Tiradas por el suelo o arriba de las camas, 21 almohadas exhiben las páginas estampadas de un demoledor informe de las Naciones Unidas de 2018 que reveló,según datos del propio servicio de protección, la muerte de 256 niños, niñas y adolescentes en hogares de menores de Chile entre 2005 y 2016. De éstos, 46 fallecieron en los últimos seis meses de 2016. Una investigación de 2021 de la Fundación para la Confianza, dedicada al acompañamiento de menores víctimas de violencia sexual, elevó considerablemente la cifra hasta los 1.188 los fallecidos bajo tutela del Estado entre 2005 y 2020.
Súnico, de 54 años, fue víctima de abuso infantil y, desde su vivencia personal, ha creado una “obra de denuncia” para llamar la atención sobre la situación de los menores que forman parte del llamado sistema de protección a la infancia y que en Chile ha sido cuestionado y criticado por vulnerar los derechos de niños y adolescentes. “La forma más fluida de hablar sobre abusos y su silencio es a través de quienes los hemos vivido, por eso decidí ser la voz de todos aquellos niños que no son escuchados”, dice.
13 derechos de los niños vulnerados
El antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) fue creado en 1979, en plena dictadura de Augusto Pinochet. Dependía del Ministerio de Justicia y tenía a su cargo el cuidado y protección de los derechos de niños y adolescentes, así como de los jóvenes que habían infringido la ley. Tras varias alertas contra la institución por acusaciones de maltrato a los menores, el escándalo que colocó al Servicio en el ojo del huracán fue la muerte de la pequeña Lissette Villa, en 2016, una niña de 10 años que falleció por asfixia provocada por dos funcionarias de uno de los centros. El caso sacó a la luz varias investigaciones que descubrieron tramas de abusos y malos tratos contra los usuarios.
El informe de la ONU identificó 13 vulneraciones de los derechos de los niños y niñas violados por el Estado chileno. Súnica recuerda esa cifra asoladora en la obra “Colgados”, tres percheros de los que cuelgan 13 pijamas infantiles estampados con la imitación de una marca de sedantes, para representar el uso indiscriminado de psicofármacos en estos menores, uno de los abusos más frecuentes en los centros.
Las primeras crisis del sistema llegaron en el año 2000, cuando el perfil del niño y adolescente que ingresaba al servicio empezó a cambiar, explica el psicólogo experto en abuso infantil Rodrigo Venegas. “Ya no son menores de la calle, sino niños que necesitan apoyo tras experiencias traumáticas, trastornos de ansiedad graves o angustia, muchas víctimas de violación o abuso sexual, y que configuran un sujeto de atención mucho más complejo, pero el sistema no da abasto para cubrir sus necesidades de salud mental”.
Según él, a pesar de existir un servicio para el cuidado de estos menores, “ninguna otra institución estatal asumió que estos niños eran parte del Estado y se concentró en el Ministerio de Justicia lo que debía haber sido un proceso integral para la infancia”.
¿Un cambio real del sistema?
A finales de 2020, y tras un largo y polémico debate público sobre la necesidad de proteger mejor a la niñez vulnerada, el hoy fallecido expresidente Sebastián Piñera inauguró el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, bajo el nombre de Mejor Niñez, en sustitución al antiguo Sename, que quedó estrictamente a cargo de las áreas de justicia juvenil y reinserción. El cambio apuntaba a aumentar la fiscalización y exigencias a los trabajadores de los centros, incrementar los recursos y ofrecer un enfoque más “familiar”, entre otros.
Tres años después de su puesta en marcha, Mejor Niñez sigue en crisis. El último informe del Poder Judicial (del segundo semestre de 2023) advirtió del hacinamiento en casi el 40% de los 28 hogares de menores administrados por el Estado, una cifra que aumenta al 57% si se suman los que se encuentran con su capacidad total ocupada. Según datos del servicio “Mejor Niñez”, casi 4.900 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos en centros de menores en abril de 2024.
Como consecuencia de la sobrepoblación, persisten otras falencias que no han mejorado a pesar del intento: siguen mezclándose niños con y sin antecedentes policiales por falta de plazas y, además, en vez de abrirse nuevas residencias, está ocurriendo lo contrario: más de 40 hogares han cerrado o están en proceso desde 2023.
María Eugenia Reyes conoce bien el sistema. Vivió en una de las residencias de los 8 a los 18 años –hoy tiene 50– y, si bien han pasado varias décadas de ello, asegura que hay varios problemas enquistados en este sistema. Lo sabe porque hoy integra la Fundación Egresa, que se dedica a acompañar a jóvenes extutelados cuando salen a la calle a los 18 años. Entre los principales pendientes menciona la poca preparación del personal, el hacinamiento, la falta de acompañamiento para la salida del centro o la ausencia de implicación para “reestablecer” los lazos familiares: “Cuando no se provoca la revinculación, no sabes cuál es la situación de tu familia, la desconoces, y eso no te ayuda para cuando sales”, dice.
Los profesionales detectan también déficits en los cuidados para la salud mental porque –dicen– las instituciones de salud no priorizan a estos menores: “Tienen que entrar en lista de espera de un año o más para ser atendido por un profesional que lo va a visitar una vez a la semana”, apunta Rodrigo Venegas. “Además, dentro de la institución, un niño socializa con otros que, como él, están altamente traumatizados, lo que genera un trauma vicario: ver gente que está mal lleva a que uno también lo esté”.
“Impedir la reparación”
En su tercera rendición de cuentas a la ciudadanía, el pasado 1 de junio, el presidente chileno, Gabriel Boric, anunció la creación de una comisión especial “para determinar toda la verdad sobre las vulneraciones a las víctimas del Sename” y establecer medidas de reparación. Admitió que la situación de los menores que están bajo la protección del Estado “sigue siendo dolorosa” y propuso fortalecer el programa de Familias de Acogida, en el que hoy participan más de 9.200 menores.
Rodrigo Venegas critica que, si bien cambiaron las normas técnicas del programa, los operadores y los centros son los mismos: “No basta con ponerle otro nombre para que cambie”. Según él, entre otras mejoras, habría que “transversalizar” la implicación de los ministerios en este servicio; “crear una red institucional” alrededor de los niños, desde que ingresan al sistema hasta después de que salgan; supervisar a los privados que reciben dinero para gestionar los hogares; y asegurar la atención en salud mental en los consultorios.
“Tan grave es la vulneración como impedir que ésta se pueda reparar y eso es lo que hace la violencia del Estado”, asevera el psicólogo. “Cuando eso ocurre, se acaban las puertas donde llamar o las tienes que buscar por tu cuenta y, entonces, sientes que nadie te puede ayudar y decides no vincularte, lo que implica más dolor”.
Mónica Súnico ha representado esta “rigidez del Estado” en una obra que ha titulado “Hegemonía”, una manta hecha de cadenas –símil de una manta infantil– colgada en un muro e imposible de doblar: “La rigidez del sistema impide a los niños salir de él y entran en un círculo vicioso”. La artista espera que su exposición “remueva la anestesia social” sobre la situación que viven estas infancias; que permita “hacer memoria” de décadas de vulneraciones; y que cree “consciencia” colectiva: “Como sociedad tenemos que enfrentar el trabajo de que el Estado se haga cargo de la infancia y velar para que eso se cumpla”.
