La discusión sobre el modelo de jornada de los centros educativos, a pesar de su importancia relativa para tres colectivos bien diferentes, suele quedar en un lugar discreto, en un segundo plano. Es una decisión que en un momento dado las administraciones educaativas decidieron delegar en los centros educativos y son estos, con diferencias entre comunidades autónomas, los que deciden si pasan de la jornada partida a la continua.
Son tres los sectores afectados por esta decisión: alumnado, familias y profesorado. En el caso del primer grupo, a pesar de los muchos estudios que se han realizado, no parece haber una evidencia clara sobre los efectos de cada una de las dos opciones en su bienestar o en su rendimiento académico. Lo que sí parece claro es que dependiendo de la edad del alumnado, por ejemplo, su atención varía en función de las horas del día. Cuanto más jóvenes, más se produce en parte de las horas de la mañana para disminuir a final de mañana y volver a aumentar a primeras horas de la tarde. Entre el alumnado adolescente, sin duda, las primeras horas de l amañana son las peores, frente a las primeras de la tarde.
Para las familias, las jornadas lectivas continuas son un problema importante a la hora de poder conciliar con sus trabajos. En muchos casos obliga a que, principalmente las madres, tengan jornadas parciales o pierdan horas de trabajo o tengan que invertir ciertas cantidades de dinero para sostener jornadas que duran hasta las 14.30 o 15.00.
A pesar de estas dos situaciones, según parece, el profesorado, en su inmensa mayoría, cree que la jornada continua beneficia principalmente a ambos colectivos. Para Marta Ferrero, maestra y profesora de la Universidad Autónma de Madrid y una de las investigadoras que han elaborado el informe, esto se debe a varios factores.
En los centros en los que se hace una recogida de datos para conocer el efecto de la jornada, estos datos suelen estar sesgados. Por ejemplo, para saber la repercusión sobre el rendimiento, según la investigadora, se suelen utilizar elementos subjetivos como encuestas o la valoración de las evaluaciones que el propio docente realiza. Según Ferrero esto produce «lo que en psicología se llama el sesgo de confirmación».
Por otra parte, está el hecho de la investigación que ya existe sobre los efectos de las diferentes jornadas. «¿Ignoran la investigación?, se pregunta Ferrero. No, pero desconocen los estudios existentes». Para ella (y es uno de sus caballos de batalla), falta formación docente informada en relación a evidencia científica. El profesorado por lo general no conoce la existencia de esta investigación, ni dónde buscarla ni tiene herramientas para poder discriminar entre la investigación buena y la que no lo es o para interpretar los datos que se le ofrecen.
El mayor impacto, sobre quien más difícil lo tiene
Una de las novedades de este estudio es la utilización de datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, en sus diferentes oleadas. Con ellos, sale a la luz que la mayor parte de las jornadas continuas se producen en centros educativos públicos y, dentro de estos, afecta más a familias de contextos socioeconómicos deprimidos. Esto es un problema porque para lo que sí hay evidencia es para afirmar que cuanto más tiempo de exposición a la escuela, mejores resultados obtienen los chavales. Y por tiempo de exposición, se habla de tiempo de permanencia en el centro. Incluso más allá del tiempo lectivo.
En este sentido, el informe recoge evidencia de otros trabajos sobre el hecho de que el alumnado matriculado en centros con jornada contínua tiene menos posibilidades de participar en actividades extraescolares en centro una vez terminado el horario de clases. En un momento, además, en el que las familias están haciendo importantes esfuerzos y en el que se mira a estas actividades como uno de los focos de aumento de las desigualdades sociales.
Según los datos recogidos en por EsadeEcPol en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades en la que más se ha desarrollado la continua, el 37 % de los centros tiene jornada continua, y el resto, partida. Pero cuando se desagregan estos datos en función del nivel socioeconómico de la familia, las cosas cambian mucho.
Esta es una situación, como explica Lucas Gortázar, otro de los investigadores, que se podría explicar por el hecho de que las familias de niveles socioeconómicos más alto están más informadas y tienen mayores posibilidades para recabar los datos necesarios como para hacer presión para que la jornada siga siendo completa, y no continua.
Uno de los problemas que ve Ferrero en este sentido es el hecho de que las administraciones hayan decidido no intervenir en la toma de decisión sobre el tipo de jornada de los centros, ni siquiera para proveer de la información que sería relevante para que tanto docentes como familias pudieran tomar una decisión basada en datos fiables. Ferrero, de hecho, ha pasado por la situación de que en el centro educativo público en el que estudia uno de sus hijos se haya dado el debate. Teniendo claro que el profesorado no tiene mala fe, sí notó que la información que facilitaban a las familias estaba sesgada y así se lo hizo saber. En la votación (que presumiblemente se repetirá dentro de cuatro años como manda la norma en Madrid) salío positiva para mantener la jornada completa.
Los investigadores sostienen que en los últimos tiempos, el proceso de cambio de jornada se ha acelerado por causa de las meddias tomadas para hacer frente a la pandemia. Principalmente al hecho de que durante estos dos cursos se haya pasado a una jornada continua para hacer que el tiempo de exposición de menores y docentes fuera menor. Tras este tiempo, muchos centros han decidido abrir procesos de votación para ver la posibilidad de mantener esta situación más allá de las medidas «anticovid».
Impacto sobre las mujeres
Los investigadores lanzaron una encuesta a los centros educativos de todo el país a la que respondieron alrededor de 2.500 profesionales. Se trata de una muestra grande, aunque no representativa en realidad de todo el colectivo. En cualquier caso, la mayor parte de este colectivo cree que la jornada continua ayuda a la conciliación de las familias. Pero las cosas en realidad son diferentes.
Es la jornada completa o partida la que favorece el acceso y permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo en mayor medida. Son ellas las que solicitan reducciones de jornada para poder hacerse cargo de sus hijas e hijos una vez terminan las clases.
Según la información que han recabado los investigadores de estudios realizados en otros países sobre el impacto de la jornada escolar en el empleo de las madres, queda claro, además, que esta relación beneficia o perjudica en mayor medida a las mujeres de hogares con bajos niveles educativos o de ingresos. Como explican los investigadores: «En resumen, una jornada escolar amplia favorece la reducción de la desigualdad de ingresos entre hogares de distinto nivel educativo y también la desigualdad de género dentro de los hogares».
Algunas posibles soluciones
EL informe apuesta por la necesidad de que la jornada escolar deje de ser continua en los centros en los que ya lo es y para ello propone algunas medidas que podrían ayudar. Entre ellas, por ejemplo, que las administraciones públicas invirtieran alrededor de 2.000 millones de euros en los próximos cinco años para la puesta en marcha de comedores escolares en los centros de infantil y primaria en donde todavía no existen.
Junto a esta apuesta por la infraestructura, los investigadores también defienden la ampliación de las becas de comedor para que lleguen al 40 % de las niñas y niños y su cuantía sea mayor. Para ellos creen que habría que invertir 265 millones de euros.
También hablan de una compensación económica para el profesorado por ampliación de las horas semanales de permanencia en centro que hicieran posible esta partición de la jornada lectiva. El objetivo es que pasaran de las 30 horas obligatorias de permanencia a las 35. Para ello proponen un pago de 2.000 euros por docente y año.
