El y la coordinadora de bienestar es uan figura que nació de la mano de la Ley integral de protección de la infancia, conocida como Lopivi. Una Ley aprobada hace más o menos un año y que, desde entonces, no ha visto cómo se desarrollara la normativa que debía dar carta de naturaleza a una de sus muchas apuestas, la creación esta nueva figura en los centros educativos.
Entre sus funciones, principalmente la de crear programas de prevención de todo tipo de violencia contra la infancia y la juventud, la vigilancia del bienestar de estas niños y niños, tanto en las escuelas como en sus casas; la comunicación con los servicios sociales y, en caso de ser necesario, con las autoridades; la supervisión de una correcta alimentación, de una convivencia sana en las aulas… y un etcétera más o menos largo.
La Ley dejaba claro que tendría que ser las administraciones autonómicas educativas las que desarrollasen del todo esas funciones apuntadas en su articulado, así como determinar los perfiles profesionales que deberían ejercer dicha coordinación; sus recursos económicos, horarios, etc.
La realidad, nuevamente, se ha impuesto a la idea. En buena parte de las autonomías no se ha desarrollado ninguna norma específica para el desarrollo de estos perfiles profesionales. En otras, como la Comunidad de Madrid, sí se ha hecho. Ha caído en manos del personal docente ya existente en los centros: sin horas de dedicación, sin un complemento económico y con una formación a distancia, no tutorizada de 20 horas en total.
Para Nacho Guadix, responsable de Educación de Unicef, una de las organizaciones que más ha colaborado en la redacción de la Lopivi, la figura de la o el coordinador de bienestar es importantísima, fundamental. Máxime después de más de una década de constantes crisis económicas y una pandemia que han dejado a las familias en una posición muy complicada y con un importante aumento de los problemas económicos y de salud mental en buena parte de la sociedad.
Es un férreo defensor del papel que debe jugar esta coordinación en los centros pero admite que este año que empieza no se van a ver los resultados que esperaban para su desarrollo. Una opinión similar tiene Carmela del Moral, técnica de Save the Children, otras de las organizaciones que más han presionado y apoyado la aprobación de la Ley y de esta figura.
Carlos Sánchez, secretario de la Asociación de PTSC de la Comunidad de Madrid se muestra muy crítico. No tanto con la figura o la Lopivi, que entiende como fundamentales. Pero sí con el hecho de que la administración autonómica no haya hecho una apuesta valiente por dotar de recursos personales, económicos y de tiempo a quienes tienen que llevar a cabo esta importante labor.
También critica el hecho de que para la redacción de la ley no se haya tenido en cuenta a las y los profesionales que hasta ahora estaban desarrollando en los centros las labores que dan carta de naturaleza a las y los coordinadores de bienestar. Para él, es el caso de quienes trabajan en los departamentos o servicios de orientación. Profesionales del trabajo social, de la educación social, la psicología o la psicopedagogía. Defiende que debería multiplicarse el número de PTSC en el sistema educativo (por tres o cuatro, asegura) para que pudiera haber, al menos, uno por centro y, de esta forma, poder hacer frente a todas las exigencias que pone sobre la mesa la ley.
Voluntarios u obligados
Estas son las dos posibilidades para que alguien en un centro educativo llegue a ser, al menos en Madrid, la coordinadora de bienestar. Así lo explica Julia (nombre ficticio), docente en esta comunidad con cargo directivo. «No tenemos complemento salarial, por tanto las que nos sumamos somos o voluntarias u obligadas por las direcciones», lo que en la prática supone que no hay un criterio profesional para el ejercicio de este puesto.
Según comenta Julia, el curso de 20 horas, digital y sin tutorización ha consistido en recibir información sobre legislación y posibles derivaciones a otros servicios pero, al no ser profesionales quienes ostentan estos cargos, «nuestro criterio no es el de un servicio especializado», lo que puede suponer que hagan demasiadas derivaciones o demasiado pocas. «Si tenemos poco tiempo, poca formación y ningún sueldo, ¿en qué expectativa de éxito se basa nuestra figura? Es un espejismo», resume esta docente.
Para Del Moral no es tan básico que este cargo lo ostenten perfiles determinados de profesionales, pero sin duda es necesaria una buena formación previa en relación a diferentes tipos de violencia que pueda estar sufriendo la población menor de edad.
A Julia le tocó porque en su centro prefirieron que fuera el equipo directivo el que asumiera la tarea dadas las circunstancias. En otros lugares, la decisión la ha tomado la Administración pública. En Aragón, por ejemplo, quien ostentara la coordinación de convivencia ha sido la persona que asume desde este mes la de bienestar. Esta última absorve parte de las funciones de la primera, pero suma muchas otras características y obligaciones que, nuevamente, no tienen más que una hora de dedicación semanal, no están pagadas y no reciben más apoyo en función del tamaño del centro.
Arantza Palaín es PTSC en Zaragoza. En su centro han tenido la «suerte» de que ella haya asumido el cargo. Está contenta porque entiende que, por su perfil, lo tiene más fácil. Ella tenía formación previa, por sus estudios, que ayuda y, además, hace algún tiempo que realizó un curso en la UNED para asumir el puesto. Lo ha pagado de su bolsillo y lo hizo en su tiempo libre. En Aragón, a día de hoy, todavía no se conoce cuándo harán la formación habilitante, de 30 horas.
En el IES Ramón y Cajal, también de Zaragoza, trabaja Alberto Martínez. Es profesor de Geografía e Historia y es el coordinador de bienestar, como antes lo fue de convivencia. Las vueltas de la vida lo llevaron hace 20 años a interesarse por los temas de convivencia cuando trabajaba en Castilla-La Mancha. Está contento e ilusionado con realizar este trabajo con las y los chicos de sus centros. Ha montado proyectos de alumnos ayudantes desde hace muchos años. Tiene toda la experiencia del mundo en este sentido. Por eso reclama no solo que se pague un complemento espefícico como se hace con otros proyectos como el de bilingüismo o el de tecnologías, sino que se considere esta coordinación como si fuera la jefatura de un departamento, lo que supondría que este perfil tuviera tres horas semanales para hacer el trabajo, como pasa con otros proyectos, insiste, como el del bilingüismo o el de la tecnología.
La administración, cree, no apuesta de manera suficiente por la convivencia. Las pruebas son claras en este sentido. Además de reclamar las horas y el complemento para poder atender a chicas y chicos como se merecen y que no quede todo en algo cosmético, reclama que este perfil reciba también la ayuda de otros compañeros del centro. en su caso, agradece que, aunque él es el coordinador de convivencia, siempre se ha visto apoyado por una media de 12 profesores de un claustro de 50.
Este personal, según cuenta Carlos Sánchez, se enfrenta a que, en los útlimos dos años, por culpa de la pandemia y la crisis posterior, ha habido un importante aumento de casos, por ejemplo, de intentos autolíticos. En este sentido, asegura que durante el curso 2020-2021 se contabilizadon 400 casos en Madrid y en el primer trimestre del curso siguiente se tomaron nota de otros 400. La misma cantidad en un tercio menos de tiempo.
Está claro que la situación de la infancia y la adolescencia, que los problemas de salud mental y sus derivaciones, así como el impacto que llevan recibiendo desde hace más de una década, están teniendo un impacto grande en su bienestar. Tanto como para que se haya redactado la Lopivi. El caso es que, como comenta Guadix, «nos duele este año sin abordar», por parte de las comunidades autónomas, la organización de estas figuras en los centros.
Para Unicef, según explica, es fundamental que, más allá de la propia figura de coordinadora, se haga un importante ejercicio de formación en tres niveles. Uno inicial que fuera para todo el centro educativo en relación a las posibles situaciones de violencia o desventaja que se pueden vivir en los colegios e institutos. Otro nivel, habilitante, pensado para quienes van a ejercer el cargo y, el tercer nivel, de especialización pensado para los centros que estén condiderados como de difícil desempeño.
Se va a quedar en nada
Desde el punto de vista de Guadix, la nueva figura es muy superior a las anteriores coordinaciones de convivencia, puesto que tiene otras muchas funciones más allá de la mera convivencia. Pero necesita que se desarrolle un cambio en la cultura de los centros educativos para pasar de un «qué pasa en mi centro» a un «qué les pasa a los chicos en mi centro», en el que participen los departamentos de orientación, los de dirección etc. en comunicación y coordinación con otros profesionales como los de salud o de cuerpos de seguridad que tendrán que poner en marcha las medidas oportunas.
Sánchez defiende que, en cualquier caso, no deberían ser docentes quienes ostentaran estos cargos. Se apoya en un informe del Consejo Escolar de Madrid que ya dijo que la figura idónea debía ser la del PTSC, así como también lo defienden desde la asociación de directores y directoras de centros públicos de Madrid, Adimad o desde Comisiones Obreras.
La idea es que estas figuras dediquen un 80% de su tiempo a la prevención, un 15% a la atención de casos y un 5% a la atención a las víctivas. Al menos es así como lo ve Guadix, quien explica que si no se hace así, lo más seguro es que acabe invirtiéndose la pirámide.
Eso sí, conviene en que «no se ha priorizado como nos gustaría». Guadix asegura que las cifras estadísticas hablan de situaciones muy complicadas en los centros. Solo hablando de acoso y bullying, según sus datos, estos los sufren el 30 y el 20% del alumnado. «Parece que ha habido poca previsión», concede Carmela del Moral, al hablar del plazo desde la aprobación de la Lopivi hasta este mes de septiembre y el hecho de que haya autonomías que todavía no han perfilado el peusto ni realizado las formaciones necesarias.
Del Moral cree que la figura del coordinador de bienestar tiene una gran importancia como agente de transformación de la realidad de las y los niños y adolescentes. Pero «no puede ser una tarea más entre todas» las que ocurren en un centro. Son necesarios recursos económicos y personales, además de una potente formación previa. «Parece, afirma, que no ha sido una prioridad», a pesar de que la ley se aprobó con el voto favorable de todo el Congreso.
«Los centros están desnudos de recursos», asevera Sánchez, quien vaticina que el coordinador de bienestar «no va a ir a ningún lado», precisamente porque no hay complemento en nómina, no se descarga de horas lectivas a quienes tienen que ejercerlo y la formación es insuficiente.
En este sentido, Alberto Martínez explica que, a su labor como coordinador de convivencia y ahora de bienestar, hay que sumar sus 20 horas lectivas habituales, más dos de guardias en aula y otra de recreo. Critica que la Administración redacte leyes y protocolos, cree perfiles de un tipo u otro pero luego no les dote de contenido, ni tiempo ni de recursos y que, después, cuando ocurre algo, la autocrítica se quede en que no se aplicaron los protocolos debidamente. Para él, si las consejerías de Educación se preocupasen verdaderamente por la convivencia y el bienestar de chicas y chicos, harían un esfuerzo en recursos personales y económicos. «No digas que te has preocupado sin hablar de tiempo y de dinero», termina.
