Toca a su fin el curso escolar 2020-2021. Un año marcado, sin duda alguna, por la pandemia. También por las medidas de higiene y seguridad para la prevención de contagios y las múltiples restricciones que de ellas derivan. El coronavirus nos ha cambiado la vida a todos. Ha afectado, en mayor o menor medida, a la totalidad de los ámbitos de nuestra sociedad. Por supuesto, el sector educativo no ha sido una excepción.
El curso arrancó con dudas y recelos. Muchos. El futuro era incierto. Un mar de inquietudes con respecto a si las medidas adoptadas en los centros educativos, tales como la reducción de ratios o el establecimiento de grupos burbuja, serían suficiente para evitar contagios masivos entre los docentes, el alumnado y sus familias. Los acontecimientos marcarían la pauta: vuelta a la presencialidad o resignación remota frente a la fría pantalla del ordenador.
La predisposición y el trabajo duro de todos los miembros de la comunidad educativa permitió finalmente que el curso escolar transcurriese siguiendo las directrices de la «nueva normalidad». De la mejor manera posible. Tanto es así que, a pesar de los duros momentos atravesados, especialmente tras las vacaciones de Navidad cuando el repunte de casos obligó a activar la modalidad a distancia en algunos centros, existe un cierto consenso en tildarlo de “éxito”.
También se ha alcanzado un acuerdo generalizado en alabar el esfuerzo de docentes, equipos directivos, familias y alumnos que, a pesar de los vaivenes e indecisiones que caracterizaron a determinadas administraciones autonómicas, supieron dar lo mejor de sí para desencallar el barco y hacerlo navegar, incluso a contracorriente.
Es momento ahora de hacer balance. De pararse a pensar. De analizar y reflexionar. Valorar los aspectos positivos, aquello que se ha hecho bien. También los errores, pequeños y grandes.
La pandemia no ha terminado. El curso 2021-2022, aunque la situación sanitaria haya mejorado como resultado de las campañas de vacunación masivas, no será “normal”. Y es precisamente en esa línea en la que se debe trabajar. Comprender que, le pese a quien le pese, la escuela no volverá de inmediato a ser lo que era antes. Un periodo de tránsito es necesario. Es momento de estar alerta. Cuidar y cuidarse. Seguir haciéndolo. Para evitar males mayores. Eso sí, la luz al final del túnel está, cada día, más y más cerca.
Docentes y equipos directivos, en guardia
“Hacemos una valoración muy positiva del curso. Las medidas de distancia interpersonal entre el alumnado, así como la ventilación y el establecimiento de grupos burbuja han sido claves para conseguir que los centros educativos sean espacios seguros”, argumenta el secretario de la Fedadi y director del IES Pare Vitòria de Alcoy (Alicante), Antonio González.
“El aspecto negativo más relevante ha sido la semipresencialidad. Lo complica todo muchísimo. Es por ello que el principal objetivo que se debe marcar ahora la Administración es garantizar la presencialidad en educación secundaria y bachillerato con vistas al próximo curso”, añade.
Vicent Manyes es director en el CEIP Bertomeu Llorens i Royo de Catarroja, en Valencia. Además, es presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación Infantil y Primaria (Fedeip). Si algo destaca del recién finalizado curso es “el gran esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa. En primer lugar, los alumnos, que se han adaptado muy bien. También sus familias, incluso las que se mostraban recelosas a la presencialidad al principio. Por último, los maestros y directivos de los colegios, que han dado lo mejor de sí para que este curso fuera un éxito”.
Aunque se muestra, en líneas generales, satisfecho con los planes de contingencia diseñados por la Administración, reconoce su preocupación por la previsible reducción de recursos de cara al curso académico 21-22. “El próximo año tendremos más recursos que hace dos, pero menos que en el pasado. Es clave mantener las medidas el próximo curso, porque no habrá normalidad total. Confío en que los grupos burbuja se mantengan, pero la cuestión se complica si no hay profesores suficientes…”, afirma.
Otra cuestión de relevancia con respecto al siguiente año académico es la aplicación de la nueva ley educativa, la Lomloe. Ideada por Isabel Celaá, será la nueva ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, quien deba ponerla en marcha. “Consideramos que la nueva ley educativa es un avance en comparación con la anterior. No obstante, seguimos detectando carencias: falta de consenso entre las diferentes fuerzas políticas, un currículo demasiado cargado de contenidos, la ausencia de obligatoriedad de la educación infantil, la falta de desarrollo en cuanto a la función directiva, entre otras”, lamenta Manyes.
Las familias, a la espera
“Ha sido un año muy duro. Durísimo. Una prolongación del anterior, que también lo fue. Pero también ha sido un año que nos ha permitido localizar debilidades y propuestas de mejora para los problemas y las deficiencias de nuestro sistema educativo, tanto anteriores como nuevas”, señala la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos de Madrid, Carmen Morillas.
Morillas sostiene que “la educación es un derecho fundamental que, en estos años de pandemia, se ha vulnerado”, motivo por el cual el próximo curso será clave para revertir la situación. “Es fundamental mantener la presencialidad y aumentar la inversión si queremos que haya equidad. La crisis ha traído consigo un incremento de la desigualdad, de la brecha social. De ahí la importancia de mantener medidas como la bajada de ratios, que ha mejorado los resultados académicos y la convivencia en el aula”, apostilla.
Pese a que las fallas del sistema educativo son palpables, Morillas reconoce que “como consecuencia de la incapacidad de los partidos políticos, de uno y otro signo, para aparcar sus diferencias, lo cierto es que ya vamos un poquito tarde con el inicio del nuevo curso. Aunque en otras comunidades se va arrojando algo de luz, en Madrid aún no sabemos qué medidas nos vamos a encontrar en cuanto a la organización de los centros para el curso 21-22”, concluye.
Los sindicatos, preocupados
“El curso nos deja un sabor agridulce. Cosas buenas como el regreso a la presencialidad, al menos en infantil y primaria, y cosas malas, como la deficiente labor de la Administración. Las ayudas y la inversión que se han hecho en educación se quedan en nada si la comparamos con otros sectores”. El responsable de Política Educativa en la Confederación STEs, José Ramón Merino, apunta y dispara.
Coincide a este respecto el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, Francisco García: “La Administración actuó de manera razonable, aunque en la mayoría de las comunidades lo hizo de manera tardía e insuficiente. Pedimos la contratación de 72.000 profesores para garantizar la presencialidad de la enseñanza no universitaria. Se contrató, finalmente, a la mitad, lo que impidió garantizar la presencialidad en secundaria y bachillerato. Nos parece un error tremendo”.
Ambos consideran precipitada la decisión de volver a las ratios prepandemia. “Para el nuevo curso se deberían mantener e, incluso, ampliar las medidas del pasado con el objetivo de garantizar entornos seguros, pero las comunidades están haciendo lo contrario para ahorrarse unos euros. Van contra el sentido común y la lógica, pues los jóvenes, al no estar vacunados, son quienes se están contagiando más en estos momentos”, advierte García.
La desigualdad social derivada de la crisis económica es un asunto que también preocupa a los sindicatos. “Es necesario más apoyo a la enseñanza pública, que es donde se encuentran escolarizados los hijos e hijas de las familias más humildes, las que verdaderamente están pagando el pato de esta crisis. Son necesarios más medios y más ayudas, al igual que están haciendo el resto de las potencias europeas”, asevera Merino.
La atención a la diversidad es otra de las asignaturas pendientes en el curso covid. “Debemos seguir dando pasos adelante en materia de atención a la diversidad. Lo hecho hasta ahora resulta insuficiente, pues quien antes ya era vulnerable ahora lo es aún más. La cuestión de las ratios no responde meramente a una cuestión sanitaria, que también, sino a una mejor respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Además, hacen falta más políticas educativas: más becas, más ayudas…”, destaca García.