Las cosas, a veces, se mezclan de tal manera que es difícil discernir qué fue primero, el huevo o la gallina. El caso de los móviles en la escuela parece un nuevo caso de cabeza de turco. Hace meses, un grupo de familias catalanas comenzó un grupo de Telegram bajo la premisa de la petición de la regulación del uso de los teléfonos móviles entre las y los menores de 16 años. Meses después, la ministra de Educación, FP y Deporte, Pilar Alegría, recogía el guante que nadie terminaba de querer mirar. Empezando por su secretario de Estado.
Tal vez como el último paso después de que, tras la publicación de PISA 2022, se hayan sucedido oleadas de titulares de prensa que aseguraban que los dispositivos digitales distraen al alumnado en las clases. Esto, a pesar de que el propio responsable del estudio, Daniel Salinas comentara que el informe no habla de prohibición, sino de un uso ajustado y educativo de los dispositivos. Durante la rueda de prensa comentó que, de hecho, la OCDE no habló del uso que se había de las pantallas y que cuando era educativo, parecía mejorar los resultados académicos.
Pantallas sí o no: “Lo que debería preocupar es el uso fuera de la escuela”
También comentó que la prohibición del uso, hasta donde habían podido comprobar con los datos, podría resultar contraproducente para chicas y chicos debido a la manera en la que se acercaban, tras la jornada escolara, a las pantallas.
El caso es que José Manuel Bar, secretario de Estado de Educación, también insistió en aquella rueda de prensa, en que no se intentaría retrasar la modernización y digitalización de las aulas. Unos días después, parece que las cosas han cambiado.
Alfabetización necesaria
«Entendemos que el problema no es el dispositivo sino uso que se hace de él y el contenido al que se tiene acceso». Carmen Morillas, responsable de la FAPA Giner de los Ríos, asegura que la prohibición no parece el camino, sino que las cosas deberían pasar por la educación y el uso medido en los centros educativos.
María del Mar Sánchez, docente de la Universidad de Murcia y experta en tecnología educativa, está de acuerdo. «La prohibición puede ser contraproducente», asegura esta profesora, partidaria de una alfabetización y de un necesario apoyo por parte de las administraciones tanto a centros educativos como a familias para poder llevarla a cabo.
Todo apunta a que ante situaciones complejas, la política busca la rapidez en la respuesta para que parezca que se están tomando cartas en el asunto. En este maremágnum la nueva ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, anunciaba ayer que se formará un grupo de 50 expertos para medir el impacto que tienen las tecnologías digitales en la infancia. En el grupo habrá representación de la Agencia Española de Protección de Datos, de Plataforma de Infancia o de Save the Children.
Desde esta misma ONG se señala que «es importante que se limite su uso en horas lectivas para el objetivo educativo, así como para ayudar a gestionar el uso de las tecnologías para el entretenimiento o interrelación personal en los momentos adecuados». La organización insiste en que, cuando se use como herramienta educativa «el uso no debe impactar negativamente en el aprendizaje por lo que debería ser empleado de forma progresiva según la etapa educativa, para tareas concretas y siempre por docentes con formación para extraer los mayores beneficios en el aprendizaje».
La Administración no hace lo que debe: controlar a las empresas que ofrecen aplicaciones con una programación adictiva
Pilar Alegría aseguró la prohibición en primaria (cosa que Sánchez puede entender) y la regulación, más bien restrictiva, en secundaria. Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha tienen una regulación que prohíbe a chicas y chicos utilizar sus móviles en los centros educativos salvo excepciones, como problemas médicos o para usos pedagógicos. De momento, no se sabe en qué posibilidades baraja Educación. En el resto de comunidades autónomas queda a la decisión de los centros educativos que, normalmente, prohíben su uso.
Para Jorge Flores, fundador y director general de Pantallas Amigas, educar y acompañar en el uso de estas tecnologías, también el móvil, es una cuestión que ha de recaer en la familia, en un primer momento. Está claro que los centros tienen un papel que hacer, aunque no todo. «Es una cuestión colectiva», cree, en la que las familias (amén de las administraciones, las empresas tecnológicas o los centros) tiene un papel importante de búsqueda de recursos formativos para poder transmitir a sus hijos valores y conocimientos para hacer un buen uso de los teléfonos.
En cualquier caso, Flores está de acuerdo con la prohibición y la limitación tal como se ha planteado. «Aunque nos gustaría que se usara adecuadamente, esto no pasa. Consume mucho tiempo del profesorado que tienen que vigilar, que tienen que controlar que no haya problemas de convivencia. Además, son una distracción adicional para el alumnado». Para él es claro, «no es el momento de que llevemos el reto a las aulas, bastante tienen los docentes». Flores aseguta que «prefiero a un docente centrado en el aula, en lo que ocurre, en el conocimiento a otro que tenga que estar vigilando móviles o controlando los problemas que se puedan dar».
Morillas señala, también, la responsabilidad que tienen en toda esta historia las compañías que desarrollas aplicaciones. La representante las familias de la pública madrileñas afirma que habría que establecer alguna regulación que mirase a las empresas que se están lucrando con el uso de su software que, además, utiliza algoritmos pensamos para «enganchar» a chicos y chicas. «La Administración no hace lo que debe: controlar a las empresas que ofrecen aplicaciones con una programación adictiva sabiendo que se dirige a población NNA (niñas, niños y adolescentes)».
Para Sánchez, los colegios también son importantes para la alfabetización y, en ellos, el AMPA. Ahora bien, señala que en esa Conferencia Sectorial anunciada para enero, «podría acompañarse de un acuerdo de alfabetización, con un presupuesto e inversión, para ayudar a los centros, así como con convenios con otros ministerios para ayudar a las familias. Ojalá que fuera este el enfoque».
Digitalización y prohibición
Esta madre insiste en la educación y en que «el centro es lugar privilegiado para hacerlo». Pero como una herramienta pedagógica más, «no que el cole enseñe a descargar el WahtsApp».
«Me pregunto qué hay que no se ve, qué hay detrás», comenta María del Mar Sánchez. En cualquier caso, asegura la experta en tecnología educativa, que «hay un problema en el uso que los adolescentes hacen del móvil porque tienen un dispositivo antes de estar preparados para usarlo», ya sea por falta de alfabetización o de madurez, explica.
Para ella la apuesta sigue siendo la alfabetización, incluso en el caso de una prohibición de uso del teléfono antes de los 16 años («necesitan formación igualmente»). Para ella, en parte, toda esta cuestión se ha visto alimentada por una importante cantidad de familias «hartas de la digitalización de algunos centros», esa que acaba utilizando el libro digital exactamente igual que el de papel.
Hay un problema en el uso que los adolescentes hacen del móvil porque tienen un dispositivo antes de estar preparados para usarlo
Sánchez opina que la digitalización y la tecnología han de «sumar», no hacer lo mismo. Y recuerda, al igual que Morillas cómo, durante el confinamiento, fue precisamente el móvil el que salvó la situación de muchas y muchos menores que solo tenían este dispositivo para seguir de alguna manera el curso lectivo.
La experta tiene claro que existen riesgos cuando se habla de prohibición. El primero es que cuando se comenta la necesidad de poner puertas al campo, no se habla de alfabetizar, y esto lo seguirán necesitando las y los jóvenes a partir de los 16 años. Además, asegura, cuando ha hablado con algunos centros de secundaria sobre esta prohibición, le han hablado de que, a veces, chicas y chicos utilizan los dispositivos precisamente como mecanismos para retar a la autoridad, para confrontar con el profesorado la posibilidad de una expulsión, por ejemplo.
Esta experta también señala que la prohibición y la falta de alfabetización puede ser algo que termine repercutiendo en las y los estudiantes de entornos menos favorecidos «puesto que reciben menos acompañamiento porque sus familias no saben o no pueden dárselo».
Familias en pie de guerra
Buena parte de lo que está ocurriendo, más allá de los datos de PISA, tiene que ver con las protestas que comenzaron en Barcelona cuando grupos de familias fueron reuniéndose en Telegram para ponerse de acuerdo en una reivindicación: que las administraciones regulen el acceso a los móviles para chicas y chicos mayores de 16 años. Cansadas de la presión social antes de esas edad, tanto de otras familias como de sus hijas e hijos, miran hacia los poderes públicos para que tomen cartas en el asunto.
El movimiento se está extendiendo más allá de Cataluña, a otras comunidades autónomas, como Madrid, pero no solo. En diferentes grupos, las familias van discutiendo posibles líneas de actuación con la mira puesta en esa regulación de la posesión de dispositivos móviles antes de los 16.
Para Carmen Morillas cree que aunque se prohíban los teléfonos inteligentes en edades tempranas, NNA seguirán teniendo acceso desde otros dispositivos y, por eso, insiste en la necesidad de educación y formación sobre el uso de estas tecnologías. Cree que la publicación por parte de los medios, de informaciones en las que se hablan de sucesos relacionados con los móviles acaban provocando miedo y rechazo hacia los dispositivos, pero «tiene que ver con el uso indebido», no con los teléfonos en sí.
Para Jorge Flores, la prohibición del uso de los móviles antes de los 16 años, como han solicitado muchas familias, «es irrealizable» por varios motivos. A esa edad, dice el experto, chicas y chicos ya han aprendido mucho, «han hecho muchas transiciones ya» y no todo el colectivo se encuentra en la misma línea evolutiva, de desarrollo, como sí puede estarlo en edades previas, como los 13 o 14 años.
Además, cree que a esos 16 años, «no vamos a poder influir en nada» si la familias se descuelga entonces con el dispositivo. «No tenemos ni capacidad ni a veces autoridad» para decirles ya nada a los chavales. Se trata de una edad muy complicada como para introducir un «elemento complejo».
Finalmente, cree que la labor de las familias ha de ser previa, ha de haber un acompañamiento para garantizar algunos derechos de las y los menores, como con la participación y su mejor desarrollo con las herramientas a su alcance. «Haceles renunciar a una vida conectada es restricción demasiado severa e innecesaria hasta los 16 años», opina. La decisión de a qué edad han de tener móvil pasa por conocer la intersección entre dos vectores, comenta. Uno relacionado con la madurez y las características de la persona (que a veces se relaciona con su edad) y, el otro, por lo que como familias sabemos y el tiempo que podemos dedicarles. «Con una persona madura, consciente, precavida, aunque yo no dedique mucho tiempo, igual se lo puedo dar a los 13; si tengo a uno que es un bala, tengo que dedicarle mucho tiempo para dárselo» a esa edad.
Eso sí, Morillas asegura que a la FAPA, las familias llaman para preguntar por cuestiones que nada tienen que ver con las tecnologías, como la situación de las aulas TEA, sobre las becas de comedor escolar… «tienen otras prioridades», asegura aunque, concede, «es un tema delicado».
En esta línea, Sánchez también asegura que más allá del ruido de los móviles, la educación enfrenta otros problemas como puede ser que todavía haya aulas en edificios prefabricados, que en un aula solo haya dos portátiles o las dificultades para hacer frente a la diversidad en las aulas por falta de recursos humanos y materiales.
