Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
La reducción de las horas lectivas y de las ratios son dos de los puntos fundamentales que ayer concitaron a varios cientos de personas en el centro de Madrid para protestar por la política educativa de la Comunidad de Madrid.
La manifestación, organizada por la plataforma Menos Lectivas, y los sindicatos CGT, CNT y STEM, así como organizaciones en defensa de la universidad pública había quedado a la espera por culpa del apagón que ocurrió precisamente en la primera jornada de las dos previstas de huelga general en la educación madrileña.
Una huelga que, además de pretender presionar para revertir los recortes que la Comunidad de Madrid llevar realizando casi dos décadas en la educación pública, llegaba pocos días después de que los sindicatos de la Mesa de negociación rubricasen un acuerdo con Educación para que se redujeran horas lectivas en secundaria en el plazo de dos cursos lectivos.
Las organizaciones que promovieron la manifestación, así como las dos jornadas de huelga, han criticado duramente dicho acuerdo por llegar una década tarde y no responder, primero, a la necesidad de que los recortes se reviertan a la mayor brevedad posible, así como por dejar a las maestras de infantil y primaria virtualmente fuera de las mejoras.
Madrid es la Autonomía con mayor PIB per capita y la que menos invierte en educación publica del conjunto del Estado. Es, hasta la fecha, el territorio que más tarde revertirá el aumento de horas lectivas decretado en 2012 por el ministro José Ignacio Wert y que supuso el virtual despido de miles de docentes. Al mismo tiempo, es la comunidad con mayor cantidad de universidades privadas que prácticamente duplican las publicas que, además, se encuentran en una situación financiera muy precaria que, según denuncia buena parte de la comunidad educativa, verá empeorada por culpa de la Ley de universidades que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso quiere sacar adelante y que, entre otras cosas, impone a los centros que encuentren el 30 % de su financiación en el sector privado.
