Autonomía de centro. Esto es lo que reclama Toni González Picornell, presidente de Fedadi, así como de la asociación de directoras y directores de centros públicos de la Comunidad Valenciana. Parece una obviedad, pero ante la situación que se ha disparado en los últimos meses o semanas, solo reclama que se les escuche antes de que se redacte ninguna normativa.
En este tema de los teléfonos en los centros educativos, azuzado por grupos de madres y padres que reclaman la regulación por ley de su uso antes de los 16 años, se han mezclado muchas cosas, como el pánico moral, los problemas de convivencia que pueden derivarse del uso de estos dispositivos y la sensación que las administraciones tienen en ocasiones de hacer algo. «Que todo cambie para que todo siga igual», podía leerse en la novela El Gatopardo. En ella, la nobleza italiana se encontraba entre dos aguas, quedarse como estaban o participar en las luchas que llevarían a la unificación del país en un solo estado en el siglo XIX. El objetivo era, en cualquier caso, mantener el statu quo.
En esto de los móviles en los centros, parece que quien más o quien menos ha tenido la necesidad de pronunciarse al respecto y, al parecer, las posturas prohibicionistas están ganando la partida. Al menos, en el sentido de parecer estar haciendo algo.
La ministra Pilar Alegría ya avisó antes de navidades de la reunión con las comunidades para este mes. La semana pasada terminó de escenificar la cuestión con su visita al Consejo Escolar del Estado. En dicho órgano se le hizo conocedora del acuerdo al que se había llegado para solicitar la regulación de esta cuestión.
Dicho documento habla de la autonomía pedagógica de los centros al tiempo que pide la prohibición de estos dispositivos en centros de infantil y primaria (salvo «supuestos en los que se le autorice por razones individuales muy específicas relacionadas con la salud o con otras circunstancias personales o familiares debidamente justificadas»).
En secundaria, explicita que si se lleva el teléfono, este debería estar apagado hasta la salida del centro, «incluyendo los periodos lectivos, recreos y otros tiempos de descanso, actividades complementarias y actividades extraescolares» que se realicen en el instituto. Eso sí, con la excepción de que «se utilicen con fines educativos supervisados o cuando la utilización individual de los mismos sea necesaria por razones de salud debidamente justificadas».
Finalmente, en las enseñanzas postobligatorias, el Consejo Escolar habla de que sea la autonomía del centro la que dicte qué hacer en cada caso.
Es justo esto lo que reclama Toni González Picornell. El director de instituto, además de representante de Fedadi, asegura que estas situaciones ya estaban ocurriendo en los centros educativos. Quiere que se pueda seguir igual y que sea la autonomía de cada centro, así como su reglamento de régimen interno, quienes decidan en cada caso. «Nos gustaría, asegura, que nos preguntaran a los centros y que se atendiera a la casuística» de cada uno.
Según comenta, todavía nadie se ha puesto en contacto con la federación de directoras y directores de centros públicos para recabar su opinión sobre el tema, aunque les gustaría «tener voz en esta cuestión».
Desde su punto de vista, es más ágil que estas decisiones se tomen en el seno del consejo escolar de cada instituto, que puede organizarse en 24 horas, mientras que el proceso que ha de llevar una normativa autonómica o estatal es mucho más rígido y largo.
En su caso, en la Comunidad valenciana, están prohibidos en patio y pasillos, pero también los hay que los utilizan en las clases, como las de idiomas (castellano, valenciano e, incluso, las extranjeras), o Educación Física.
Eso sí, tiene claro que, además de las decisiones que se tomen sobre la prohibición o no de estos dispositivos, está clara la necesidad de formación y sensibilización en relación al uso de móviles ya sea dentro o fuera de colegios e institutos.
