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Más profesorado. Es uno de los reclamos más insistentes en el sistema educativo público desde hace años. Después de un curso en el que la pandemia global ha obligado a las administraciones a disminuir el número de alumnado atendido por cada docente en todas las etapas educativas, la insistencia ha subido unos cuantos puntos más. Pero las administraciones educativas, en la última Conferencia Sectorial celebrada, acordaron para el próximo curso, la vuelta a las ratios legales: 25 alumnos en primaria, más de 30 en secundaria y bachillerato.
La presencialidad, el uso obligatorio de mascarillas y la reducción de las distancias mínimas en las aulas (hastas 1,2 metros) son las razones para esta vuelta a la antigua normalidad. Las declaraciones de docentes por todo el país sobre las ventajas conseguidas este curso con un menor número de chicas y chicos que atender (convivencia en los centros y mejora de resultados, fundamentalmente) no han supuesto razones suficientes que justifiquen el aumento de inversión en profesorado.
Estas son algunas de las motivaciones que han llevado a CSIF a convocar una concentración frente al Ministerio. El sindicato tiene varios objetivos, según han comentado en ruead de prensa. Por una parte, un primer paso para conseguir apoyo por parte de otros representantes del profesorado para presionar públicamente a las administraciones educativas y que estas mejoren las condiciones laborales, principalmente, en relación a las ratios por aula. Según Mario Gutiérrez, presidente del sector Nacional de Educación de CSIF, «invitamos a los demás sindicatos para realizar acciones conjuntas» que conduzcan a la negociación colectiva con el Ministerio.
Quieren que se mantengan las contrataciones de apoyo frente al Covid en todo el estado (unos 40.000 docentes según sus cálculos), así como que se contraten en torno a 60.000 más para poder bajar ratios y disminuir las horas lectivas que tiene que enfrentar el profesorado desde 2012 (y que no han mejorado a pesar del cambio de gobierno y las recomendaciones de este en dicho sentido). Gutiérrez explicó en la rueda de prensa que esta cifra de 60.000 (alrededor del 15 o 20% de la plantilla actual), será necesaria en los próximos años para cubrir necesidades derivadas de la reducción de ratios, de la mejora de las cifras de interinidad o para hacer frente a la posible jubilación de un importante número de docentes en los próximos años. Se trata, dijo, «de necesidades educativas enormes».
CSIF reclama al Ministerio que haga uso de sus competencias exclusivas y que deje de escudarse en la cogobernanza y estudie y negocie con los sindicatos, entre otras cosas, el reparto finalista de los fondos europeos para la recuperación económica y social comprometidos. Unos fondos que, en cierta medida, debería desviarse para esta contratación de profesorado.
El sindicato le echa en cara a Isabel Celaá, ministra de Educación, la falta de interés en la negociación con los sindicatos en cuestiones como la extinción del cuerpo de profesores técnicos de FP, la creación de un nuevo cuerpo docente para dar cabida a este profesorado; también sobre las condiciones laborales del profesorado; la reducción de ratios; la negociación de las condiciones que tendrán que afrontar los centros educativos el próximo curso; la información sobre temas de salud laboral, principalmente relacionados con la vacunación de las y los profesionales de la educación, o la inversión finalista de los fondos europeos.
