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En 2006, aunque ya no mucha gente debe acordarse, nació el movimiento V de Vivienda, cuando los precios de las casas y los pisos comenzaron a ser absolutamente impagables. Recibieron una buena dosis de represión de diferentes formas. Dos años después estallaba la burbuja inmobiliaria que llevó al presidente de la República francesa, Nicolas Sarkozy a afirmar que había que refundar el capitalismo.
Como pudo verse poco después, el capitalismo no se reformuló de ninguna manera más que apretando más las tuercas y comenzaron las consecuencias, de repente muy visibles, de la burbuja. Los desahucios. Se contaban por miles y dieron luz a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), todavía existente.
Y como todo es un puro ciclo, a los pocos años hemos visto nacer al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, cuyo objetivo es que los poderes públicos actúen de manera contundente contra la especulación, ahora basada en los precios del alquiler. La turistificación y los pisos turísticos, la compra de pisos y bloques enteros por fondos buitre que han visto la oportunidad de subir precios de manera desmedida, y la precariedad de la población están en la base de buena parte de lo que está ocurriendo.
Pero ¿cómo impacta esto sobre el sistema educativo? Hablamos con Alicia del Río. Es orientadora y parte del Sindicato de Inquilinas. Como tal ha participado en la redacción de la guía, el protocolo (a pesar de que la palabra da miedo en los claustros) que el sindicato ha elaborado para que pueda utilizarse en los centros educativos, no solo de Madrid. En Cataluña, antes del verano, ya se elaboró uno con la participación de USTEC y CGT, además del Sindicat de Llogers.
Del Río asegura que quien ha trabajado o trabaja Madrid, en barrios o distritos con un alto nivel de segregación escolar, conoce o al menos puede imaginar el peso que tiene la «inseguridad habitacional», un concepto con el que trabajan desde el sindicato, en las y los chicos. Familias migrantes o monomarentales que habitan en una habitación de un piso compartido; familias que temen la finalización del contrato y la casi segura subida del precio; la epopeya que es conseguir un nuevo contrato que, al no tener papeles, va a ser draconiano, en el caso de existir. Miles de personas viven así en todo el país. Con menores al cargo.
Esta orientadora habla de desahucios invisibles, es decir, cuanto estás obligada a dejar tu vivienda al terminar el contrato, momento en el que tu case subirá el precio abusivamente. Una situación, cuenta, que está haciendo que muchas familias tengan que abandonar sus barrios y, también, dejar los centros educativos atrás para buscar mejores precios, cada vez más lejos. Comenta que en centros del distrito madrileño de Carabanchel, al sur este de la ciudad, tienen alumnado que ha tenido que mudarse a 20 kilómetros al sur. Conoce casos, incluso, de familias que se han ido a la sierra, a unos 40 kilómetros, lo que implica horas de desplazamiento para niñas, niños y adolescentes.
No podemos más
Y el profesorado recibe diariamente a estas chicas y chicos que, en la mayor parte de los casos, no cuentan lo que les pasa. El estigma es enorme. Alicia del Río habla de vergüenza, de sensación de fracaso como familias. De inseguridad económica, de privación porque siempre hay que pagar primero la vivienda y luego todo lo demás.
En Madrid, el profesorado tiene algunas de las peores situaciones laborales del estado. Siguen con las mismas horas lectivas impuestas por el PP en Moncloa hace 13 años lo que implica, además de mucho trabajo, que faltan docentes, que las ratios son altas y que la atención es compleja. Madrid es, además, una de las regiones con mayor segregación escolar de alumnado en situación socioeconómica complicada de toda la Unión Europea.
Lo que busca el protocolo que han hecho, entre otras cosas, es un golpe en la mesa. Hacer llegar a la administración que los centros no pueden trabajar en ciertas situaciones sobrevenidas, y en el caso del precio de la vivienda, es absolutamente imposible que hagan nada para ayudar a sus familias a pagar sus pisos, sus casas, sus habitaciones.
O sí que lo hay. La idea es que los docentes puedan conocer el texto y el trabajo que hace el Sindicato en sus barrios. De esta manera, cuando conozcan el caso de una familia en una situación complicada, pueden derivarla al enlace del Sindicato en su zona y que allí les asesoren.
Pero el trabajo es, incluso, anterior a esto. La vivienda «es un tema de tanta actualidad que es el número uno en el CIS», explica Del Río desde el salón de su piso compartido en el centro de Madrid del que se les vence el contrato en febrero. A ella y sus compañeras les tocará también buscarse la vida en unos meses, cuando el casero lo convierta en un piso turístico. «¿Cómo no vas a hablar de ello, igual que hablas de la crisis climática o, no sé, de la violencia?».
Este es uno de los puntos importantes del protocolo, que la crisis de vivienda, que la inseguridad habitacional sea un tema que se trata en los centros. En las tutorías, que se hagan murales en los pasillos, que chicas y chicos vean que está sobre la mesa y que la respuesta ha de ser colectiva y no individual. Que sean incluso los docentes, para evitar el estigma, quienes hablen de sus propias dificultades para encontrar pisos, aun siendo funcionarios públicos y teniendo una nómina que, hasta hace poco, era más que suficiente para `pagar una vivienda. Y no hay que irse al caso extremo de las Baleares, en donde hay profesorado viviendo en caravanas o en los sofás de otras personas. En otros territorios como Alicante, los alquileres por temporadas, de septiembre a junio, son la norma. Y obligan a muchos a no encontrar una vivienda asequible para poder trabajar como interinos.
«Si no se toman unas medidas institucionales, legislativas para paliar la crisis de vivienda, los centros educativos debemos presionar desde nuestra labor. si no hay psicólogos (que atiendan las necesidades de salud mental de muchas chicas y chicos), si no hay una vivienda garantizada, a la escuela no le pidáis milagros», explica Del Río.
Esta orientadora habla de que no hay una forma fácil de detectar las situaciones y los chavales no hablan . Pueden darse casos de conductas desafiantes, de retraimiento, de hiperactividad, de malas notas. Esto acaba derivando en reunión con las familias y para entonces es habitual que el problema haya escalado demasiado y hay poco que hacer. De ahí la necesidad de que se hable de estos temas desde el centro, para atajarlos lo antes posible.
Entre otras cosas han elaborado una guía para profesorado con el que ayudar a comenzar conversaciones con los chavales en relación a la vivienda. Del Río es consciente de que al profesorado se le piden y se le carga con muchos temas que no tienen nada que ver con la escuela «pero creo que ahora, en este momento, hay que hablar un poco de vivienda». Así, también, cuando como tutora o tutor tengas a los chavales delante, puedan preguntar con normalidad cómo están las cosas en casa en relación a la vivienda.
El protocolo, además, prevé un formulario, como los que elaboran desde Servicios Sociales para los jueces, sobre vulnerabilidad. En este caso, para los equipos de orientación o dirección, sin peso real legal, que hable de la situación socioeducativa y que pueda enviarse a la administración. Incluso, formularios para que los miembros del claustro que así lo quieran lo firmen para enviarlo a los caseros que estén pensando en echar a alguno de sus familias.
Sin cifras
Que la vivienda es el tema que más preocupa a los españoles lo dice el CIS desde hace ya tiempo. Que los precios se han disparado lo sabe cualquiera que tenga que pagar un alquiler o tenga un hijo o hija que se quiere independizar. Quelos desahucios, sean hipotecarios o no, siguen pasando a paser de todo lo vivido, también es conocido.
Como explica Alicia del Río, aunque el Consejo General del Poder Judicial publica las cifras de desahucios anuales, con cierto retraso temporal, lo que no hace ss desagregar entre quienes son familias con menores al cargo y quienes no. Se siguen manejando cifras salidas de la crisis de 2008 y en ellas se hablaba de que alrededor del 80 % de los desahucios tenían a menores involucrados. el interés superior del niño queda a un lado cuando está el interés del banco, del fondo buitre o del casero.
Para Del Río, la lucha colectiva en estos casos es calve, de ahí su militancia. Asegura que el Sindicato ya ha conseguido logros presionando para que los contratos se renueven o que las subidas no sean abusivas. Hablar de estos temas no solo puede ayudar a las familia y al alumnado. El claustro, el personal de cocina, de administración y servicios, de limpieza… todas las personas que pasan por un centro educativo están en circunstancias similares,o pueden estarlo.
La guía lleva algún tiempo utilizándose en tres centros educativos madrileños, a modo de proyecto piloto. Desde el Sindicato prefieren no dar los nombres de los centros para evitar que tengan problemas con la inspección educativa
