Isabel Díaz Ayuso da un paso atrás a la negativa, en solitario, a sumarse al programa María Goyri con el que podría contratar a más de 1.000 profesores ayudantes doctores para sus universidades públicas. La presidenta y su política universitaria lleva varios días en el centro de la polémica por la infrafinanciación de las universidades públicas. Una situación que llevó hace unos días a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades a afear su última negativa.
Tras intensas críticas desde diversos sectores educativos, científicos y políticos, el Gobierno regional ha decidido adherirse al plan, desbloqueando una financiación de 169 millones de euros en los próximos seis años.
Una negativa que generó críticas generalizadas
El Programa María Goyri busca reforzar las plantillas universitarias mediante la contratación de más de 1.100 docentes en las universidades públicas de Madrid, con una financiación significativa del Gobierno central. En un principio, Ayuso se negó a firmar el convenio, convirtiéndose en la única presidenta autonómica en desmarcarse del acuerdo alcanzado por las demás comunidades autónomas. Según recogía Europa Press, esta decisión implicaba dejar sin efecto una inversión millonaria que habría asegurado estabilidad laboral y crecimiento académico en las universidades madrileñas.
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, expresó públicamente su preocupación por esta negativa. En una carta dirigida a Ayuso, la ministra alertó sobre las consecuencias graves de no adherirse al programa: “Muy probablemente en tres años habrá que despedir a 1.000 profesores”. Además, Morant calificó la situación financiera de las universidades públicas de Madrid como «dramática y límite», señalando que el gasto por alumno en la región está un 21% por debajo de la media nacional.
La ministra también subrayó la importancia del programa como herramienta para fortalecer la investigación, recordando que las universidades son responsables del 70% de la producción científica en España, y que de ese porcentaje, el 90% proviene de instituciones públicas.
Los argumentos del gobierno madrileño
Desde la Comunidad de Madrid, se justificó la negativa inicial argumentando la necesidad de adaptar el programa a la realidad de las seis universidades públicas de la región. Según un comunicado difundido por el gobierno autonómico, se buscaba garantizar que las condiciones del acuerdo respetaran las particularidades de estas instituciones y sus marcos normativos.
A pesar de estos argumentos, la decisión inicial de Madrid fue percibida como una acción política en detrimento del sistema universitario público. La postura de Ayuso fue vinculada por algunos críticos con su enfoque general hacia la privatización de servicios públicos, en un contexto donde la región ya cuenta con 13 universidades privadas frente a solo 6 públicas, según datos mencionados por Agencia EFE.
Rectificación
Ayer, el gobierno de Ayuso anunció que estaba “ultimando la firma” del convenio con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Según informó la Agencia EFE, Ayuso confirmó su voluntad de «rubricar este acuerdo» para permitir la creación de nuevas plazas de profesorado en las universidades públicas madrileñas.
La rectificación se produjo tras una creciente presión social y académica, incluida la advertencia de los rectores de las universidades públicas madrileñas sobre la «crónica infrafinanciación» del sistema regional. En un comunicado conjunto, los rectores calificaron de “insuficiente” la actual financiación para garantizar la sostenibilidad y calidad de las universidades.
Además, destacaron que la situación crítica no solo afecta a la docencia, sino también a la capacidad de las universidades para realizar inversiones en infraestructuras y mantener su liderazgo en investigación. Según estos rectores, las aportaciones presupuestarias comprometidas por el gobierno regional, aunque bienvenidas, no bastan para revertir 15 años de estancamiento en la financiación pública universitaria.
Consecuencias de la decisión inicial
La negativa inicial de Ayuso también puso en evidencia tensiones más amplias sobre el papel de las universidades públicas en Madrid y su competencia con las privadas. Según la ministra Morant, la falta de recursos y de planificación estratégica para el sector público pone en riesgo su viabilidad, especialmente en comparación con otras comunidades autónomas que están invirtiendo más en sus sistemas universitarios.
Morant llegó a señalar en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que veía «una clara amenaza de desaparición de la universidad pública en Madrid», lo cual desató un intenso debate en redes sociales y entre académicos. La ministra también criticó que la falta de apoyo a este sector podría ser parte de una estrategia política más amplia: “El predicamento de la motosierra de Milei parece haber calado, y aquí se lo han tomado en serio para dar el golpe final a un sistema público esencial”.
Un debate que continúa
El episodio ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad del modelo educativo público en Madrid y en España. La falta de financiación estructural, la creciente competencia con las universidades privadas y las tensiones políticas entre los gobiernos autonómicos y central son retos que seguirán marcando el futuro de la educación superior.
Para los profesores, investigadores y estudiantes, el desenlace de esta polémica refuerza la necesidad de defender un sistema público de calidad que asegure oportunidades para todos. Según los rectores madrileños, las universidades públicas siguen siendo fundamentales para garantizar el acceso equitativo a la educación superior y para impulsar la investigación y la innovación, elementos esenciales en una sociedad basada en el conocimiento.
El reto ahora será garantizar que esta inversión se traduzca en mejoras concretas y sostenibles, y que episodios como este no vuelvan a poner en peligro el futuro de miles de docentes, investigadores y estudiantes que dependen de un sistema universitario sólido y bien financiado.
