La Lomloe pretendía, aunque tímidamente, hacer de contrapeso en las políticas de apoyo a la concertada que siguen algunas comunidades a la hora de escolarizar al alumnado. Ciertas autonomías han defendido que el criterio de la libertad de elección de las familias debería primar por sobre cualquier otra consideración. Gracias a esto se han organizado en varios territorios como la Comunidad de Madrid, Andalucía o Murcia, y en su momento también Valencia, distritos únicos de escolarización, de manera que la cercanía del domicilio o del lugar de trabajo de los progenitories no tuviera ninguna relevancia a la hora de matricular a sus hijas e hijos.
Frente a esto se ha animado en muchos casos a que se eligiera «libremente» a las familias. Muchas investigaciones a lo largo de los últimos años han demostrado que estos criterios de libertad de elección no son realmente tan libres y, además, provovan o aumentan las situaciones de inequidad o desigualdad entre la población escolar, favoreciendo la aparición de guetos escolares.
Esta es una de las motivaciones que llevó en su momento a que el redactado de la Lomloe primase, en los procesos de escolarización, la cercanía de los domicilios con respecto a los centros educativos. Una manera, algo tibia, de intentar evitar ventajas a ciertas familias frente a otras, así como la consolidación de modelos análogos independientemente del centro educativo.
Cuando esto ocurrió, algunas de estas comunidades autónomas más combativas con la conocida como Ley Celaá, avisaron de que harían lo posible para esquivar la normativa y seguirían primando la libertad de elección de las familias. Esto es lo que denuncian desde la FAPA – RM Juan González de Murcia. Esta es la razón por la que han llevado la normativa de escolarización y de titulación de este 2022 a los tribunales con un contencioso administrativo.
En un comunicado de prensa que han enviado, aseguran que la Consejería de Educación ha sustituido como criterio prioritario la cercanía al domicilio por la libertad de elección de centro «delimitando áreas escolares similares a un distrito o zona única de escolarización».
La normativa autonómica, cuando describe los criterios y los puntos de baremación par la escolarizción, efectivamente, da más por la cercanía al centro que por la primera elección de las y los progenitores. Marisa Maldonado, presidenta de la FAPA-RM Juan González asegura que el problema radica cuando se observan las zonas de escolarización, tan grandes que prácticamente se convierten en distrito único. «Trazar mapas ficticios, afirma el comunicado, en nuestra opinión es un fraude de ley y suele tener consecuencias en materia de escolarización equilibrada del alumnado».
Maldonado explica que, por ejemplo, en el municipio de Murcia se han creado seis zonas de escolarización. A estas hay que sumar lo que se ha llamado «zonas próximas», que también pueden ser elegidas por las familias. Este cóctel «es prácticamente la totalidad del municipio», explica. «Entendemos que la consejera ha buscado una opción para saltarse» el criterio de cercanía, asegura la representante de las familias de la escuela pública.
Titulación en bachillerato
Cuando la Lomloe era un proyecto de ley en el Congreso, y después, tuvo mucha contestación por muchos motivos. Uno de ellos fue la posibilidad de que un alumno consiguiese el título con un suspenso si cumplía una serie de requisitos y el claustro del centro así lo decidía.
Según explica Maldonado, la normativa sobre evaluación, promoción y titulación de la Región de Murcia, publicada a mediados de diciembre de 2021, establece en su trigésima instrucción, sobre titulación en bachillerato, que el claustro podrá decidir que el alumnado ha alcanzado las competencias clave requeridas «exclusivamente con evaluación positiva en todas las materias».
Desde la FAPA-RM Juan González califican este punto como «deslealtad» de la Consejería de Educación hacia el Ministerio. Aseguran que con esta normativa, «otra vez, se sitúa fuera de la ley cuando dicta instrucciones de titulación contraria a las indicaciones del Real Decreto del ámbito de la Lomloe».
Maldonado explica que ya han tenido peticiones de consulta de algún instituto de la Región preguntando si el claustro puede negar la titulación a algún alumno cuando este tenga un suspenso si así lo deciden. La presidenta de la FAPA cree que este precento (el apartado cuatro de esta trigésima instrucción) contradice a la Lomloe y coloca al profesorado por encima de los dictados de una Ley Orgánica; algo que no es posible.
«Los que nos preocupa a las familias es que la Consejería de Educación, explica Maldonado al teléfono, está más preocupada por esquivar al Ministerio por cuestiones ideológicas que de atender las necesidades de las niñas, niños y jóvenes de la Región». Marisa Maldonado reclama que haya recursos suficientes para que todas las escuelas públicas tengan la misma calidad de manera que no haya que elegir centro porque todos son igual de buenos.
