requiriendo a la Comisión que investigue si ha habido vulneración del pluralismo educativo o del derecho de libertad hacia las familias en relación a la Lomloe, como han denunciado reiteradamente los diferentes peticionarios. Del mismo modo, se enviará las peticiones a la Comisión de Discapacidad para que se pronuncie y a la Comisión Libe al tratarse en algunos casos de denuncias sobre derechos fundamentales.
Desde el Ministerio de Educación no se proncuncian al respecto de las diferentes decisiones de los organismos europeos, más allá de reiterar que la Lomloe «se ancla en la Constitución y garantiza, por lo tanto, la libertad de elección de las familias».
Por su parte, desde Más Plurales han valorado positivamente que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo mantenga las peticiones abiertas. Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la Plataforma, asegura que ven con «satisfacción» el resultado, sobre todo, porque la presidencia haya decidido requerir a otras comisiones del Parlamento que se pronuncien sobre el tema y a la Comisión Europea a que dicte en profundidad sobre los temas de fondo de las diferentes peticiones.
Asegura Muñoz de Priego que sus peticiones no pretenden poner en cuestión la capacidad legislativa del Estado española, pero sí ponen en duda que en la Lomloe se estén conculcando algunos artículos de la Carta de Derechos de la Unión Europea, entre otros acuerdos internacionales, como el firmado con la Santa Sede.
Por delante, en cualquier caso, solo queda esperar. Como admite Muñoz de Priego, no saben cuánto tiempo pueden tardar en pronunciarse las diferentes instancias requeridas por el Parlamento Europeo.
