La Fundación Bofill ha presentado un informe sobre la situación de la educación concertada en Catalunya y ha alertado de que el actual decreto de conciertos, que esta semana cumple 30 años de su aprobación, ha quedado obsoleto e impide el despliegue de algunas medidas contra la segregación escolar, como la planificación de la oferta educativa.
Según el estudio Educació pospone la aprobación de un nuevo decreto de conciertos imprescindible para combatir la segregación, mientras el sector concertado escolariza a un 11% del alumnado extranjero, la red pública acoge el 20%. «Estos desequilibrios de composición social están presentes en todos los municipios de Cataluña que tienen escuelas concertadas y públicas», indican los mismos datos.
Dentro de los centros concertados existen diferencias. Así, el 53% tiene «una composición equilibrada con su entorno» y el 44% «ha reducido el ratio para evitar la sobreoferta de plazas tanto como lo hizo la escuela pública, a pesar de no tener obligación».
El organismo remarca que la escuela pública no puede asumir todo el peso de las medidas de reducción de la oferta que serán inevitables en los próximos cursos a causa del bajón demográfico. Y alerta: «Si no se avanza hacia una planificación conjunta de los puestos escolares de los centros públicos y concertados, el ajuste de plazas para hacer frente a la segregación supondrá una reducción de la oferta pública».
La entidad pone varios ejemplos de la diferente distribución. La asignación de matrícula viva (una vez empezado el curso) sigue derivándose mayoritariamente a los centros públicos. «El 71% de los centros concertados recibe menos matricula viva que la media de los municipios donde están ubicados, una tendencia de asignaciones que hace crecer la complejidad de la red pública», asegura el estudio.
Un decreto “obsoleto”
Por eso, urge a la elaboración de un nuevo decreto de conciertos. En 2019 se inició, pero todavía no ha visto la luz, y la fundación cree que terminar la actual legislatura sin esta nueva norma “intensificará las diferencias de composición entre redes y dentro del sector concertado”.
“La regulación del sector concertado es un elemento central a la hora de abordar las desigualdades en la distribución del alumnado, siendo todavía un reto pendiente. El decreto de conciertos, vigente desde hace 30 años y muy anterior a la Ley de Educación (2009), avala una aplicación parcial y desigual de parte de las medidas contempladas en el Pacto contra la Segregación escolar por parte de los centros educativos concertados. Este marco regulador ambiguo y obsoleto favorece que existan desigualdades importantes entre redes de titularidad y dentro del sector concertado”, añade.
En este sentido, considera que el actual decreto de conciertos del año 1993 es un freno para reducir la segregación escolar, y reclama desarrollar uno nuevo que recoja los principios de coeducación y corresponsabilidad de todos los centros del Servicio de Educación de Cataluña. Sin embargo, los trámites de la aprobación del nuevo reglamento están “congelados” desde el 2020.
Subvenciones poco eficaces
Desde la Fundación Bofill, remarcan que el Departamento de Educación ha aumentado la financiación a la escuela concertada por la escolarización del alumnado NESE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) en 12 millones de euros para el año 2023, el doble que en el curso anterior, para promover la distribución equilibrada del alumnado. Sin embargo, esta cantidad no está ligada a medidas de equilibrio social, como la regulación de las cuotas o el ajuste de la oferta.
“Este incremento sólo tiene sentido si los recursos sirven de forma efectiva para eliminar las barreras de acceso y combatir las desigualdades entre centros. Sin avanzar hacia cambios estructurales en el modelo de financiación, prever mecanismos de control sobre los efectos de estas dotaciones sobre la segregación y garantizar que se cumple de forma efectiva el acceso a las actividades y la permanencia a lo largo de los años del alumnado, las subvenciones no serán eficaces”, advierte el informe.
Pide que el aumento presupuestario vaya acompañado de regulaciones «claras» sobre corresponsabilidad y medidas de control del cumplimiento de sus deberes. «Es necesario que el Departamento de Educación apruebe un nuevo decreto de conciertos para garantizar la programación integrada de la oferta educativa de todos los centros financiados con fondos públicos», concluye.
En la presentación del estudio, el director de la Fundación Bofill, Ismael Palacín, ha indicado que «estamos en un momento de urgencia, hay un problema grave de segregación escolar y comenzamos una cuenta atrás».
Según Palacín, los centros concertados que «realmente están escolarizando a alumnos pobres e inmigrantes resulta que están obteniendo prácticamente el mismo apoyo económico que otros centros que no son corresponsables y se están desvinculando de esta política pública».
Por otra parte, la experta en políticas contra la segregación escolar Maria Segurola ha destacado que hay casos en los que las medidas contra la segregación escolar han sido exitosas, y ha puesto como ejemplo la experiencia de Terrassa, que es la ciudad que más ha reducido la segregación escolar en los últimos cinco años.
