Después de 40 años largos de democracia, esta es una de las pocas veces que desde la Administración pública se ha intentado poner negro sobre blanco algo parecido a un Estatuto Docente. El último intento se fue al traste en la segunda mitad de 2007, cuando iban a comenzar las negociaciones más duras con los sindicatos, las relativas a las retribuciones. Se paró en seco la negociación en aquel momento y el documento elaborado acabó en un cajón.
De nuevo, 15 años después, el Ministerio, cumpliendo el mandato autoimpuesto en la Lomloe, entregará mañana una serie de documentos a los sindicatos y a las comunidades autónomas para comenzar a dar los primeros pasos en lo que promete ser un largo periodo de negociación en el que, además, también tendrán que participar en su momento el Ministerio de Universidades y el de Hacienda, la Conferencia de Rectores y las y los decanos de las facultades de Educación.
De momento, mañana la mesa sindical y la Conferencia General de Educación, una mesa técnica previa a la Sectorial en la que se reúnen directores generales, recibirán, según fuentes conocedoras, una serie de documentos «muy abiertos» con los que el Ministerio quiere iniciar el proceso.
Estos documentos se dividirán en una serie de bloques con la idea de que las conversaciones y negociaciones se realicen de manera separada y, de esta manera, puedan aprobarse por separado. Por ejemplo, se podría negociar la transformación de los grados de Educación Infantil y Primaria con autonomías, rectores y decanos y con Universidades y, si fuera aprobada por todos, se podrían poner en marcha los plazos conducentes a la publicación de las respectivas normas ECI que deberán implantar dicha reforma. De esta manera no sería necesario tener que esperar hasta el final de todo el proceso para que las diferentes cuestiones se pusieran en marcha.
Según estas mismas fuentes, en el final de todo el proceso de negociación estará la parte más complicada, la que tiene que ver con cambios en las retribuciones del personal docente.
Nadie espera que la negociación se cierre en unos pocos meses, ni siquiera en medio año. Una vez que se vayan aprobando los bloques y tomando las medidas que sean necesarias para ponerlos en marcha, es posible que el último paso sí sea el de agrupar todos los cambios realizados. Entonces habrá que ver también qué forma toman, si la de Ley o tal vez Real Decreto.
Según anunció ayer la propia ministra, Pilar Alegría, en su comparecencia en el Senado, el objetivo de este trabajo es el «desarrollo de la carrera profesional que reconozca el esfuerzo y el mérito acumulados más allá de la simple antigüedad».
Entre las posibles novedades, Alegría comentó que se intentará dar un carácter más práctico a la formación inicial con una posible ampliación de la duración del máster de secundaria, con un refuerzo de prácticum de los diferentes estudios y con una revisión del proceso de prácticas del sistema de acceso a la función pública.
También se intentará un cambio de la oferta de la formación continua para que sea «acorde con la evolución de las ciencias y las didácticas específicas, además de ofrecer conocimientos relacionados con la metodología», en palabras de la ministra. Así mismo, deberá incluirse formación sobre igualdad, atención a la diversidad, educación inclusiva acoso y malos tratos en el ámbito escolar, sostenibilidad y Agenda 2030.
