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El modelo de escuelas infantiles de primer ciclo andaluz está fundamentado en centros privados que reciben ayudas públicas de diferente tipo. Data de los años de los gobiernos socialistas en un intento por absorber la demanda de plazas inexistentes.
Desde la Junta defienden que si hubieran aceptado los 119 millones que ahora van a devolver, supondría crear plazas públicas y con ello hubieran tenido que cerrar centros privados. Centros que, hoy por hoy, sostienen la mayor parte de la red existente.
Inicialmente, a Andalucía le correspondieron 123 millones de los que solo se han gastado cuatro. Estos han ido a parar a manos de algunos ayuntamientos, según informan fuentes de la Consejería de Educación, tras realizar una convocatoria abierta para la inversión.
Según fuentes del Ministerio, desde el inicio del proceso ha habido reticencias por parte de la Junta para utilizar este capital en la creación de plazas públicas. Estas mismas fuentes aseguran que se le ofreció Moreno la posibilidad de que la junta invirtiese fondos propios en la red privada mientras los 123 millones iban a la pública. Algo que, afirman dese Educación, han hecho otras comunidades autónomas.
Andalucía critica que se ha permitido a otros territorios adecuar la financiación a sus modelos autonómicos. «No han permitido adaptarlos al modelo andaluz, cuando sí lo han hecho por ejemplo con el País Vasco», aseguran desde la Junta.
Hoy por hoy, según datos del Gobierno de Moreno Bonilla, hay 100.000 niñas y niños escolarizados en su sistema de «colaboración público privada». Tienen, dicen, 20.000 plazas más sin cubrir, por lo que no les interesaba la inversión en crear 12.000 plazas públicas más.
Por contra, desde el Ministerio se asegura que los fondos Next Generation podrían haberse utilizado en la creación de plazas, por ejemplo, en el medio rural donde, dicen. Desde Andalucía, las fuentes consultadas no pueden dar fe de cuántas de las plazas existentes fruto de la colaboración público privada hoy están en ciudades y cuántas en zonas rurales.
Según informa el Ministerio, los fondos europeos no volverán a Bruselas ya que, al menos, hay nueve comunidades autónomas, «siete de ellas gobernadas por el Partido Popular», que han solicitado a Educación crear más plazas de las inicialmente comprometidas.
Desde el departamento que dirige Pilar Alegría critican a la Junta que ahora decida devolver los fondos cuanto el programa leva en marcha desde 2021 y fue negociado con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial.
Según los datos del Ministerio de Educación, FP y Deporte, los centros privados andaluces escolarizan a seis de cada diez criaturas menores de tres años (momento en el que pueden acceder a colegios) mientras que la media del resto del país está en en 47 %.
Desde el sindicato USTEA critican que la Junta renuncie a la posibilidad de crear 12.000 nuevas plazas públicas en la primera etapa de infantil. Según la organización, esta cifra acercaría a Andalucía a la media de española en cuanto a escolarización total de niñas y niños menores de tres años. Esta se encuentra en el 53 %, mientras que en la comunidad andaluza es del 36 %. Las nuevas plazas, asegura el sindicato, hubiera acercado ambos porcentajes, ya que habría aumentado hasta el 43 % la escolarización la autonomía.
«Es una muestra más de la política educativa del gobierno de la Junta que tiene como principal objetivo el impulso del negocio de la enseñanza privada», aseguran desde USTEA que recuerdan la supresión de 2.000 plazas en colegios públicos y las otras 600, según sus cálculos, que no habrá el próximo curso después de recabar los datos durante el reciente proceso de escolarización.
