En los últimos meses, las llamadas de atención sobre la situación de la salud mental de niñas, niños y adolescentes han ido creciendo sin parar. Desde diferentes fotos, instituciones y entidades se ha estado alertando del crecimiento de todo tipo de trastornos mentales que están afectando, de manera especial, a niñas y niños, a adolescentes en general.
El cierre de los centros educativos durante casi seis meses, con la consiguiente dificultad para la socialización habitual, la vuelta al colegio con la creación de los grupos burbuja y todas las medidas sanitarias (mascarillas, distancias sociales, mamparas, etc.) así como las que se han mantenido, en mayor o menor medida, este curso, están pasando factura a una infancia y una adolescencia que, no lo olvidemos, fue señalada insistentemente como un grupo social peligroso por su capacidad para contagiar a otras personas sin sufrir demasiados problemas en carne propia.
Este cóctel llega a España con un sistema de salud mental bastante deficiente en cuanto a número de psicólogos por cada 100.000 habitantes. A lo que se suman los casos en los que la atención primaria ha sufrido importantes mermas. Caso a parte merece la Comunidad de Madrid en la que se ha utilizado, precisamente, la pandemia para menguar todavía más un servicio de atención temprana que ya era deficitario.
El caso es que, denuncia la oenegé Save the Children, las listas de espera para que un especialista pueda atender a una o un menor de edad para un tema de salud mental es de varias semanas. Puede estar entre uno o dos meses. A lo que se suma que, una vez pasada la primera consulta, pueden pasar otras tantas semanas hasta la siguiente.
Save the Children ha realizado una encuesta con madres y padres en la que ha intentado hacer un estudio paralelo a la Encuesta Nacional de Salud que, en 2017, preguntara a parientes con niñas y niños de entre 4 y 14 años. La idea es que se puedan comparar unos datos con otros. Entre las conclusiones que salen de este informe de la ONG está el hecho de que, mientras que en 2017 el 1,1% de la población infantil sufría problemas como ansiedad o depresión, en 2021, el porcentaje ha subido al 4%. De la misma manera, las madres y los padres que aseguraban hace cuatro años que sus criaturas tenían algún trastorno de conducta, como pudiera ser el TDA, por ejemplo, eran el 2,5%. Este año, según Save the Children, son el 6,9%.
Es con estos datos con los que Andrés Conde, secretario general de la entidad, se atreve a asegurar que los casos de problemas de salud mental se han multiplicado por tres en los útlimos cuatro años, en buena medida, por causa de la pandemia de la Covid-19.
En paralelo al crecimiento de los trastornos que las familias detectan en sus hijas e hijos, la ONG destaca el hecho de que han disminuido el número de diagnósticos y que esto se debe al hecho de que, al haber pocos facultativos y al llevar prácticamente dos años dedicados casi en cuerpo y alma a frenar la pandemia, se han quedado en la puerta de los centros de salud otra serie de problemáticas.
Ser pobre siempre es peor
El factor socioeconómico, como en otros casos, vuelve a convertirse en un importante factor de riesgo para las chavales y chavales. El hecho de que en las familias, en los últimos meses, haya crecido la incertidumbre sobre el futuro o el miedo a no poder conservar el trabajo, o los ERTE, las hipotecas, etc. impacta de una forma u otra en la infancia. Y lo hace más, precisamente, en las familias que menos posibilidades económicas tienen.
Según explicaba Conde, el 12.9% de los chavales de renta baja tiene problemas de salud mental; porcentaje que baja al 9,2% en el caso de las rentas medias y que alcanza el 2,6% en las rentas mayores.
Junto a la renta baja, hay otros factores de riesgo que pueden empujar a esta situación. Por ejempo, el sexo de las personas, el origen étnico o geográfico de la familia o el sufrir o no acoso escolar. También la edad es un dato importante. Cuanto más cerca de la adolescencia se está, más probable es que se tengan problemas de salud mental.
Save the Children también encuentra que hay importantes diferencias territoriales en relación a la salud mental y a los trastornos de la conducta. De esta manera, los datos de Cataluña, Madrid o Galicia son peores en proporción a su población de lo que deberían ser. En el lado contrario, Navarra, La Rioja o Castilla y León proporcionan datos mejores de los que deberían según su población. Andrés Conde se adelantó a asegurar que el estudio no puede dar una razón para estas diferencias territoriales, pero sí se atrevió a decir que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas deberían tomar nota al respecto.
Suicidio
El suicidio es uno de esos temas tabúes en España. Del que se habla poco, y siempre con el estigma por delante. Y más cuando son niñas, niños o adolescentes quienes cometen dicho acto. El caso es que durante el pasado año 61 personas menores de edad se quitaron la vida. El teléfono de la esperanza recibió 2.000 llamadas de menores con ideaciones suicidas y las familias de 3.000 aseguraron saber que sus hijas e hijos habían tenido estas mismas ideas.
En proporción con el total de la población de sus edades son pocas y pocos, pero no por ello debería dejar de llamar la atención, por ejemplo, que desde 2008 y, al menos, hasta 2018 la cifra de menores que han fantaseado con la idea de quitarse la vida haya comenzado un camino de ascenso cuando, en los años anteriores venían claramente disminuyendo. Aunque Andrés Conde no habló de una relación de causalidad, sí señaló el hecho de que desde 2008 las crisis económicas y los importantes problemas sociales derivados de ellas han corrido en paralelo a este cambio de tendencia de los suicidios. Un dato que también debería llamar la atención sobre las autoridades sociales y sanitarias.
¿Qué hacemos?
Para Catalina Perazzo, responsable de incidencia política de la oenegé, es importante actuar en tres frentes claros: detección temprana de los casos de problemas de salud mental; mejora del acceso a la salud mental y aumento de la inversión pública en dicha salud mental.
En el primero de los casos, el de la detección temprana, Perazzo puso el punto de mira tanto en los centros sanitarios de atención primaria como en los centros educativos. Las y los profesionales que trabajan en ellos deberían tener una mínima formación básica en detección de casos de problemas de salud mental o de conducta para poder hacer una atención lo más temprana posible. Según los cálculos que han hecho desde la organización, el coste de esta formación, al menos entre docentes, sería de unis 33 millones de euros, por cursos de ocho horas de duración. «La escuela, aseguró Perazzo, es el espacio en el que pasan mayor cantidad de tiempo, día a día, y la detección es imprescindible».
Perazzo insistió en la creación de programas sobre salud mental en centros educativos con los que dar información y formación no solo al profesorado sino también a familias y estudiantes. Apostó por el aprendizaje social y emocional en las comunidades educativas, con los que se pueda aprender sobre terapia, sobre promoción de la salud mental o reducción del estrés. La responsable de incidencia de Save the Children nombró el programa catalán Espai Jove, como una buena iniciativa para extender el conocimiento sobre estos temas ya que «la evidencia muestra que cuanto más conocimiento, mejora la búsqueda ayuda y mejora la idea frente al estigma», insistió.
Además de esta apuesta por la formación para conseguir una detección precoz, por supuesto, es básico que el acceso a los recursos de la salud mental no se convierta en una carrera de obstáculos en la que hay que esperar constantemente durante semanas para ser atendido. Se hace importante la multiplicación, por una parte, de las plazas de PIR para el acceso del doble de psicólogas y psicólogos al sistema nacional de salud, así como del MIR, para que también duplique las plazas de psiquiátras que atiendan a menores y jóvenes.
Según los datos que nombró Catalina Perazzo, en España hay seis psicólogos por cada 100.000 habitantes. Si se multiplicasen las cifras de acceso en el PIR y el MIR, se podrían alcanzar tasas de hasta 17 facultativos, lo que supondría acercarnos a las de países como Italia o Bélgica. En este caso, como en otras cuestiones, las diferencias entre comunidades autónomas también son muy significativas. Mientras que en Navarra, por ejemplo, hay 10,3 psicólogos por 100.000 habitantes, en Andalucía son 3,2.
Junto a la falta de cantidad de profesionales se encuentra el problema de la calidad, no de estos profesionales, sino del propio sevicio. Hay que esperar en algunos casos hasta tres meses para ser atendido por primera vez y, además, durante un tiempo muy corto.
Catalina Perazzo destacó un asunto importante relacionado con el gasto en salud mental en España. De media supone el 5% del total de gasto sanitario. Está muy cerca de la media de la UE, que es del 5,5%. La clave está en el gasto farmacológico, que supone la mitad del total. Según explicó, España lidera el consumo legal, por ejemplo, de ansiolíticos y sedantes. Un consumo que subió el 4,5% en el año 2019, justo antes de la pandemia.
