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«La defensa de la autonomía universitaria, de las libertades académicas y de los intereses generales en relación con la educación superior y la calidad, así como el fomento de la cooperación de las universidades públicas de Madrid entre sí y con otras instituciones análogas» son algunos de los fines que recogen los estatutos de esta nueva asociación según hicieron saber los seis rectorados en la presentación de la nueva asociación.
Según informa Europa Press «no nos satisface (la ley de universidades en trámite), hay todavía mucho por hacer en profesorado, estudiantado y sanciones. Necesitamos una ley lo más adecuada posible. La financiación claramente sigue siendo insuficiente. hay que negociar». Estas fueron las palabras de Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense.
En la rueda de prensa de presentación de la nueva asociación, Goyache también recordó que las seis universidades madrileñas, entre las más importantes de Europa, tienen 500 millones de euros menos de financiación que las nueve andaluzas, a pesar de manejar unas cifras de estudiantes muy similares.
A pesar, según explicaron, de que la ley ha tenido algunos cambios en los últimos meses que han suavizado la postura inicial de la Comunidad de Madrid, sigue sin dar respuesta a los problemas. Desde la falta de material fungible o de dinero para pagar la calefacción en los edificios, hasta la imposibilidad de cubrir las bajas o jubilaciones que acaban en sobrecarga del resto del profesorado, los problemas de financiación de las universidades públicas madrileñas, así como también ocurre con las andaluzas, son bien conocidos.
María Pastor, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, cree que a estas alturas, tras el conflicto abierto con la comunidad educativa universitaria, y ahora con la creación de esta asociación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería retirar de la mesa el proyecto de ley. De hecho, esta semana llevará la cuestión al parlamento autonómico.
Más allá de la asfixia económica a la que los gobiernos regionales han sometido a las universidades públicas madrileñas, el borrador de texto que no se había consensuado en ningún momento con los rectorados, aumenta el control empresarial de las seis universidades públicas dando mayor peso de decisión sobre financiación y contratación a los consejos sociales.
Otro de los puntos clave de las protestas tiene que ver con el régimen sancionador que muchas personas, docentes y estudiantes, ven como excesivo y lesivo al llegar a imponer multas de hasta 300.000 euros por protestar en los campus.
