Las nuevas tecnologías han cambiado muchos aspectos del mundo a mejor: avances médicos impensables hace décadas hoy son una realidad; nuevas formas más sostenibles de movernos por el mundo; energías no contaminantes; asistentes digitales para personas dependientes… Y, en lo que se refiere a las tecnologías de la información y la comunicación, se ha democratizado el acceso al conocimiento, se ha favorecido la creación de redes comunitarias más allá del territorio y podemos socializar y conectar con nuestros seres queridos con inmediatez.
Pero una cosa es el uso, y otra muy distinta es el abuso. Estas semanas vemos a familias, profesorado y –muy importante– alumnado, preocupados por el uso excesivo de pantallas en los centros educativos. No es un tema menor: según datos de ISGlobal, el uso excesivo de los móviles en la adolescencia genera efectos sobre la salud física, como el sedentarismo o el deterioro de la visión; efectos psicológicos como la hiperactividad o síntomas depresivos; y también efectos neuropsicológicos, como la ansiedad y cambios repentinos de humor.
Es necesario actuar ante estas situaciones desde la regulación y la prevención. Los centros educativos, en tanto que espacios de socialización y aprendizaje donde niños y jóvenes pasan la mayor parte de su día, son una herramienta privilegiada para empezar. No es una guerra contra los móviles, es una racionalización de su uso. Es necesario que la Administración haga una normativa clara y de obligado cumplimiento para toda la educación obligatoria que ayude a minorizar los riesgos que tiene el abuso de los teléfonos, que no son pocos. En Barcelona, dimos un primer paso con el II Plan de Salud Mental, que incluye la creación de un Grupo Promotor Barcelona para el bienestar digital, y ahora le toca al nuevo gobierno municipal convocar este Grupo y sumar el resto de instituciones .
Ahora bien, deberemos actuar más allá de las escuelas e institutos: abordar la adicción a las pantallas como sociedad, implicando a jóvenes y adultos, profesionales de la salud y profesionales de la tecnología, usuarios, tejido asociativo e instituciones para caminar hacia a un mejor uso. Las comunidades educativas han sido las primeras en levantar la alarma, pero el abuso de las tecnologías puede convertirse en un problema de salud pública y, también, de democracia. Los Estados y la Unión Europea tendrán que hacerse cargo también de la democratización de los algoritmos y la transparencia en las nuevas tecnologías. Insisto, no es una guerra contra el móvil, es un paso a favor de la salud y la convivencia.
