En total, según los datos facilitados por CCOO, son 1.843 las plazas que se han suprimido en la educación pública de la Comunidad de Madrid en este periodo de escolarización. Una práctica habitual que sigue la Consejería de Educación consistente en surpimir grupos y plazas antes de que comience el periodo de escolarización, de manera que, según denuncia el sindicato, se elimina, al menos para 15.400 alumnos la posibilidad de acceder a un centro público de educación.
Esta supresión de unidades públicas antes de que las familias puedan elegir los centros de su preferencia es legal y habitual en la Comunidad de Madrid. Al menos, asi lo viene denunciando CCOO en los últimos años. Una práctica que para Isabel Galvín, secretaria general de la Federación regional de enseñanza, es «amoral, injusta y un proyecto de ingeniería social y política que entiende que así se da vuelco a los deseos de las familias y a la sociedad madrileña usando la educación como campo batalla».
Desde el sindicato «trabajamos en una estrategia jurídica», asegura Galvín, ante una situación que entiende que es muy similar a la llevada a cabo hace años con el sector sanitario público: desvío de pacientes hacia clínicas concertadas o privadas y recorte de la oferta pública. Que esta estrategia sea legal, asegura la secretaria general, «tendrán que decidirlo los tribunales». Para Galvín, en cualquier caso, esta estrategia de la Consejería responde, por un lado, a la desconfianza que se tiene de la educación pública y a que la educación «es un negocio lucrativo» en el que las familias, si no pueden acceder a centros públicos gratuitos harán el esfuerzo económico de acudir a la concertada.
El informe le sirve al sindicato, además de para cuantificar las necesidades de la educación pública madrileña, también para incidir en la situación. Isabel Galvín asegura que están haciendo reclamaciones individuales en relación a las 1.003 unidades que se han suprimido y se estima que son necesarias. Hasta el momento han presentado 721 reclamaciones y, según la líder sindical, han conseguido revertir alguna de ellas.
Del todal, 361 corresponden a la Dirección de Área Territorial de Madrid capital; 120 para la DAT Sur; 54 a la Oeste; 78 a la Norte, y 112 a la DAT Este. El sindicato ha cuantificado que al frente de estas unidades debería haber 1.530 docente más de los que actualmente están contratados y que, gracias a esto, habría 17.591 plazas públicas más, con lo que se podría cubrir la demanda actual de las familias y lo haría en sus distritos o localidades de residencia.
«¿Son pocas?», se preguntaba Galvín en relación a la imposibilidad de que 15.000 menores estén en centros públicos porque se han suprimido las plazas. «Frente al total del alumnado, puede parecerlo, pero hay que tener en cuenta que se trata de un proceso sostenido a lo largo del tiempo. Se minimiza, de manera sostenida, la oferta pública en beneficio de la concertada», asegura Galvín. De hecho, el año pasado, el sindicato denunció la supresión de 14.000 plazas públicas.
Según las cuentas del sindicato, sería necesario abrir 827 nuevos grupos en colegios e institutos públicos para hacer frente a las ratios excesivamente altas (470 y 357 respectivamente); esta cifra supondría que habría en el sistema público regional 15.408 plazas más para poder escolarizar niñas y niños. Prácticamente 9.000 en colegios y, el resto, en centros de secundaria.
A la imposibilidad de un buen número de familias por elegir la educación pública causada por la supresión de grupos y unidades antes del periodo de escolarización el sindicato añade las solicitudes de escolarización que no han conseguido plazas en su primera opción por un centro público. Sumadas todas desde el 3-6 hasta el bachillerato, el sindicato contabiliza 20.676 solicitudes que se quedaron sin atender. A esas, se unen otras 10.373 que no han conseguido plaza pública en su distrito o localidad, lo que obliga a las familias a trasladar a sus hijas e hijos a otras zonas más o menos cercanas.
Además, el sindicato suma la eliminación de las plazas y grupos que habían sido creados este curso por la situación de pandemia a causa de la bajada de ratios generada por la imposición de distancias sociales para evitar contagios en los centros educativos. Se habían creado 4.987 grupos por la Covid, 3.600 en centros de infantil y primaria y el resto en institutos. En ellos, hasta junio, estarán trabajando 5.681 docentes que presumiblemente no seguirán haciéndolo a partir de septiembre. El sindicato reclama al Gobierno regional que los mantenga, así como que vuelva a contratar al personal que estuvo trabajando durante el primer trimestre del curso, es decir, 1.117 docentes.
La Federación madrileña de Enseñanza de CCOO prepara sendos informes sobre escolarización en formación profesional (empieza y termina en plazos diferentes al del resto de enseñanzas), así como en los centros concertados de la Región. Los presentará en las próximas semanas, según han explicado.
