Privatización y miedo en la enseñanza de Andalucía

Hay una importante bajada de la natalidad, es cierto. Y suena bien la palabra libertad aplicada a la enseñanza, también es cierto. Pero choca que la reducción de niños y niñas en las escuelas conlleve el cierre de aulas públicas, en vez de producir una reducción de las ratios que redundaría en la mejora de la calidad, y que eso no ocurra en la misma o en similar proporción en las aulas concertadas. Todas las fuentes consultadas entre los sindicatos de la enseñanza y en las asociaciones de padres y madres coinciden en señalar que la menor afluencia de niños a los colegios se utiliza en Andalucía para desequilibrar el actual predominio de la pública en favor de la privada.

Andalucía, junto con Extremadura y Canarias, se ha caracterizado desde que existe la autonomía por su apuesta por la enseñanza pública. Lo mismo ocurría con la sanidad. Es cierto que esa apuesta empezó a flaquear bastante antes de que la derecha se hiciera con el poder de la Junta de Andalucía. De hecho, fue el PSOE el que entreabrió la puerta de los conciertos durante los años de Susana Díaz. Por eso los sindicatos de la enseñanza indican que la llegada del PP-Cs al gobierno andaluz no supone “un antes y un después” en la política educativa, sino una actuación “con un poco de más descaro” a la hora de apostar por la privatización.

Es conveniente tener en cuenta que el PP y Cs han tenido la precaución de no entrar en San Telmo (sede de la Junta en Sevilla) como un elefante en cacharrería. Al menos, no en esta primera legislatura. La consigna parece ser que se evite asustar a un electorado, el andaluz, tradicional y mayoritariamente ubicado en la izquierda o en el centro izquierda. A esa precaución se une que la suma de PP y CS no asegura la mayoría en el Parlamento (47 de 109 diputados) por lo que precisan de la ayuda de Vox (12 diputados) partido que pone un alto precio a su abstención. Esto obliga a los dos socios de gobierno a un equilibrio casi imposible entre contentar a la extrema derecha y no asustar a los votantes de izquierda cuya abstención fue decisiva para la derrota del PSOE en las elecciones del 2 de diciembre de 2018.

Privatización

Con los anteriores condicionantes políticos, lo cierto es que la derecha representada por el PP y Cs, más el empuje de Vox, van cumpliendo su programa electoral de privatización y desmantelamiento de los contenidos de igualdad y derechos ciudadanos. La privatización se concreta, según los datos aportados por los sindicatos de enseñanza, en el recorte de una media de 450 aulas por curso escolar. Eso, en la enseñanza pública. En la concertada apenas se nota la reducción de aulas. Al contrario, en algunos niveles como ocurre en la formación profesional, lo que se observa es un incremento de las plazas concertadas.

Según el sindicato USTEA, en los dos años y medio transcurridos de esta legislatura, la Junta ha reducido dos puntos la ventaja que tenía la enseñanza pública respecto de la privada. Carmen Yuste, portavoz de este sindicato, asegura que el PSOE dejó el Gobierno andaluz con un equilibrio entre lo público y lo privado de 80/20 y que en este momento la relación es de 78/22. A este paso, con un trasvase de entre 400 y 500 plazas por curso, en dos legislaturas la situación de Andalucía será muy similar a la de Madrid, en torno a 60/40. Eso ha sido en la de esta primera etapa, caracterizada por la cautela, pero el ritmo acelera de forma clara para el próximo curso.

Para CGT, la tendencia a la privatización es anterior al actual gobierno de derechas, pero se ha acelerado con la llegada del PP y Cs. Su secretario de acción sindical, Ignacio Contel, afirma que los datos no dejan lugar a dudas: “Desde CGT llevamos años denunciando el proceso de deterioro que sufre la enseñanza pública andaluza, que avanza hacia el modelo de la comunidad madrileña a marchas forzadas, a la que ya superamos holgadamente en la ratio de primaria, que es de 15,4”. Para este sindicato, la ratio de los centros de primaria andaluces es la más alta del estado español. “Aventajamos con creces a todas las comunidades autónomas: 15,7 alumnos, frente a los 13 de media (casi tres alumnos/as más por docente)”.

CGT indica que de 2016 aquí, Andalucía ha cerrado 1.227 unidades públicas de primaria, frente a 16 concertadas. En infantil el cierre ha sido de 1.600 unidades públicas, cuando en la concertada ha sumado 35 unidades. En bachillerato, CGT enumera que desde 2016 han desaparecido 462 unidades, por 4 de la concertada. Otro dato significativo es que antes los conciertos con las privadas estaban blindados por cuatro años y ahora lo están por seis. Un dato más: los padres que elijan llevar sus hijos a un colegio privado que apueste por el bilingüismo y las nuevas tecnologías podrán desgravarse hasta 150 euros de la declaración de la renta si su base imponible no supera 80.000 euros o 100.000 si se trata de una declaración conjunta.

USTEA añade que la formación profesional concertada se está privatizando en Andalucía a marchas forzadas “por la sencilla razón de que es la etapa más rentable y porque sirve, especialmente la FP dual, para pomer en bandeja a las empresas mano de obra gratis”, según Carmen Yuste. En ese sentido, subraya el dato de que el consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda, procede del consejo de administración de una de las más florecientes cadenas de institutos privados, Medac.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Andalucía, Marina Jiménez, resalta que este recorte de aulas en la enseñanza pública no tiene otra intención que allegar recursos a la privada. “Lo iniciaron los anteriores gobiernos y el actual lo que hace es ahondar esa política contraria al interés general”. Esto ha provocado una huelga del sector, convocada por varias organizaciones el paso 4 de marzo, en defensa de la enseñanza pública. Marina Jiménez dice que “el Gobierno del PP y Cs no se esconde, como los anteriores, y proclama abiertamente que la red pública debe se subsidiaria de la privada en aras de la libertad de elección de los padres”.

La caída de la natalidad, a una media de 10.000 niños y niñas por año, sirve para poner en bandeja la privatización tan querida por la derecha. Pero a costa de desaprovechar la oportunidad para mejorar las ratios. Andalucía tiene una ratio global de 12,5, mientras que la media española es de 11,2, según datos del Ministerio de Educación. Para el curso que viene, sólo en Sevilla, cierran aulas seis centros escolares. Dos de ellos son el Joaquín Turina y el José María del Campo, cuyos padres han convocado caceroladas y concentraciones de protesta.

Teresa Pablos es la portavoz de la asociación Escuelas de Calor, nacida para reivindicar la mejora de la climatización de los centros educativos, y dice que Sevilla pierde este próximo curso 585 aulas públicas y sólo 40 concertadas. En lo que va de legislatura señala que se han perdido unas 4.000 líneas en toda Andalucía. “Esos datos hablan claro de que existe una voluntad política de desmantelar la enseñanza pública, algo que vamos a lamentar durante muchos años. Este Gobierno se niega a apostar por la calidad que brinda el descenso de la natalidad y por la diversidad que supone la enseñanza inclusiva”.

Ideologización

Junto al recorte de aulas y líneas en favor de la enseñanza privada, las luces de alarma se han encendido con el intento de implantación del llamado “pin parental”, que no es otra cosa que la imposición de la censura de actividades escolares por parte del profesorado. O la supresión del lenguaje inclusivo en los libros de texto. La extrema derecha hace valer la abstención de sus 12 diputados en el Parlamento para tratar de eliminar cualquier avance logrado hasta ahora en igualdad de género, reconocimiento de colectivos como el LGTBI o simplemente la divulgación entre los escolares de los derechos humanos.

Una de las condiciones impuestas por Vox para abstenerse y facilitar así la formación de Gobierno fue que Andalucía implantara el “pin parental”. De momento no lo ha conseguido, aunque su mera amenaza ya ha hecho que cunda el miedo entre el profesorado a la hora de adentrarse en terrenos que hasta ahora han sido comunes. “Existe miedo”, dicen las organizaciones del sector. Miedo a abordar los derechos de las minorías, a significarse como impulsores de contenidos sociales, a defender a los colectivos vulnerables. Desde que la derecha enarboló el pin parental, su amenaza pende como una espada de Damocles sobre las cabezas de miles de docentes.

Algunas de las fuentes consultadas creen que el polémico “pin” no llegará a implantarse, aunque se usa con un doble objetivo: por un lado, para meter el miedo en el cuerpo. Ese miedo, combinado con alguna que otra denuncia contra algún profesor o profesora, ya son suficientes para impedir que prosperen muchas actividades. La autocensura se ha extendido como la pólvora, dice Marina Jiménez, de Escuela de Calor. Alerta de que “el mensaje de la extrema derecha está en el aire de los institutos: cuidado con la sexualidad, el feminismo, la igualdad o los movimientos LGTBI”. Años de trabajo en favor de la igualdad están en el alero. El segundo objetivo del “pin” es usarlo como cortina de humo para esconder los recortes en la enseñanza pública a favor de la privada. Curiosamente, cada vez que salta una polémica en ese sentido reaparece el espantajo del pin parental.

O aparece una nueva amenaza. Como la aprobación en el Parlamento de una proposición no de ley de Vox, sacada adelante con los votos del PP y de Cs, para pedir a las editoriales que revisen los libros de texto con el fin de eliminar de ellos todo uso del lenguaje inclusivo. Es decir, que se limiten a usar la lengua española según dicta la Real Academia Española. Dice la resolución que el Gobierno andaluz debe “impulsar la supervisión de los libros de texto y los materiales complementarios (cualquier tipo de texto escrito, imágenes de síntesis, materiales auditivos, materiales audiovisuales y cualquier recurso web) con el objeto de eliminar el llamado ‘lenguaje inclusivo’, que suponga desdoblamiento de términos masculinos y femeninos, de todos los libros de texto oficiales publicados en la Comunidad”.

Para Ignacio Contel, de CGT, iniciativas de la extrema derecha como el pin parental “sencillamente no se pueden llevar a cabo porque son anticonstitucionales, por ser contrarios a la defensa de los derechos humanos”, pero influyen en la opinión pública y en el profesorado en la dirección de evitar la educación de ciudadanos y ciudadanas libres, críticos y capaces de protestar, y abonan el terreno de la resignación y el silencio. Carmen Yuste añade que esas cortinas de humo se usan para tapar, por ejemplo, que la Junta haya usado para comprar un edificio de Abengoa 80 millones de euros del fondo de emergencias que iban destinados a la enseñanza. Y otros 5,5 millones de educación infantil a acondicionar el estadio de la Cartuja para dedicarlo a vacunar contra la covid.