A pesar del revuelo mediático al que suele dar lugar un caso de pederastia, la profundidad alcanzada por el abuso sexual infantil continúa siendo una realidad invisible para el común de la población. El fenómeno, lejos de ser considerado como tal, suele presentarse a ojos del lector, oyente o espectador como un suceso aislado, que poco o nada tiene que ver con la cotidianeidad que reflejan los estudios. De acuerdo con las cifras manejadas por la Fundació Vicky Bernadet, entidad especializada en la atención integral, prevención y sensibilización de los abusos sexuales a menores cometidos en el ámbito familiar y el entorno de confianza, cerca de un 25 % de las niñas y un 15 % de los niños en Europa, Estados Unidos y Canadá sufre abusos sexuales antes de los 17 años. El desconocimiento al respecto conduce a que en torno al 60 % de las víctimas no llegue a recibir nunca ningún tipo de ayuda.
“La infancia es la gran desprotegida en nuestra sociedad”, afirma sin complejos Beatriz Barrera, portavoz de la Fundació. En ocho de cada diez casos de abuso sexual infantil el autor pertenece a la familia del menor o a su ámbito más próximo y es una figura de referencia por lo que el abuso de poder resulta, en estos casos, más sencillo de cometer.
En cuanto al papel de la escuela y el profesorado, Barrera lo tiene claro: el fenómeno presenta una doble cara. Por un lado, como adulto que forma parte del círculo de confianza del niño el maestro o maestra puede convertirse en potencial abusador. “Pero ojo, no siempre es así. De hecho, también son círculo protector y, por tanto, figuras clave en la detección de estas violencias por parte de otro adulto de su entorno”, concluye Barrera, no antes de exigir “muchísima más implicación política” y “campañas de sensibilización permanente”.
Si hay un ámbito en el que el abuso sexual infantil ha aparecido reflejado a nivel mediático con mayor contundencia en los últimos años es, sin lugar a duda, la Iglesia católica. Medios de comunicación como El País se han convertido, ante la falta de estudios oficiales, en la fuente primaria de esta cuestión. Así, según su último informe, es posible sentar las bases en cuanto a la gran magnitud del fenómeno en el estado español: 906 casos y 1.713 víctimas desde los años 40 del siglo pasado. La gran dificultad, reconocen los propios periodistas encargados de la investigación, Íñigo Domínguez, Julio Núñez, Daniele Grasso y Javier Galán, es que “la Conferencia Episcopal Española se niega desde hace años a investigar el problema y admite que nunca ha contado los casos que conoce, aunque de todos modos asegura que son muy pocos”. Además, el papel de los distintos gobiernos en España tampoco ha sido, al menos hasta la fecha, de gran ayuda. “El Estado nunca se ha preocupado por la cuestión”, añaden. El resultado de la escasa voluntad por parte de las instituciones es que no hay ninguna estadística que permita conocer la verdad y aproximar realmente el número total de casos. Mucho menos poner rostro a sus autores.
En una entrevista concedida a El Diario de la Educación, Teresa Conde, docente y víctima de abuso sexual infantil a manos de Domingo Ciorda Azcona, un religioso de la orden de los Trinitarios de Salamanca, señala la falta de apoyo y un mayor grado de implicación por parte la propia Iglesia como las claves que han permitido a los abusadores seguir ejerciendo con total libertad. “La Conferencia Episcopal ya ha dicho muchas veces que no iba a tener un papel activo en las investigaciones. Siempre lo han sabido y nunca han hecho nada. Nunca les ha importado. Primero lo han ocultado de forma sistemática, luego le han restado importancia y ahora, que parece que empieza a reconocerse públicamente, ya han pasado demasiados años y legalmente ha prescrito”, asegura. Por el contrario, a tenor de lo expuesto por las víctimas, un primer paso para paliar el dolor provocado por los abusos debería ser “el reconocimiento de lo que nos han hecho, el daño tan terrible que nos han causado. Y deben hacerlo de forma pública. Deben reconocer que han sido negligentes y asumir todas las consecuencias de sus actos a nivel legal. Unos por cometer las violaciones y otros por ampararlas”.
La Iglesia ha ocultado los abusos sistemáticamente
En la misma línea, Conde carga contra unas instituciones públicas que, a su juicio, no han velado por el bienestar de las víctimas. “Queda mucho por hacer. Primero en el conocimiento de las consecuencias de los abusos. Y luego en cuanto a la voluntad de reparar el daño causado. Me gustaría que me dijeran que saben lo que me ha ocurrido y que me van a ayudar, que me van a pagar la terapia… En todo este tiempo he estado sola. He ido a terapia solo cuando me la he podido permitir económicamente. Y eso es algo que le ocurre a todas las víctimas”, lamenta.
Esta víctima pone de manifiesto las grandes dificultades a las que se enfrentan aquellos que han sufrido abuso sexual a manos de religiosos y pretenden elevar el caso a los tribunales. “La justicia no está siendo efectiva. Es más, lo tenemos todo en contra. Parece que los que estamos en tela de juicio somos nosotros. Hay quien, fruto de la desprotección, ha terminado por caer en depresión. Otros en el alcohol o las drogas. Luego van a denunciar y, por su condición, no les creen: ‘¡Qué dice el yonqui este!’. Conozco casos de este tipo. Se trata de desacreditarnos. Queda claro que la Iglesia sigue teniendo mucho poder en ciertas instancias”, remarca.
¿Pasos hacia adelante?
Tras su aprobación en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado mes de marzo, el Gobierno central ha puesto en marcha una investigación encaminada a esclarecer los abusos sexuales cometidos en nuestro país en el seno de la Iglesia católica. La iniciativa, encomendada al Defensor del Pueblo, cuenta con dos órganos de actuación diferenciados. Por un lado, una Comisión Asesora compuesta por “personas externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología y en la docencia” y cuyo fin no es otro que “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.
Por otro, una Unidad de Atención a las Víctimas, cuya labor es “atender y escuchar a las víctimas que acuden a exponer su testimonio”. Desde su puesta en marcha, esta unidad, que cuenta además con una estructura móvil e itinerante a lo largo y ancho de nuestra geografía, ha recabado ya más de 400 testimonios y dado lugar a 253 expedientes en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Pamplona, Vigo o Toledo.
Sin olvidar ni por un instante el bienestar de aquellos que han sufrido los abusos, Fernando García-Salmones, quien ha sufrido en sus propias carnes los abusos y es además portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), pone el foco en la importancia de esta iniciativa para impedir nuevos casos: “Que el Gobierno haya decidido dar un paso adelante e iniciar esta investigación es un avance enorme para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Son personas confiables, discretas y están haciendo muy bien su trabajo. Resulta necesario que las víctimas pierdan el miedo a acudir a ellas y contar su experiencia”.
“En la actualidad resulta mucho más sencillo reconocer este tipo de abusos. En mi vida habría podido imaginar que una figura como el Defensor del Pueblo se fuese a encargar de nosotros. Tras reunirme con ellos me sentí liberada, menos culpable…”, explica Teresa Conde.
Ahora me siento menos culpable
Pese a la buena acogida por parte de la mayoría de las fuentes consultadas por este medio, existen asociaciones que mantienen una perspectiva crítica en cuanto a la labor del Gobierno español. Es el caso, entre otras, de Mans Petites. Este colectivo, nacido a raíz del sonado caso Maristas de Barcelona, tilda el proyecto de “partidista” y niega que el Defensor del Pueblo cuente con la confianza suficiente por parte de la ciudadanía para iniciar una investigación de este calibre. “El Gobierno continúa sin hacer bien su labor. El Defensor del Pueblo no cuenta aún con la confianza de las víctimas. Deberían haber sido más cercanos y, antes de nada, haberse reunido con las víctimas. El mal planteamiento conducirá a una mala investigación y esta a una simple estimación de los casos. Parece más bien un tema partidista”, lamenta Manuel Barbero, padre de uno de los menores abusados en el Colegio Maristas de la capital catalana e impulsor de la asociación.
La Iglesia católica española también ha iniciado sus pesquisas a través de una suerte de auditoría interna que lleva a cabo el bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo y que tiene por objetivo “conocer lo que ha sucedido y cuál ha sido y es la postura de la Iglesia en el ámbito de la prevención y la reparación a las víctimas”. El informe resultante, en el que trabaja un equipo multidisciplinar de hasta 32 miembros, recogerá en los próximos meses una serie de recomendaciones que permitan “poner en el centro a la víctima y evitar que vuelva a ocurrir”. Entre las figuras que colaboran en la investigación sobresalen Juan Pablo Gallego, abogado argentino artífice del encarcelamiento del primer sacerdote condenado por abusos a menores en Argentina; la reputada psicóloga Marina Peña, o personalidades como Manuela Carmena y Juan Luis Cebrián. Tal y como explican en el transcurso de la investigación, el bufete se ha entrevistado ya con las diferentes diócesis y órdenes religiosas, así como con las principales asociaciones de víctimas a nivel nacional. Además, hasta la fecha, han recopilado un total de 60 casos en su canal de denuncias, aunque reconocen que “solo conoceremos la punta del iceberg”.
Solo conocemos la punta del iceberg
En paralelo a la investigación del bufete Cremades & Calvo Sotelo, la Conferencia Episcopal lleva a cabo otras iniciativas encaminadas a mostrar su compromiso en la protección del menor. Entre ellas destaca la apertura de un buzón digital para denunciar los casos de pederastia a través de la web https://paradarluz.com/ o la puesta en marcha de diversas oficinas que trabajan en la prevención de abusos sexuales en las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales.
Tales iniciativas, no obstante, no terminan de convencer a las víctimas. Mientras desde Infancia Robada comparan este tipo de proyectos a “poner al lobo al cuidado de las gallinas” y exigen a los poderes eclesiales mayor colaboración con el Defensor del Pueblo, en Mans Petites lamentan la falta de implicación de las órdenes religiosas: “Estas investigaciones tienen siempre carácter voluntario para las órdenes, que son a quienes piden la información. Si muchas de ellas se niegan a hablar, las conclusiones no serán certeras”. De este modo reclaman, al igual que ocurre en otras lacras como la violencia machista, “situar el foco, abrir un debate social serio y alcanzar, de una vez por todas, soluciones prácticas y consensuadas entre las partes implicadas” para crear una “comisión de la verdad con nombres y apellidos”.
