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La Fiscalía Provincial de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia presentada contra el catedrático emérito Ramón Flecha y personas vinculadas al grupo de investigación CREA, un caso que ha sacudido a la comunidad académica catalana y española y que ayer cobró un nuevo impulso judicial con el inicio formal de diligencias de investigación por parte del Ministerio Público.
Inicio de las diligencias
La decisión de la Fiscalía se produce tras la remisión al Ministerio Fiscal de una denuncia formal por parte de la Universidad de Barcelona (UB), que desde el pasado verano impulsó una investigación interna ante las acusaciones de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves, entre ellos acoso sexual, coerción psicológica, maltrato, explotación profesional y comportamientos vejatorios, atribuidos no solo a Flecha —una figura destacada en la Sociología de la educación y referente en estudios sobre violencia de género— sino también a su entorno más cercano en el seno del grupo CREA (Community of Research on Excellence for All).
El grupo de investigación, que hacía tiempo que no estaba adscrito a la Universidad de Barcelona, anunció a primeros de año su disolución en los perfiles de sus redes sociales y desactivó su página web. Según anunciaron, esta decisión se tomaba por la nueva campaña de acoso que estaban recibiendo.
Según el informe preliminar que la UB trasladó a la Fiscalía, hasta dieciséis personas—entre alumnas, becarias, doctorandas y personal subordinado— relatan patrones continuados de abuso de poder y coerción sexual, con relatos que describen relaciones sexuales en contextos de clara desigualdad jerárquica, manipulación profesional y presiones psicológicas que prolongaron estas dinámicas en el tiempo.
La Fiscalía, según relatan diversos medios catalanes, ha considerado que existen indicios suficientes para abrir diligencias y encargará la investigación a un equipo conjunto de Mossos d’Esquadra especializado en delitos contra la libertad sexual y en análisis de dinámicas de control coercitivo, un enfoque que refleja la complejidad y la gravedad de los hechos relatados en las denuncias.
Impacto en la universidad
Este avance formal se produce después de meses de presión y seguimiento mediático y universitario, que llevaron a la UB a tomar medidas cautelares ya desde la segunda mitad de 2025, entre ellas la suspensión provisional de funciones de Flecha, la apertura de expedientes disciplinarios e incluso la retirada de la condición de catedrático honorario a otra persona vinculada al grupo.
El caso ha generado una amplia controversia en el ámbito académico, no solo por la notoriedad del acusado —especialmente por su trayectoria en temas de género y violencia— sino también por la respuesta institucional y las preguntas que plantea sobre los mecanismos internos de control y prevención frente a posibles abusos de poder en entornos universitarios.
Además de la apertura de la investigación judicial, la comunidad del CREA anunciaba recientemente su disolución, subrayando el impacto que este escándalo ha tenido en la propia estructura del grupo y en las relaciones profesionales entre sus integrantes.
Flecha ha negado reiteradamente todas las acusaciones, calificándolas de falsas y defendiendo su inocencia, mientras que las denunciantes y sus representantes han valorado positivamente que la Fiscalía haya aceptado la denuncia, interpretándolo como un paso esencial para que se investiguen a fondo los hechos y se rompan ciclos de silencio y victimización.
En resumen, la admisión a trámite por parte de la Fiscalía de la denuncia contra Ramón Flecha y el entorno del grupo CREA marca una fase decisiva en un caso que podría convertirse en un precedente histórico en la lucha contra el acoso y el abuso de poder en el ámbito universitario español, y que mantiene la atención puesta en cómo se desarrollarán las investigaciones judiciales y las posibles consecuencias legales y sociales de estos hechos.
