Cada día nos despertamos con novedades -pocas positivas y bastantes negativas-, que nos causan perplejidad, espanto, parálisis. Las novedades son conditio sine qua non para gozar de la atención del público y para contrarrestar lo machacón y repetitivo de las informaciones que nos siguen, persiguen e, incluso, atacan a toda hora.
Cuando se nos habla reiteradamente de una Ley, en proyecto, en trámite, en período de consultas, o ya votada o promulgada, se habla en modo titulares. Se le da un mote a la ley para acortar su título, se supone que todo el mundo sabe de lo que se habla y se comienza con una noria activa 24 horas de opiniones sobre conceptos que no se explican ni comprenden y, sobre todo, se incide una y mil veces sobre leyes que pueden producir enormes escandaleras llamadas, desde el periodismo, «polémicas». Esas disputas sin fin alimentan y justifican horas y horas de programas mediáticos, de páginas y páginas en las web, de kilómetros y kilómetros de mensajería instantánea, de horas y horas de conversaciones de bar o de tertulias frente a micrófonos o cámaras. Pero entre tanta inversión no existen voces que se dediquen a la pedagogía de estas leyes formadas con términos y conceptos muy ajenos y lejanos a las personas de la calle, del mercado, de la oficina, de la obra, del transporte, de la casa, de las ciudades, los campos y los pueblos, personas y ciudadanas todas y destinatarias potenciales de la aplicación de las leyes y de su cumplimiento.
Hay multitud de leyes aprobadas o/y reformadas en todo o en parte, que entran en vigor sin pena ni gloria mediática, sin darlas a conocer, sin explicarlas y sin opiniones de «expertos», con o sin solvencia, que ayuden a ver cómo nuestro sistema legal nos protege en los estados de derecho. No nos enteramos, aunque sean tan importantes para nuestras vidas, como leyes sobre protección de los bosques, sobre asuntos de pesca, sobre seguridad alimentaria, sobre fórmulas sanitarias, sobre normas y usos bancarios, sobre viabilidad y movilidad, etc..
Sin embargo hay otros asuntos que no paran de girar y que ocupan casi todas las plazas de las norias y los ventiladores.
Pondré algunos ejemplos de estas afirmaciones: La Ley de vivienda, la Ley de garantía integral de la Libertad sexual, la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, la Ley integral de medidas contra la violencia de género, la ley para la Igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Los medios actuales buscan desesperadamente su cuota de share, todos los días y a todas horas. Digo bien: a todas horas, por medio de los podcast, las plataformas de vídeos en línea, las opiniones no informadas de tiktokers o instagramers, (como sacerdotes –influencers– predicadores actuales). En este proceso de machaqueo no informado sino repetido profusamente a partir de titulares, se van incorporando masas de gente que creen tener una opinión bien construida, pero que se ha formado a partir de prejuicios o de juicios particulares de personas o grupos que sólo buscan escándalo o/y fama-dinero.
Me parece muy dañino que en un estado de derecho como es España, estemos poniendo a las leyes en la cesta de lo «opinable» y en correlación con su cumplimiento o no, según me incline de un lado u otro, sea yo quien sea y esté donde esté.
Casi nadie conoce los términos de la Ley trans, de la del sólo sí es sí o de la Ley de vivienda. Da igual el estadío en que se encuentre: si es un proyecto de ley, si se tramita en el Congreso o en el Senado, si ha salido ya de las manos del Gobierno, si se ha publicado en el BOE o ya ha entrado en vigor. No la conocemos pero opinamos sobre aspectos confusos o no muy bien definidos, nos posicionamos de forma gregaria y nos gusta inclinarnos hacia las zonas que se muestran como más postmodernas.
Mala cosa en un país que ha dedicado gran parte de sus energías a modernizarse, a modernizar sus leyes, normas, costumbres y reglamentos. Ahora no deberíamos asentir o discrepar sin más.
Pondré algún ejemplo de consecuencias de esas leyes mal conocidas pero sumamente aireadas en el día a día, aplicadas a los ámbitos educativo y sanitario, por ser dos de los derechos y servicios públicos más universales y consolidados en nuestro país:
¿Qué pasa o pasará con la aplicación de los deseos trans de algunas personas en el sistema educativo, sanitario o judicial? ¿respecto al resto de la población, respecto a sus propios derechos ya consolidados? ¿qué pasará con la aplicación de la Ley del sí es sí, cuando se carezca de pruebas contractuales de consentimiento? ¿Qué pasará con la Ley de vivienda cuando los grandes fondos buitre se hayan hecho con todo el mercado? ¿qué pasa y está pasando con la Ley integral contra la violencia de género, cuando no se cuidan todos los pasos para evitarla y no sólo para repudiarla y denunciarla?
¿Es casualidad que todas estas leyes tengan que ver con el bienestar democrático de las mujeres? ¿es casualidad que no se cuente con la situación real que tenemos, que es de desigualdad evidente en los ámbitos laborales, profesionales, de poder, culturales, familiares, económicos, etc…?
No gusta reconocer desigualdades y reconocerse en la parte peor, sobre todo a las jóvenes, pero negarlo a toda hora con la cantinela del «empoderamiento mujeril», es una fantástica fórmula patriarcal para ensuciar y detener las vindicaciones y los logros feministas, que son muchos y vienen desde muy lejos.
