El empeoramiento de las condiciones laborales del personal docente e investigador, también del de administración y servicios, no es ninguna novedad desde hace algunos años. Numerosas han sido las informaciones desde, sobre todo 2010, que han dado la voz de alarma sobre salarios irrisorios y condiciones draconianas para el personal que da clase e investiga en las universidades españolas.
Se trata de una situación que no afecta, ni de cerca, solamente a España, sino que es una tendencia bastante extendida en otros países, de nuestro entorno cercano, pero no solo. También en América Latina la situación del profesorado universitario es precaria. Entre otros motivos, por la privatización de este sector educativo. La región sudamericana es, en el mundo, la que mayor tasa de privatización de universidades tiene. Al menos, así lo ha asegurado Yamile Socolovsky, responsable de Educación Superior e Investigación de la IE en América Latina (IEAL).
Tanto ella como David Edwards, secretario general de la Internacional de la Educación (IE) y Encina González, secretaria de Universidad e Investigación de FECCOO Estatal han celebrado esta mañana una rueda de prensa en Barcelona en el marco de la celebración de la Conferencia Mundial de Educación Superior de Unesco. El motivo, señalar algunos de los problemas más importantes de la educación superior que, según han comentado, parece que quedarán fuera deprograma de la Conferencia.
Problemas
Los problemas de la universidad, desde el punto de las centrales sindicales, se encuentran principalmente en la pérdida de condiciones dignas de trabajo en el personal docente de los centros de educación superior. La precarización de este sector supone, como explicó González, que en España no sea hasta los 45 años que alguien ve estabilizada su carrera profesional en la universidad. Esta es la razón de que sea complicado que la educación superior atraiga a personas jóvenes que hagan el relevo necesario.
Salarios bajos y concatenación de contratos temporales que, como explicaron tanto González como Edwards afecta principalmente a las mujeres, que se llevan la peor parte. Como comentó la responsable de CCOO, además de esto, ellas publican sus investigaciones en revistas más prestigiosas que ellos pero tienen menos citas (cosa que impacta también en sus condiciones de trabajo).
La mercantilización es otro de los problemas que han señalado los tres líderes sindicales. Uno de sus puntos importantes está relacionado con los requisitos, tanto en España como en buena parte del mundo, de que el personal docente e investigador, realice publicaciones en revistas prestigiosas e indexadas. Algo que repercute en sus condiciones salariales. Esta circunstancia supone que, explicó Socolovsky, que unas pocas editoriales de estas mismas revistas reciban importantes cantidades de dinero público que se paga para que este personal pueda publicar el resultado de sus investigaciones. En muchos casos, además, estas mismas editoriales cobran importantes sumas de dinero para permitir que otras y otros investigadores puedan leer estos mismos artículos.
Además de esta situación con las revistas indexadas, la situación de la pandemia y el cierre de centros universitarios durante varios meses en todo el mundo obligó a lo que en su momento el ministros Castells llamó enseñanza híbrida, es decir, a que las universidades rápidamente intentaran responder a esta situación a través de la digitalización de sus cursos. Una digitalización acelerada que, como denuncian los sindicatos, ha supuesto que muchas empresas tecnológicas hayan aprovechado para hacerse con parte de un nicho de mercado que mueve muchos millones de euros anualmente.
Como explicó Encina Gonzáles, la «digitalización ha consistido en poner lo mejor de cada quien sin que haya garantía de calidad de la enseñanza», a lo que se suma un sobreesfuerzo continuado durante muchos meses, una cierta exposición de la vida privada del profesorado y un empeoramiento de las condiciones de trabajo.
A esto, Edwards unió el negocio que supone «la recolección de datos a través de la huella digital del alumnado»; una huella que se produce por el uso de aplicaciones y redes privadas en vez de públicas y basadas en código abierto. Para él, los gobiernos deben proteger al alumnado y «deben ir más allá del enfoque comercial basado en datos».
Finalmente, el otro gran problema señalado por los representantes sindicales es la privatización de la universidad. Por una parte, con la proliferación de una gran cantidad de centros universitarios creados y gestionados por empresas privadas (como recordaja Yamile Socolovsky, América Latina es la región del mundo con más universidades privadas), como es el caso, como comentó Gonzáles, de Madrid y Cataluña en los últimos años.
Socolovsky sostuvo que es esencial una universidad pública «especialmente de los países de la región para superar obstáculos históricos que condicionan a nuestra población de llegar a condiciones dignas de vida».
Los tres dirigentes sindicales han exigido que estas situaciones tengan reflejo en el desarrollo de la Conferencia. Han denunciado que la agenda de este encuentro no es transparente y que no está claro qué tipo de declaración acabará publicándose una vez que termine y hasta qué punto la Unesco se verá obligada a seguirla.
Por eso han pedido tener más espacio en su desarrollo y que cuestiones relacionadas con la inversión pública o la mejora de las condiciones de trabajo (dignas y en libertad) tengan un peso importante en los debates.
LOSU
Sobre el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario que presentó hace unos días el ministro de Universidades, Joan Subirats, Encina González ha asegurado que todavía están valorando el texto pero que le parece «prolijo en ciertos temas y generalista en otros». Al sindicato le preocupa la financiación y el porcentaje sobre el PIB (que no se sabe si saldrá del Gobierno o de las CCAA) y que «se aleja de las medias de la UE y la OCDE».
También aseguró que queda perfilado todo lo que tiene que ver con el personal y se obvia la negociación con los representantes de los trabajadores. «No se constituye la mesa de negociación, dijo, y se deja en las CCAA la legislación».
González cree que esa posible desregulación por falta de claridad en el texto pueda suponer la creación de diferentes sistemas universitarios dependiendo de las comunidades autónomas, que no se contemple en el texto nada relativo al Estatuto del PDI o que haya poca definición en la posibilidad de que las matrículas sean gratuitas. También señala la preocupación de que el texto de la ley no haga un mayor control sobre la proliferación de universidades privadas y que, al no ser muy definida, sus desarrollos posteriores puedan suponer que se dé la vuelta al sentido del preámbulo de la ley.