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Que hay especialidades docentes en las que falta personal no es ninguna novedad. Que cada vez es más complicado conseguir profesores de matemáticas, por ejemplo, cuando en el sector privado fuera de la enseñanza consiguen mejores condiciones de trabajo, empezando por los salarios, es algo que a nadie le sorprende.
Una especie de tormenta perfecta en la que las administraciones competentes se van pasando la patata caliente mientras todas hablan de la necesidad de mejorar la calidad de la formación inicial del profesorado para, así, mejorar los niveles académicos del alumnado.
Aquello que hace años aseguró el informe McKinsey de que la calidad de los sistemas educativos se mide en relación a la de sus docentes está, o puede estar, siendo un problema, de momento, muy concreto en el tiempo y el espacio, pero en aumento.
El problema
Hace unos días El País publicaba una información sobre docentes de Madrid que están dando clases en secundaria sin tener el máster habilitante. Precisamente en un momento en el que se espera que la Confederación de Decanas y Decanos de Educación decida sobre la posibilidad de endurecer los requisitos de acceso a este máster.
“No es un problema solo de Madrid”, sostiene Aida San Millán, secretaria de la federación de enseñanza de CCOO en la Región. Lo corrobora Héctor Adsuar, responsable de pública en la federación estatal, aunque asegura que el parche (palabra que ambos usan), no es norma, sino excepción.
Según los datos de CCOO, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Aragón también pusieron en marcha diferentes formas de excepción para dar clases en secundaria.
Madrid, si todo ha seguido el camino previsto, realizó el proceso de oposiciones. De él salió la lista de interinas e interinos. Una vez acabada, se encontraron con especialidades y plazas sin cubrir. Después de eso vienen las listas especiales en donde ciertos requisitos, como el del máster, desaparecen para intentar rellenar los huecos. Si aún así, quedan plazas sin cubrir, en ciertos casos se llama a los servicios de empleo convencionales en buscar de personas que estén licenciadas o graduadas en las titulaciones que se necesitan. O en sus afines.
Isabel Díaz Ayuso, presidente de Comunidad de Madrid ya lanzó el globo sonda, “ocurrencia”, como dicen los sindicalistas, de pedir al Ministerio de Educación que le permitiese contratar a personas jubiladas o estudiantes hace unas semanas, lo que dejaría todavía en una situación más precaria esa calidad docente.
Es competencia autonómica
Desde el Ministerio de Educación dan poca información. “Es competencia autonómica”, dicen. Héctor Adsuar explica esta afirmación. Es el gobierno el que establece los requisitos mínimos para ser funcionario de carrera y dar clase en secundaria. Es necesario, para estos casos, tener el máster. Pero es competencia autonómica quiénes serán docentes interinos y cuáles serán los requisitos que deban cumplir. Ahí entra la excepcionalidad de no requerir el máster o de, incluso, insinuar que fueran estudiantes de grado los siguientes en cubrir las plazas.
El Ministerio asegura que “prescindir de ese máster supondría una merma para la calidad de la enseñanza”. No solo eso. San Millán asegura que les han llegado casos de docentes sin máster ni conocimiento de la normativa en general que han tenido problemas graves con familias y han acabado con apercibimientos graves o muy graves que les han retirado de la docente hasta uno y dos años. “El Ministerio no sabe dar respuesta y no quiere bloquear a las comunidades cuando buscan salida” a las diferentes casuísticas, asegura esta líder sindical.
Toni González Picornell es director de instituto, además del presidente de la Federación que agrupa a buena parte del colectivo. Desde su punto de vista, la solución de urgencia que están utilizando en varias comunidades autónomas «es una solución satisfactoria para los centros» que se encuentran que especialidades como informática quedan sin cubrir durante semanas y semanas. Los institutos y los equipos directivos, y la administración, tienen obligación de dar respuesta a un derecho fundamental, el de la educación.
Daniel Ruiz es miembro de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Secundaria y profesor dela Universidad de Illes Balears, donde es coordinador del máster de secundaria. Asegura que desde 2020 las islas tienen esta especie de protocolo de emergencia para cubrir bajas e interinidades con cualquier persona con un título de grado, aunque no tenga el máster. Entiende la necesidad de cubrir esas bajas, pero también ve como un problema el mensaje que se manda sobre la docencia.
En algunas especialidades del máster, como es la de matemáticas, asegura que tiene ocho alumnos. Cinco de ellos están dando clases en centros educativos. Según dice esto genera tensiones con algunos que no entienden la necesidad de cursar estos estudios dado que ya están trabajando. Solicitan convalidaciones de estudios por experiencia laboral, pero hay un Real Decreto que prohíbe expresamente que esta supongan más del 15 % del total de créditos de los estudios.
Las condiciones de trabajo planean sobre el asunto. Salarios poco competitivos con la empresa privada de cada sector, posibilidades de conciliación mejores y menos estrés son algunas de las razones que las personas consultadas encuentran en el ojo del huracán de esta tormenta perfecta de falta de docentes. Seguramente, el teletrabajo derivado de la pandemia haya hecho que muchas personas se hayan replanteado la educación como un nicho laboral apetecible también.
Mejorar las condiciones laborales
“Desde el Ministerio se trabaja para mejorar las condiciones del profesorado y hacer atractiva la profesión docente, tanto en el plano profesional como retributivo, en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que tienen un papel esencial en este ámbito”, insisten fuentes de Educación. Aunque no especifican más.
Desde CCOO tanto San Millán como Adsuar están de acuerdo en que las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo en general son las vías a corto, medio y largo plazo para evitar estos parches. Que quienes miran a la docencia como una salida profesional (más allá de la vocación), no solo vean un alto nivel de estrés y exigencia que no queda cubierto con los salarios actuales. San Millán, además, recuerda que Madrid es la Comunidad Autónoma que peor paga a su profesorado.
Igualar lo que paga la empresa privada, sobre todo pensando en los salarios que pagan ciertas empresas, como puedan ser las tecnológicas, parece una quimera. González Picornell es consciente de esta dificultad, pero «sí (es posible) empezar intentar aproximarse a estas opciones».
Junto a los salarios, San Millán también habla de igualar permisos retribuidos a los de otros funcionarios de carrera, mejorar los salarios y también las licencias. González Picornell señala la dificultad para conciliar los horarios docentes con la vida personal y cómo eso también está influyendo en que haya menos personas interesadas en la docencia.
Un agujero en la formación inicial
“Incrementar y abaratar las plazas públicas del máster habilitante que son extremadamente insuficientes”, asegura Adsuar es también parte de la solución. Hay que recordar que la mayor parte de estudiantes de dicho máster se concentra en 10 universidades a distancia de las cuales, solo una, la UNED, es pública. La UNIR y la Internacional de Valencia son las dos universidades que más estudiantes tiene en el máster, prácticamente 8.000, un 12 % del total.
Daniel Ruiz afirma que esta excepcionalidad que se está imponiendo en algunos territorios, supone un agujero en la formación inicial del profesorado e insiste en la necesidad de que adquieran mayores niveles de conocimiento pedagógico y de práctica. Es más, desde su punto de vista, selaña como solución para garantizar personas realmente interesadas y bien formadas el hacer grados específicos para ser docentes en secundaria, al modo en el que se hace formación para las y los maestros.
Ruiz explica que en los últimos años han notado mucho en Matemáticas, por ejemplo, que dentro de las aulas de ciertas titulaciones se menosprecia la docencia como salida profesional, por parte de los mismos profesores universitarios.
«Para conseguir la calidad educativa tener formación pedagógica es importante», defiende González Picornell, a pesar de entender que las administraciones tiren de listas especiales en momentos concretos de falta de candidatos. Para su gusto el máster debería tener una duración de dos años, y no de uno. La mitad en la universidad y la otra, en el centro educativo. «Hay que vivir un curso entero en el centro para vivir todas las partes. Debería tener algún tipo de remuneración», explica.
Junto a la formación inicial, también creen que habría que modificar el acceso a la función pública, hacer que los procesos sean más transparentes, que las y los aspirantes sepan qué les van a pedir, qué deben prepararse. Para San Millán es mejor “un docente al que le adaptas las pruebas de acceso a uno sin el máster”.
La deserción docente de la que lleva Unesco hablando tiempo y sobre la que ha puesto el punto de mira hace algún tiempo se viene a juntar con la incapacidad de las administraciones de poner sobre la mesa propuestas realistas de mejora de las condiciones del profesorado para hacer la profesión más atractiva.
Volver a tener docentes peor formados o sin los títulos habilitantes, más allá de que sean personal interino, no parece una solución a medio y largo plazo con la que asegurar la calidad de la docencia y de los resultados, objetivos, ambos, primordiales para los sistemas educativos.
