La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid afirma que 675 alumnas y alumnos se verían afectados tras la decisión del Gobierno Regional de reconvertir las escuelas infantiles 0-6 años en escuelas exclusivas para el ciclo de 0-3 años, con el argumento de aumentar las plazas en este grupo debido a una alta demanda.
Tras presentar un recurso contencioso administrativo contra la Orden de la Consejería de Educación que supone el cierre gradual del segundo ciclo infantil de nueve escuelas, Isabel Galvín, secretaria general de la Federación, señaló para El Diario de la Educación que se trataría de una decisión ideológica y unilateral del Gobierno de Madrid, que no se justifica. Agrega que estas escuelas funcionan de manera exitosa, tienen una alta demanda, incluso listas de espera, por lo que, para ella, no tiene sentido “desmantelar algo que funciona”.
La reconversión de estas escuelas infantiles: La Jara, Zofio, Zaleo, Los Ángeles, La Plazuela, Girasoles, San Fermín, El Carmen y Títeres, dejaría sin trabajo a 45 empleados, entre maestras y educadoras infantiles, de inglés y pedagogía terapéutica. Las mismas que hoy a través de la Federación señalan no fueron consideradas en ninguna negociación colectiva para tratar esta decisión que les afecta directamente.
En noviembre de 2021, se informó a las direcciones de las escuelas infantiles de que el proceso sería progresivo e iniciaría con el curso 2022-2023. Se indicó que “se suprimirían las plazas para alumnado de 3 años, quedando escolarizado el de 4 y 5 años para, el año siguiente, suprimir las unidades para 4 años, y al siguiente las de 5 años”. Galvín afirma.
La sindicalista explica que la decisión no puede obedecer a temas de dinero debido a que “el Consejo de Ministros acaba de aprobar, para la Comunidad de Madrid, 53,6 millones de euros para financiar 5.250 plazas públicas de 0 a 3 años”. Considera que se trata de una imposición, pues no se negoció con los agentes adecuados.
“Claramente se están priorizando a centros privados que han estado muy afectados por la pandemia, pero la idea realmente sería que no se actuara en detrimento de la escuela pública”, aseveró Isabel, e hizo un llamado a respetar la decisión de las familias que escogen el modelo educativo en el sector público como una opción para sus infantes.
Sensibilidad con la infancia
La presidenta de la APA de la Escuela Infantil Zofio, Paloma Nuñez, ve la decisión con indignación y tristeza, pues considera que se trata de “un acto de falta de sensibilidad con la infancia y sus necesidades”. Explica que desde que se dio a conocer la decisión del Gobierno de Madrid, las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de las escuelas afectadas han intentado que la medida sea reconsiderada por las autoridades.
El más reciente recurso fue presentado, por tercera vez, el 10 de marzo de 2022, por la APA a la que representa y se trata de una solicitud de reunión urgente con la titular de la Dirección de Área Territorial (DAT), Corál Báez Otermín. Nuñez señala que ha sido testigo de las comparecencias que se dan para sustentar la medida y en ellas expresan una realidad sobre las escuelas que no corresponde con la verdad. “No pueden decir que en las escuelas hay comedores diferenciados para los niños y niñas, que los directores no dicen nada o que en las escuelas no hay niños, no es verdad”.
También comenta que en diciembre de 2021 se solicitó tener acceso al expediente administrativo que regula esta medida. Sin embargo, no ha sido facilitado, por lo que desde el punto de vista de la ley de transparencia también se han presentado irregularidades. “Tenían 20 días hábiles para facilitarlo, pero a la fecha todavía no existe respuesta. Hemos reclamado al Consejo de Transparencia y ha sido admitido a trámite”, indica. Como padres buscan agotar todas las vías posibles, por lo que han solicitado reuniones incluso con grupos políticos, el Ministerio de Educación, el Defensor del Pueblo y más.
La representante de la APA Zofio manifiesta que lo que defienden las familias es el modelo educativo que ha demostrado ser eficiente, pues acompaña a la infancia de 0 a 6 años con una estructura que ha sido digna de reconocimientos y ha sido capaz de dar a luz a proyectos emblemáticos dirigidos a la transformación social y educativa. El proyecto INCLUD-ED; colaboraciones con universidades ofertando las aulas del segundo ciclo para la realización de las prácticas de Grado y Máster en Educación Infantil; actividades con la Fundación PROADE que benefician a personas afectadas por Alzheimer, pero también a los niños; entre otros.
La decisión ha sido calificada como arbitraria no solo las direcciones de las escuelas, maestras, padres y familias de los niños y niñas; sino que también ha sido rechazada por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, otras instituciones y el entorno social de las escuelas. A los ojos de Paloma sería un claro indicativo de que este no es el camino correcto. Está afectando a los infantes que incluso tienen necesidades educativas especiales y que requieren, por lo tanto, de un acompañamiento que es justamente el que se ofrece en estas escuelas.
Las familias piden que se respete la libertad de elección de centros educativos, algo que está regulado por decreto. La decisión del Gobierno de Madrid significaría menores posibilidades para los tutores de estos niños y niñas. “Vivimos en la Comunidad de Madrid que lleva por bandera la libertad, pero no puedo ejercerla al elegir un centro educativo”, asevera Nuñez.
