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Pocas son las novedades del RD de requisitos mínimos de los centros (espacios, ratios, titulación del personal, etc.) que rige en los centros desde la educación infantil hasta la FP. Uno de los detalles novedosos es la puesta negro sobre blanco de las ratios en el primer ciclo de infanti. Unas ratios que, en la mayor parte de las comunidades autónomas ya estaban finadas.
Ahora, las aulas de 0 a 1 año, podrán tener un máximo de ocho criaturas; las del segundo curso (1 a 2 años), hasta 12, y las de tercero (de 2 a 3 años) no deberán sobrepasar las 18 niñas y niños. En la mayor parte de las autonomías esta era la ratio que ya estaba manejándose. Una cantidad de criaturas por unidad que sobrepasa, con mucho, las recomendaciones de la Unión Europea para estas edades, como señalaba CCOO hace unos días en un informe, precisamente, sobre el primer ciclo de esta etapa: 0-1 años, cuatro criaturas; 1 a 2 años, seis, y, de 2 a 3 años, ocho. Es decir, la ratio en España sería el doble o más alta de lo recomendado.
El resto de las etapas quedan como hasta ahora: 25 estudiantes para primaria; 30 para secundaria y 35 para bachillerato. Sobre estas ratios, el RD estipula que deberan tener «un número acorde con sus necesidades educativas», las de los alumnos, se entiende. Pero no se especifica cuáles son esas necesidades y de qué manera podrían variar la ratio por unidad.
En este sentido, CCOO habla de que el alumnado con necesidades cuente como dos al calcular las ratios. Y en este sentido señala que como necesidades habría que computar las siguientes: «Necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastornos del desarrollo del lenguaje, trastornos de atención, dificultades específicas de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades intelectuales, incorporación tardía al sistema educativo y otras condiciones personales o de historia escolar o con necesidades de compensación educativa».
A esto hay que sumar que tampoco se especifican los apoyos, sean humanos o materiales, para hacer una atención correcta a estas chicas y chicos y quedan al albur de las comunidades autónomas.
Sobre la educación infantil, portavoces de la Plataforma en Defensa del 0-6 critican que la etapa siga dividida en dos ciclos diferentes y que se mantengan titulaciones diferenciadas. Desde la entidad llevan años luchando para unificar los estudios universitarios y los de formación profesional, por razones de lo que en cada uno se estudia y, además, por la influencia negativa en las condiciones laborales que han de sostener las y los profesores técnicos de Educación Infantil.
También se estipulan algunas medidas mínimas sobre la oferta de vías de bachillerato que deben cumplir los institutos teniendo en cuenta los cambios establecidos por la Lomloe.
El RD también hace un guiño a los centros que imparten educación a distancia. Son solo un par de artículos que obligan a que el profesorado tenga la misma cualificación que en la modalidad presencial, así como que posean instalaciones adecuadas para que el alumnado pueda realizar las prácticas correspondientes a sus estudios. También señala el nuevo artículo 21 que las autorizaciones autonómicas para centros a distancia solo afectarán a sus territorios. Queda sin legislar, en este sentido, la ratio máxima que un docente, por ejemplo, de algún ciclo de FP a distancia, puede tener al mismo tiempo.
Flexibilidad y autonomía
El texto del RD hace un par de menciones que parecen dar mayor carta de naturaleza a actividades y organizaciones dentro de los centros educativos en los últimos años. Particularmente, a algunas que fomentaba ya la LOE, también la Lomce y, ahora, con mayor peso, la Lomloe y que, comunidades como la Valenciana, han llevado a sus últimos términos.
La organización de las enseñanzas de primer curso de la ESO en ámbitos, que ha generado y genera un debate muy acalorado y enconado en aquel territorio, recibe un nuevo empujón de apoyo desde el Ministerio, al menos, con una nueva disposición adicional, la décima, en la que se hace referencia expresa a agrupaciones de alumnos para cosas como experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas, planes de trabajo, ampliaciones del horario lectivo de ámbitos, áreas y materias, codocencia o grupos flexibles, entre otras posibles organizaciones. Todas ellas son posibles pero, dice la norma, «no pueden superar el máximo ( de ratio de alumnado) establecido por unidad».
Hasta el próximo viernes 15 de julio se pueden enviar las aportaciones o alegaciones necesarias al correo gse.educacion@educacion.gob.
