Nos guste más o menos, ya estamos ante una nueva campaña electoral. Autonómicas, municipales y generales llegarán en este 2023. Ahora aparecerán los anuncios de las diferentes formaciones políticas para captar los votos de quienes estaremos llamados a depositarlos en las urnas. Pero la ciudadanía puede y debe ser proactiva, es decir, no solo limitarse a escuchar sino también proponer y demandar. Esta actitud me parece imprescindible, porque no se trata solo de que los partidos políticos nos ofrezcan sus soluciones, más o menos mágicas, para los problemas que pretendan resolver, sino que su papel debería ser mucho más de escucha que de predicamento.
Es más, creo que, en general, se nos repiten en cada convocatoria los mismos programas con pequeñas variaciones. A falta de conocer todos los que en este año nos trasladarán unos y otros, no espero grandes sorpresas en la mayoría de los temas, entre otras cosas porque la sociedad en general tampoco propone demasiado y, desde donde llegan propuestas, la repetición de demandas es bastante habitual. Es cierto que puede significar que no aparecen nuevas ideas, pero también que el tiempo pasa y las necesidades existentes siguen sin atenderse. Y ambas cosas son preocupantes.
Respecto de lo primero -nuevas ideas-, me gustaría encontrar en esta ocasión algunas propuestas novedosas, ambiciosas y, por qué no, llamativas. El tiempo pasa -nos hemos comido ya casi un cuarto de este siglo-, la sociedad evoluciona en muchos terrenos de forma rápida, y las nuevas generaciones se enfrentan a problemas no resueltos que han aparecido de forma reciente o que, siendo antiguos, se han enquistado por intentar enfocarlos siempre por vías que nunca se terminan de recorrer, sea cual sea la causa que lo provoque en cada caso. Me gustaría encontrar nuevos enfoques, arriesgando incluso en su formulación. Del riesgo se puede esperar evolución; de la seguridad solo rutina y, habitualmente, frustración de quien demanda soluciones.
Sobre lo segundo -necesidades históricas desatendidas-, deberíamos preguntarnos los motivos por los que no se toman medidas para abordarlas de una vez y cubrir adecuadamente esas necesidades. Para mí, es obvio que existen intereses ocultos, a menudo inconfesables, para que no se avance en su solución. Un ejemplo muy claro en el sector educativo es el tema de las cuotas “voluntarias” en los centros privados concertados. ¿Alguien piensa que seguirían existiendo si hubiera voluntad real de que desaparecieran y quienes las pagan no quisieran hacerlo de verdad?
Siendo obligatoria la gratuidad absoluta de las enseñanzas obligatorias se vulnera diariamente esa obligación legal y no pasa nada real
En este sentido, el de las cuestiones enquistadas, quiero prestar especial atención a algunas como ésta, que se han aceptado por buena parte de la sociedad y no debería haber sucedido tal cosa. Porque, en este caso, siendo obligatoria la gratuidad absoluta de las enseñanzas obligatorias en todos los centros sostenidos con fondos públicos, se vulnera diariamente esa obligación legal y no pasa nada real que vaya en la dirección de erradicar estos comportamientos.
¿En qué momento hemos aceptado como normal el copago en los centros educativos sostenidos con fondos públicos?
Sí, además de esas cuotas en los privados concertados, se cobran cantidades en todos los centros sostenidos con fondos públicos que por ley no deberían existir. Empezando por los libros de texto y los materiales curriculares, cuyo coste tienen que asumir las familias. En las etapas obligatorias, gratuidad absoluta significa eso, gratuidad absoluta. Dicho de otra forma, que todos los costes para poder impartir esas enseñanzas deben ser sufragados con fondos públicos.
Pero no es así. Desde los centros educativos -públicos y privados- se han entregado siempre los listados a las familias para que compraran todo lo que allí se refleja en cada momento, sabiendo que se vulnera con ello el mandato constitucional de gratuidad en públicos y privados concertados. Cuentan con la imposible negativa de familias -la mayoría en desacuerdo-, porque no tienen posibilidad de escapar a esta situación, y la connivencia de las administraciones publicas. Estas trasladan a las familias, por esta vía, gastos que deberían asumir directamente, pero, de esta forma, liberan partidas de sus presupuestos para otras cuestiones.
Cierto es que algunas comunidades autónomas han conseguido la gratuidad de los libros de texto para las familias, no así de los materiales fungibles. Otras, como en la que yo resido -Comunidad de Madrid-, se aprobó una ley que teóricamente garantiza la gratuidad, pero es engañosa porque sus topes de gasto por cada alumna o alumno son insuficientes para que la gratuidad sea real, dejando fuera directamente cuestiones como los materiales fungibles en la mayoría de los cursos.
¿Qué ocurre si las familias no compran los materiales? Pues que el alumnado se encuentra ante la más que segura posibilidad de no tenerlos y, con ello, de ver en peligro su derecho a la educación en las mismas condiciones que el resto de alumnado con el que comparte las aulas. Y, algo que también ocurre, las familias se encuentran ante lo que se podría considerar como un chantaje: o lo compras, o tu hija o hijo lo sufrirá.
Eso sí, no faltarán centros educativos que propongan a las asociaciones de madres y padres constituir cooperativas para pagar estos materiales, con el argumento de la rebaja de los costes y, en muchos casos, para que con estos fondos se atiendan también los costes de familias que no los puedan o quieran pagar, con lo que se cargan en el resto de las familias y no en la Administración educativa. El centro declina rápidamente gestionar esos fondos, metiendo a estas asociaciones, y a madres y padres a título personal, en una aventura con complicaciones legales y fiscales que dan frecuentemente disgustos a quienes no deberían tenerlos. Y con ello burla el mandato legal de no recibir fondos de las familias por cuestiones que deben ser gratuitas, como es el caso.
Espero que quienes gobiernen desde mayo en comunidades autónomas como la mía -es una competencia autonómica- cambien esta realidad, por lo que me gustaría ver propuestas en los programas electorales que enfrenten cómo solucionar estos asuntos de una vez.
¿Cuándo hemos asumido que las actividades complementarias deben pagarlas las familias?
Si no deberíamos aceptar por más tiempo lo anterior, también es sangrante que las familias tengan que aportar fondos para pagar los costes de las actividades complementarias, esas que se desarrollan como parte del currículo escolar y normalmente dentro del horario lectivo. Deberían ser gratuitas. Ahora bien, como las administraciones se curan siempre en salud, en las normas que mal regulan estas actividades se suele indicar que serán voluntarias y, si una familia no puede o quiere pagar esos costes, a su hija o hijo se le tendrá que dar una atención educativa adecuada de forma alternativa a la actividad complementaria. Estos menores quedarán habitualmente en el centro educativo, aunque también hay centros que les trasladan a las familias que ese día no los lleven a los centros para evitar que se queden solos en las aulas o tener que meterlos en aulas de cursos inferiores.
Todo ello es un despropósito. Que tengan coste lo es, porque deberían ser gratuitas en las enseñanzas obligatorias. Que se diga que son voluntarias para que el coste pueda quedar en el debe de las familias, también. Que una familia pueda negar a sus hijos e hijas participar en las mismas actividades educativas que el resto de su clase no debería ser posible cuando estas son para complementar el currículo oficial. Que un menor sufra exclusión de su grupo por motivos económicos, especialmente si se produce en la educación obligatoria, es una vulneración de los mandatos constitucionales. Y que haya centros educativos que se desentiendan de estos menores, dejándolos sin una atención educativa adecuada, es solo la gota inaceptable que colma el vaso. Además, que madres y padres, y sus asociaciones, pongan el grito en el cielo y se nieguen a seguir financiando esta realidad, o que simplemente lo insinúen, habitualmente provoca que se encuentren con el chantaje de “entonces no se harán”, algo que me ahorro de calificar, pero no es complicado que cada cuál lo haga y coincidamos en los términos que nos vengan a la cabeza.
Así que, dado que convivimos con una situación tan rechazable, espero que en los programas electorales aparezcan propuestas para acabar con esto. No es difícil, es solo cuestión de voluntad y de aportar la financiación suficiente.
¿Y por qué hemos asumido que los consejos escolares no pueden evitar tanto despropósito?
Según la legislación educativa, los consejos escolares son los órganos colegiados que controlan y gestionan (art. 27.7 CE) el funcionamiento de los centros educativos públicos y también, aunque con más limitaciones, de los privados concertados. Sin embargo, esto no ha pasado de ser una mera bonita declaración de intenciones en la mayoría de los casos. Especialmente doloroso es que esto siga siendo así en los públicos, puesto que al ser de titularidad pública no deberían existir reparos a la máxima extensión del mandato constitucional.
Todo lo anterior pasa en los centros educativos y los consejos escolares no son capaces de evitarlo. Que la Lomce iba a ser demoledora para la democracia escolar, lo sabíamos todas las personas que tenemos algún conocimiento de cómo funciona el mundo educativo. Quienes la promulgaron no solo lo sabían sino que lo buscaban. Le dieron un poder absoluto a las direcciones escolares con relación al resto de la comunidad educativa (no ante los responsables políticos de turno o los titulares de los centros privados concertados, claro), y que la Lomce haya llegado para poner freno a este desaguisado, no devolverá a muchos centros a un comportamiento democrático simplemente con su publicación en el BOE.
La Lomce no hizo personas autoritarias, simplemente les dio las herramientas para poder serlo sin obstáculos
Quienes no abandonaron la senda democrática por la aparición de la Lomce, no han tenido problema con la Lomloe. Pero quienes aprovecharon dicha ley para asumir ese poder e imponer su voluntad, olvidándose de que viven en una Democracia, tienen verdaderos problemas para abandonar esos comportamientos. Pero no seamos ingenuos, la Lomce no hizo personas autoritarias, simplemente les dio las herramientas para poder serlo sin obstáculos. Eso sí, el nivel de imposiciones hacia alumnado, familias y docentes ha aumentado, por desgracia. Y eso se enseña, así que con el tiempo lo habrían interiorizado los menores. La Lomloe podrá ayudar a evitar que suceda.
Así las cosas, cada vez es más habitual encontrarse comportamientos que, a falta de sentencias judiciales, se pueden observar cuando menos como dudosamente legales. Y cualquier oposición, incluso razonada legalmente, se encuentra con reacciones adversas furibundas en demasiadas ocasiones. Basta ver cómo se niegan derechos básicos de consejeras y consejeros escolares, tales como recibir los borradores de actas y documentos que vayan a ser tratados en una convocatoria de un consejo escolar; o la negativa a dar explicaciones a integrantes del consejo que deberían ofrecerse de forma obligada sin necesidad de ser demandadas; o cómo se ningunea a las familias convocándolas en horarios en los que se sabe que tendrán muchas dificultades para asistir (como medida de presión en muchas ocasiones), cuando la norma es clara en que ello no debería ser así; o se niega la cobertura de plazas vacantes en los consejos, obligada por norma; o se rechaza el cambio de representantes de las asociaciones, cuando la norma establece que puede hacerse en cualquier momento; o…
Así que, donde no se respetan los elementos básicos de la participación democrática, poniendo en cuestionamiento con ellos derechos constitucionales fundamentales como los de reunión, participación y asociación, ¿cómo nos vamos a extrañar que se vulneren mandatos de gratuidad o de no discriminación por motivos económicos? Por tanto, no quiero imaginar programas electorales que no aborden decididamente poner fin a este cúmulo de situaciones inaceptables que debemos erradicar de los centros sostenidos con fondos públicos.
Eso sí, yo soy de los que prefiere emplear el tiempo en buscar soluciones que en detectar culpables. Por ello, deseo que las propuestas sean en positivo y proactivas, que obliguen a actuar a toda la comunidad educativa de forma unida y cohesionada, pero también, y en primer lugar, a los responsables políticos que desde mayo vayan a gestionar la educación en las comunidades autónomas, ejerciendo con ese mandato de cohesión social sus nuevas atribuciones. A ver si, de una vez por todas, tenemos en todos los gobiernos autonómicos personas que piensen en el bien común y no en negocios particulares, y que desarrollen sus políticas sobre la base de construir, aprovechando lo que funcione aunque lo hayan hecho otros, y sin destrozar todo lo que no les rinda pleitesía ideológica o no sirva a sus intereses ideológico partidistas. ¿Maduramos democráticamente como sociedad o lo dejamos para el siglo XXII? Yo no puedo dejarlo pendiente tanto tiempo; no me serviría. ¿Y tú?
