¿La Memoria Democrática en el currículo escolar de todos los centros docentes, para todo el alumnado de nuestro sistema educativo? Sí, una Memoria Democrática para una Ciudadanía Democrática que, según el artículo 27.2 de la Constitución, es un objetivo esencial de la educación: la educación “en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Aquello que tantas generaciones pasadas durante muchos años lucharon para conquistar. Aquello que anuló y destruyó, nada menos que durante cuarenta años, el fascismo y la dictadura de Franco. Aquello que volvió a conquistarse y quedó plasmado en la Constitución de 1978, hace ya 43 años, uno de los periodos históricos más largos de vigencia de una Constitución en España.
Una Memoria Democrática curricular que nos permita afrontar la definitiva resolución de las insuficiencias que se arrastran desde el proceso que dio paso de la Dictadura a la Democracia, desde un sistema radicalmente opuesto al otro, tan diferentes entre sí como la distancia que existe entre súbditos en ciudadanos, desde las tinieblas de un autoritarismo opresivo a la luz de las libertades y derechos democráticos. Pero un proceso aún lastrado en nuestra educación por relevantes carencias pedagógicas, de ordenación educativa y planes de estudio y equidistancias insostenibles entre el valor humanista y constructivo de la democracia y la razón violenta, autoritaria y opresiva de una dictadura. Además de elementos continuadores de la propia memoria franquista que, aún establecido un sistema democrático en España, mantuvieron la continuidad de su relato falsamente neutral de “los 25 años de paz” y, de diversas formas, rellenaron el vacío que hasta ahora no han sabido o podido cubrir los demócratas españoles.
Así pues, ahora se trataría de romper la parálisis derivada de la inexistencia de una Memoria Democrática que debió ser desarrollada también en el sistema escolar regulado por el artículo 27 de la Constitución durante más de cuarenta años de régimen democrático. De modo que las generaciones que hoy se forman en las aulas y las que vendrán después, encuentren incorporado a su currículo escolar la Memoria Democrática como parte de su formación en valores cívicos constitucionales democráticos y en el conocimiento de la historia de la democracia española y sus conquistas pasadas y presentes de libertades y derechos.
Ya se ha abierto en el Congreso de Diputados el debate sobre el proyecto de ley de Memoria Democrática, que nos debe franquear el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación, a transitar para que nuestra sociedad y nuestro Estado social y democrático de derecho adquieran la altura moral necesaria y reconocer a tantas víctimas que padecieron el silencio, la injusticia y el olvido. Una Ley que se propone el deber de conocimiento, reivindicación y defensa de los valores democráticos y de los derechos y libertades fundamentales a lo largo de nuestra historia contemporánea. Con finalidad, no solamente de construir un horizonte de convivencia sólidamente enraizada en la solidaridad y coherencia entre las diferentes generaciones en torno a los principios, valores, derechos y libertades, sino también para prevenir la repetición de los pasados desastres originados por gobiernos y regímenes totalitarios o autoritarios fundados sobre ideologías que justifican la intolerancia y la violencia, así como la limitación o destrucción de la democracia misma. Sin olvidar, por tanto, que hoy día existen grupos y partidos políticos abiertamente radicales, racistas, xenófobos que incitan al odio y la violencia en la sociedad, como se reconoce en la resolución que el Parlamento Europeo aprobó el 19 de septiembre de 2019 sobre la importancia de la Memoria histórica europea y la consiguiente necesidad de que las instituciones europeas y los estados promuevan una cultura y una educación en las que se integre la Memoria para que contribuya al rechazo de los crímenes cometidos por los regímenes totalitarios, autoritarios y fascistas.
Esta es, por tanto, una contribución imprescindible que debe realizar el sistema educativo mediante la incorporación de la Memoria Democrática al currículo escolar. que en este momento se halla en pleno proceso de desarrollo por parte del Ministerio de Educación, una vez promulgada la reciente Ley Orgánica de Educación, LOMLOE. En ella figuran dos mandatos cuya expresión literal no debe ser olvidada: que en el currículo de las diferentes etapas de la educación básica se atenderá al aprendizaje del conocimiento de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes a la actualidad, y que debe cuidarse su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución (disposición adicional 41).Por tanto, la concreción curricular de la Memoria Democrática debe comprender la adquisición de la competencia ciudadana por parte de todo el alumnado durante todo su proceso educativo y los contenidos y actividades escolares propios de las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Educación en Valores Cívicos y Éticos.
Este mandato legal de incorporar la Memoria Democrática al currículo de la educación formal que recoge la LOMLOE en la disposición mencionada, y también en su exposición de motivos, saldrá extraordinariamente fortalecido con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica que se encuentra en proceso de debate actualmente en las Cortes. El artículo 45 del proyecto de ley incluye varias medidas en materia educativa y de formación del profesorado. La principal de ellas será el deber de los poderes públicos responsables de la ordenación del sistema educativo de incluir en el currículo escolar, como uno de sus fines, el conocimiento de la historia y de la Memoria Democrática y la lucha por los valores y libertades, debiendo procederse a la actualización de los contenidos curriculares en la Educación Secundaria obligatoria y en el Bachillerato. Además, otro mandato a las Administraciones educativas competentes y Universidades para que en los planes de formación inicial y permanente del profesorado incluyan la necesaria formación y la actualización científica, didáctica y pedagógica para la impartición de la Memoria Democrática.
Tal es el envite que las dos leyes citadas deben abordar y resolver, aquí y ahora, para que nuestro sistema educativo sea capaz de poner en juego una política pública de Memoria Democrática aplicada a un sistema educativo que sitúa entre sus fines y objetivos la educación para una ciudadanía democrática. Integrando de manera simultánea en el currículo un conocimiento objetivo sobre la verdad del pasado histórico y una formación en valores cívicos y éticos democráticos que contribuyan eficazmente a que alumnas y alumnos adquieran la deseable competencia ciudadana. Una competencia necesaria para evitar episodios de violencia, conductas autoritarias y atropellos a los Derechos Humanos, y así prevenir y no repetir nefastos episodios similares del pasado.
