Un millón y medio de personas, entre trabajadoras de la función pública y familiares, están dentro de MUFACE. Como cada dos o tres años, dependiendo del convenio, ven cómo el suelo se mueve bajo sus pies cuando hay que renovar los convenios con las tres aseguradoras que, hasta ahora, vienen prestando el servicio.
DKV, Adeslas y Asisa dicen que no les da el dinero y que pierden hasta 600 millones al año por atender a las y los mutualistas. Le solicitaron un aumento del 40 % al Gobierno que se quedó en un 17 que no han aceptado.
Con tal motivo se bajaron de la licitación planteada para el próximo proceso, de 2025 al 27. Dos de estas aseguradoras han enviado cartas a los mutualistas para avisarles de que el 31 de enero perderán la cobertura.
El Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe denunciando las prácticas de la aseguradoras en el sentido de que están haciendo cálculo de riesgos para decidir sobre la atención sanitaria. Además, se asegura que estas empresas están derivando los casos crónicos, complejos o más caros a la sanidad pública.
En el medio, 1,5 millones de personas que no saben bien si podrán continuar con su asistencia sanitaria como la han conocido hasta ahora. Los sindicatos han querido escenificar unidad sindical de la que CSIF se ha desmarcado. Una unidad con la que harán presión tanto al Gobierno como a las aseguradoras para que asuman su responsabilidad en todo esto.
Su objetivo es que se abra una nueva licitación, que se cierre un nuevo convenio de hasta tres años y, después, con datos reales sobre la mesa, comience un proceso de negociación sobre cuál debe ser el futuro de MUFACE.
“Deploramos la actitud de las aseguradoras”, ha resumido Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO. “Les pedimos responsabilidad y decoro”, ha insistido ante el envío de de cartas por parte de dos de las tres empresas avisando del cese de la prestación sanitaria.
Francisco Venzalá, máximo responsable de ANPE, ha insistido también en la posible crisis reputacional para estas aseguradoras en el caso de que dejaran a 1,5 millones de personas sin prestación.
Sobre todo esto, la dificultad de que un colectivo tan grande llegase a las puertas del Sistema Nacional de Salud de un día para otro. Una dificultad que, como ha explicado Maribel Loranca, responsable de enseñanza en la Federación de Servicios Públicos de UGT, dependería de factroes como el volumen de funcionarios o del porcentaje de ellos en MUFACE. Territorios como Madrid o Andalucía verían tensionados sobremanera sus sistemas públicos de salud.
Quienes están en MUFACE eligen cada año dónde quieren recibir la atención sanitaria. El 72 % lo hace en alguna de las aseguradoras: 34 %, Adeslas; 25 %, Asisa y el 13,2%, DKV, mientras que el resto acude a la sanidad pública.
El próximo 11 de diciembre en Madrid se celebrarán dos concentraciones. Una por la mañana ante Unespa, la patronal de las aseguradoras médicas y otra por la tarde ante la sede de MUFACE. En el resto del país, las concentraciones serán por la tarde, frente a las sedes de la mutualidad.
