En 2018, CCOO, UGT y CSIF firmaron un acuerdo con el último Gobierno del PP según el cual se comprometía a reducir la interinidad, en el sector educativo al 8%. Tras años de congelación de la tasa de reposición, que quedó en el 0% de los puestos que cubrir, la temporalidad había crecido de forma preocupante, hasta situarse muy cerca del 30%. La calidad de la educación (la falta de continuidad de los equipos docentes), así como la de las propias condiciones laborales de miles de docentes se resintió fuertemente.
A pesar de esos acuerdos, no ha sido posible con el paso del tiempo llegar al compromiso establecido. Miquel Iceta, actual ministro de Política Territorial y Función Pública anunció ayer, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se negocia con Bruselas, la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de cumplir con esta bajada de la temporalidad al 8% en el conjunto de las administraciones públicas.
Entre las medidas que se plantean está la reforma del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) para que contemple la posibilidad de sanción a las administraciones en el caso de que tengan contratos temporales superiores a tres años. «El objetivo es desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima», aseguró en rueda de prensa.
Para Mario Gutiérrez, presidente de Enseñanza en CSIF, es necesario que se sancione a las administraciones que no cumplan con la seguridad jurídica de los contratos que se firman con este personal. En este sentido, Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO alerta de que, antes de sancionar hay que establecer algunas prioridades. Primero, cree, hay que bajar la temporalidad excesiva en las administraciones. Después, una vez que esta haya bajado, habría que estudiar qué tipo de sanciones pueden llevarse a cabo.
En el horizonte, la seguridad jurídica. La idea es que el personal que actualmente es interino, no se vea perjudicado por estas posibles sanciones. Si se limitase a penalizar que los contratos no duren más de tres años, esto podría provocar la salida prematura de muchos miles de docentes en todo el país. Tanto García como Gutiérrez están de acuerdo en que es necesario articular instrumentos que hagan posible que este personal consolide la plaza que está ocupando. Una vez se tenga esta seguridad jurídica y se hayan mantenido no tanto las plazas docentes, como los puestos de trabajo ocupados ya, sería el momento de hablar de sanciones.
Según los datos que maneja el ministro, la Administración General del Estado ronda el 8% de interinidad, que aumenta hasta el 13% en el caso de las administraciones locales y escala hastsa el 30% en el nivel autonómico, principalmente a causa del sector sanitario y del educativo.
Desde los sindicatos aseguran que ya hay contactos bilaterales con el Ministerio para el cambio en el artículo 10 del EBEP, el que trata sobre el personal interino. Se espera que para finales de la semana próxima comiencen las primeras reuniones con Política Territorial y Función Pública.
