Es verdad, España ha aguantado mejor que muchos de nuestros países vecinos, la bajada de la última edición de PISA. Un descenso que no solo se justifica por la pandemia y el cierre de escuelas (que también), sino que viene siendo casi un clásico, lento pero implacable, desde hace una década.
En cualquier caso, además de que las puntuaciones en el examen internacional, dedicado esta edición a las matemáticas, hayan caído (diez puntos, frente a los 20 de la media de la OCDE y el total de la UE), hay otros datos preocupantes que se desprenden de este último informe. Los sacan a la luz EsadeEcPol y Save the Children y tienen que ver con la equidad.
Las dos organizaciones han querido poner el foco en algunos de los asuntos que trabaja el informe en relación a la equidad del sistema educativo, como son las diferencias de resultado en función del estatus socioeconómico de las familias, del origen migrante (primera o segunda generación) del alumnado y del género. Las diferencias en estas puntuaciones siempre han estado presente, pero ahora han ahondado la distancia.
El gráfico muestra cómo el factor socioeconómico, el llamado índice ISEC, explica una parte del resultado que sacan chicas y chicos en las pruebas de matemáticas. Como se aprecia, la mitad de las autonomías han mejorado o igualado el porcentaje que este índice impacta en la evaluación. Cantabria es la que mejora más llamativamente, mientras que Cataluña, País Vasco y Castilla-La Mancha.
Junto a esto habría que tener en cuenta los porcentajes de repetición que bajaron en todas las comunidades autónomas gracias a la política más o menos pública de aprobado general tras el cierre de escuelas en 2020. Las cifras, a pesar de este salto abajo no alcanzan las de la OCDE o la UE, salvo el caso de Cataluña, comunidad que ya era cercana a ambas.
Capítulo aparte merece la puntuación del alumnado migrante, ya sea de primera o de segunda generación. Es decir, que hubiese migrado desde su país de origen o que hubiese nacido en España de madre y padre extranjero. Las puntuaciones siempre han sido más bajas que las del resto del alumnado, una constante que se mantiene.
Las y los investigadores han querido eliminar el impacto que tiene el ISEC, además de ser migrante, en las puntuaciones en PISA para igualar las condiciones con las de sus compañeras y compañeros nativos. En todas las comunidades autónomas las cifras mejoran, pero en algunas de ellas siguen siendo tan altas como para que PISA las considere un curso completo.
En este punto hay que recordar que la OCDE asegura que una diferencia de 20 puntos en la evaluación PISA equivale a un curso lectivo completo. En País Vasco, la diferencia media del alumnado migrante es de 70 puntos, más de tres cursos. Cuando se descuenta el ISEC baja a 35,2, todavía por encima de un curso completo, casi dos. La misma diferencia media del estudiante migrante en España. En el otro lado de la gráfica, Andalucía, autonomía en la que prácticamente no existe ninguna distancia y cuando se elimina el índice socioeconómico y cultural, el estudiantado migrante pasa por encima del nativo.
Una cosa que aflora entre los datos del estudio de EsadeEcPol y Save the Children es el hecho de que en varias comunidades autónomas, el alumnado migrante consigue mejores resultados en matemáticas que el nativo, tanto el de primera como el de segunda generación. Según Lucas Gortázar, director de Educación de EsadeEcPol, no es algo tan extraordinario ya que en el informe que elaboró Save the Children en 2018 sobre equidad ya apareció este hecho. Según el investigador, «habla bien del proceso de integración».
Otro de los asuntos recurrentes en PISA cuando se centra en Matemáticas es la diferencia entre chicas y chicos a favor de estos últimos. Nuevamente, las cifras señalan una diferencia que ha aumentado desde la última evaluación. Solo en cuatro comunidades las cosas han mejorado. Baleares, Andalucía, Canarias y La Rioja, aunque es esta última la que realmente marca la diferencia.
El documento, además de poner negro sobre blanco todos estos problemas, así como también las diferencias entre los centros urbanos y rurales, a favor de los primeros por culpa del ISEC principalmente, aborda algunas posibles líneas de acción con la idea de mejorar la situación del sistema educativo.
Seis son las propuestas que han elaborado conjuntamente las dos organizaciones para intentar mejorar la inequidad del sistema educativo. Algunas ya son viejas conocidas de ambas organizaciones que llevan algunos años colaborando en diferentes estudios. Entre ellas, la «mejora del acceso» a la educación de 0-3 años para niñas y niños de entornos socioeconómicamente deprimidos y para migrantes. Como aclara Lucía Cobreros, otra de las investigadoras del EsadeEcPol que ha participado en la elaboración del documento, principalmente se trataría de plazas gratuitas, principalmente e, idealmente, públicas.
También apuestan, como en varios de sus escritos, en la gratuidad de la red concertada con un equilibrio complejo entre la elección de centro y la planificación de la red escolar de manera que se luche contra la segregación escolar que agrupa a estudiantes por nivel socioeconómico y por origen nacional o étnico.
La extensión de la jornada escolar sería otra de las medidas. Una extensión en la que no entran si pasa por la jornada partida o por el aumento de las actividades extraescolares en el propio centro escolar. «La idea con esta medida es garantizar que estén en el centro más tiempo», explica Cobreros y que se garantice que todo el alumnado tiene acceso, algo que pasaría por la gratuidad de servicios como el comedor, el transporte escolar y el acceso a materiales educativos.
También defienden más tiempo para hacer tutorías de apoyo y refuerzo individualizadas o en grupo pequeño tanto dentro como fuera del horario escolar. A esto habría que sumar alguna clase de formación docente que se centre en la gestión de la diversidad en el aula y en «cambiar creencias y prácticas pedagógicas relacionadas con la repetición de curso», puesto que España sigue estando a la cabeza de la OCDE y de Europa en dicho índice.
Finalmente, apuestan por un aumento de recursos y una reducción de las ratios alumnado/profesorado en los centros que escolaricen al alumnado más desfavorecido, aunque el documento no explica más en relación a cómo podría acometerse esta última propuesta, en qué centros, con qué clase de alumnado o cuál debería ser el porcentaje a partir del cual recibiese esos recursos materiales y humanos extra.