La transparencia es algo cada vez más demandado y, al mismo tiempo, uno de los elementos que más cuesta conseguir tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas. Este podría ser uno de los datos más relevantes del último informe que han realizado Ceapa junto a Cicae sobre los precios de los conciertos educativos.
El estudio, realizado por la empresa Garlic B2B, muestra la dificultad que tienen las familias para conseguir información fiable y oficial durante el periodo de matriculación cuando la solicitan a los centros. El cobro de cuotas, prohibido por ley cuando tiene que ver con el servicio educativo en las etapas obligatorias, es una práctica absolutamente extendida por todo el país. Una práctica que, en muchos casos, se justifica por el hecho de que el dinero que reciben los colegios privados a través de los conciertos educativos, no alcanza para todos los gastos que tienen que afrontar. El concierto está diseñado para sufragar los gastos de personal.
En la edición de este año, Garlic B2B ha realizado dos intentos diferenciados de acercarse a los centros. En el primero, envió una comunicación a todos los centros con concierto de la Comunidad de Madrid para que participasen en el estudio enviando información sobre los cobros mensuales a las familias. Según el informe, de los 454 centros contactados en dos oleadas, solo un centro contestó al requerimiento de información, es decir, el el 0,22%.
La otra herramienta para conseguir la información se basa en la técnica del «mistery shopper», según la cual, se contactaba a los centros (por teléfono, videoconferencia o presencialmente) simulando ser una familia que quiere información para escolarizar a alguno de sus hijos en el centro. Según el informe, para unificar criterio, la simulación se realizó para un alumno que entrase en el segundo ciclo de educación infantil. Aunque también se solicitó información sobre las cuotas en etapas posteriores. En esta fase se realizaron 338 simulaciones.
Según recoge el informe presentado por Ceapa y Cicae, el 45% de los centros no entrega hojas con la información de los precios, el 13% de los que sí lo hacen no indican la cuota base y el 11% lo hace sin que conste en membrete del centro o lo hace sin identificarse. A esto se suma que el 42% de los centros no entrega esta información de manera voluntaria, sino que son las familias las que tienen que solicitarlo; en algunos casos de manera insistente, algo que, además, no garantiza que la conozcan en todos los casos. Y cuando se entrega la información, no siempre se facilita el desglose del cobro, de manera que no se sabe el motivo por el que se cobra.
En cuanto a la cantidad en sí, las diferencias son importantes según centros y territorios. El mayor, según el informe, es de 930 euros al mes, aunque la cuota máxima promedio es de 220 €. Bien es cierto que la diferencia entre las tres comunidades en las que más se cobra superan con mucho al resto. De cualquier manera, el 87% de los centros privados concertados cobran a las familias.
El equipo investigador también ha aclarado cuál es la denominación que utilizan los centros a la hora de cobrar. En el 32% de los casos se usa la palabra «cuota»; en el 31%, actividades complementarias, aportación y un 5% en el que se usa la expresión «proyecto de centro».
Las cuotas, que en principio deben ser voluntarias, en la mayor parte de los casos no lo son. Según el informe de Garlic B2B, en el 77% de los casos no lo son, o bien porque se especifique directamente que es así o bien porque el alumnado que no pague queda excluido de las actividades complementarias. Del otro 23%, aseguran los investigadores, tan solo siete centros informan claramente de que las cuotas son voluntarias.
También en esto existe una enorme diferencia por comunidades autónomas. Mientras que el 57% de los centros de Andalucía y el 72% de los de Aragón informan de la voluntariedad del pago, en Cataluña este porcentaje es del 2 y en el País Vasco, del 8. Estas dos comunidades se llevan la palma, puesto que en la primera el 98% de los centros avisan de la obligatoriedad y en la segunda, lo hace el 92%.
