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En los últimos años y, especialmente, tras la pandemia, el número de chicas y chicos con necesidades educativas ha crecido. Es el periodo que ha analizado CCOO con los datos disponibles, de manera segura, entre el curso 2018-19 y el 23-24.
Un periodo en el que han aumentado en casi medio millón las niñas, niños y jóvenes que se encuentran en alguna de las categorías que la Lomloe recoge: alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE); el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (dislexia, discalculia, trastornos de la atención…); quienes tienen altas capacidades y, finalmente, alumnado en situación de vulnerabilidad social.
Durante la presentación de este informe de inicio de curso de la Federación de Enseñanza de CCOO, Héctor Adsuar, su responsable de Pública, ha destacado las importantes diferencias que hay entre las políticas de las comunidades autónomas.
Aunque hay algo que, ha explicado, todas, prácticamente, practican. En los últimos años, ha explicado que muchas han optado por hacer un trasvase entre el alumnado con necesidades educativas especiales hacia el listado de quienes tienen necesidades específicas de aprendizaje. El motivo, explica Adsuar, tiene que ver con que en el caso del primer grupo la legislación obliga a que las administraciones competentes pongan en juego recursos humanos y económicos, mientras que en el segundo, no.
Teresa Esperabé, secretaria general de la Federación ha asegurado que «la educación inclusiva está en peligro» teniendo en cuenta los datos del informe. Y ha insistido en el hecho de que «si el sistema educativo no se hunde es porque los docentes los están sosteniendo».
Hay territorios en los que este trasvase es muy claro al comparar las cifras de la evolución de uno y otro grupo en estos años. En otros casos, no lo es, puesto que —explicaba el dirigente sindical— las cifras son más disimuladas.
El caso más destacado es el de Navarra. Mientras en este periodo perdía al 60 % de su alumnado con necesidades educativas especiales, aumentaba el de la lista de necesidades específicas un 177 %. En una línea similar está la Comunidad Valenciana, que pierde el 23 % del primero para ganar un 120 % en el segundo.
Para Adsuar, esto tiene que ver, como se decía, con el hecho de que el alumnado con circunstancias como la dislexia o la discalculia no lleva aparejados nuevos o diferentes recursos con los que los centros puedan hacer frente a sus dificultades de aprendizaje.
Los datos no son nada alentadores en ninguna de las variables. Según recogen en el documento, el alumnado con necesidades específicas ha crecido un 75 %, mientras que la inversión en medidas dirigidas a él lo ha hecho en un 26 %. En el caso de las niñas, niños y adolescentes con desventaja socioeconómica, su número ha aumentado un 128 % y la inversión dedicada a paliar de alguna manera sus situaciones es un 31 % superior.
Soluciones
Según los diferentes cálculos que la Federación de Enseñanza de CCOO ha hecho, sería necesario incrementar en 5.126 millones de euros la inversión para tener recursos materiales y humanos suficientes para hacer frente al incremento de chicas y chicos con necesidad de atención específica.
Además de estas inversiones, el sindicato pone sobre la mesa algunas soluciones que pasarían por reducir las ratios. Su propuesta es que este alumnado cuente el doble a la hora de la escolarización, de manera que en sus aulas hubiera menos estudiantes para mejorar la atención individualizada.
También exigen el aumento de los recursos materiales y personales para atender a estos colectivos. No solo con más docentes, también profesionales de apoyo educativo, de la red de orientación (donde calculan que hacen falta 10.000 más de los que hay hoy), con los que mejorar la detección y el seguimiento de los casos.
Ven necesario que el alumnado con dificultades específicas de apoyo educativo tenga asignado profesorado de PT y AL en una ratio máxima de 12 a 1.
Infradetección
A pesar del importante aumento de niñas, niños y adolescentes en todas las categorías previstas por la ley, desde CCOO sostienen que existen importantes lagunas de infradetección de casos, seguramente por la forma diferente en que las comunidades autónomas toman los datos que luego envían al Ministerio.
Basan esta afirmación en la comparación que hacen, por ejemplo, en la categoría de estudiantes con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Los datos que recoge Educación están muy por debajo de los datos que el INE ofrece en el índice AROPE.
Una prueba de ello, por ejemplo, la encontramos en los datos de Andalucía para esta categoría. Simplemente no existen. No envía a Educación datos de niños en esta situación, siendo una de las comunidades autónomas con peores datos de pobreza y exclusión social en la infancia.
Adsuar también habló en la rueda de prensa de los datos relativos a las dificultades específicas de aprendizaje, en las que “los estudios de prevalencia están muy por encima de lo contabilizado en las administraciones educativas”. Según el responsable de Públicas, si se asignaran recursos económicos a este tipo de alumnado, “mejoraría la detección”.
