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Una universidad, de cuyo nombre no quiero acordarme, hace algunas semanas celebró con fanfarrias su ascenso en un ranking internacional. Hubo comunicados periodísticos, fotografías, cifras comparativas y declaraciones institucionales. Todo legítimo, comprensible. Mientras leía la noticia, me asaltó una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que una universidad celebró públicamente haber transformado la manera de pensar de sus estudiantes? ¿Alguna universidad lo festejó alguna vez?
La universidad pública latinoamericana declara —con razón— que su misión es formar pensamiento crítico. Aparece en planes estratégicos, discursos rectorales y perfiles de egreso. Pero cuando observamos con atención qué se mide, qué se premia o qué se financia, la escena se vuelve turbia. Se ovacionan publicaciones indexadas, captación de fondos, patentes, posiciones en rankings, tasas de empleabilidad, mejora de indicadores. Nada de ello es irrelevante. El problema no es que existan métricas; sino que las métricas definan el sentido de la institución. Que los medios se conviertan en fines.
Nuestras universidades operan bajo lógicas de rendimiento que privilegian la productividad cuantificable sobre la profundidad reflexiva
El pensamiento crítico no florece por decreto. Requiere tiempo para leer sin prisa, espacios para disentir, libertad para explorar preguntas sin rentabilidad inmediata. Supone riesgo intelectual: posibilidad de cuestionar consensos, desafiar modas académicas e, incluso, incomodar prácticas rancias de la propia institución. Sin embargo, nuestras universidades operan bajo lógicas de rendimiento que privilegian la productividad cuantificable sobre la profundidad reflexiva.
Hay excepciones. En México asoma una luz tímida con el Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, una de las pocas iniciativas del gobierno izquierdista que propone una ruptura interesante del modelo que cubrió cuatro décadas, pero sus resultados están lejos todavía.
La cultura del indicador —impulsada por rankings globales, sistemas de evaluación y políticas de financiamiento— instaló un lenguaje hegemónico. Preconiza impacto, competitividad, eficiencia, posicionamiento. La cuentofrenia dicta ritmos. Se habla menos de deliberación, formación humanista o responsabilidad intelectual frente a la sociedad. Así, la investigación se convierte en moneda simbólica; la publicación, en requisito acumulativo; la docencia, en una carga que debe compatibilizarse con la productividad; el alumnado, un mal necesario para el académico de carrera. Todo ello, en medio de una crisis severa de financiamiento a las universidad en Argentina y México, por citar dos países.
La universidad siempre ha estado atravesada por tensiones políticas y económicas
El pasado es imperfecto. No hay lugar a las idealizaciones. La universidad siempre ha estado atravesada por tensiones políticas y económicas. Tampoco se trata de desestimar la necesidad de rendición de cuentas o estándares de calidad. Las instituciones públicas y privadas deben responder ante la sociedad que las sostiene. Pero conviene preguntarnos qué tipo de calidad estamos midiendo y qué dimensiones dejamos en la penumbra.
Existe una paradoja silenciosa. Exigimos a nuestros estudiantes pensamiento crítico, pero organizamos su formación en trayectorias hiperfragmentadas, saturadas de contenidos y orientadas casi exclusivamente a la empleabilidad inmediata. Celebramos la innovación, pero reducimos el margen para el ensayo y el error. Hablamos de interdisciplina, mientras las estructuras administrativas refuerzan compartimentos estancos. Se habla de flexibilidad, pero las burocracias y la austeridad la condenan al sótano. Es verdad que la generalización es peligrosa, porque también existen zonas de innovación y prácticas alternativas, pero son marginales.
Una universidad obsesionada con su rendimiento corre el riesgo de formar profesionales altamente competentes, pero intelectualmente dóciles
Una universidad obsesionada con su rendimiento corre el riesgo de formar profesionales altamente competentes, pero intelectualmente dóciles, o de preparar graduados capaces de resolver problemas técnicos sin cuestionarse los marcos que definen cuáles problemas merecen ser resueltos, riesgo nada novedoso si recordamos “Misión de la universidad” de José Ortega y Gasset, a punto de cumplirse cien años de su publicación.
En sociedades atravesadas por desigualdades persistentes, polarización política y transformaciones tecnológicas aceleradas, esa docilidad no es nimia: es expresión de fragilidad democrática.
El pensamiento crítico no es mera actitud contestataria. No consiste en oponerse sistemáticamente ni cultivar escepticismo vacío. Implica argumentar con rigor, reconocer evidencias, dialogar con perspectivas distintas y sostener convicciones abiertas a revisión. Implica aceptar la incomodidad que produce la complejidad. Incomodidad que requiere condiciones institucionales: tiempos protegidos para la lectura y la conversación, currículos que no asfixien la reflexión, evaluaciones que valoren la originalidad y no solo la repetición eficaz. Tiempos para la escucha, sobre todo, de los distintos en sus maneras de pensamiento o en quienes cultivan otros campos del saber.
El académico aprende pronto qué temas publican más, qué metodologías son mejor recibidas, qué debates conviene evitar
Cuando las universidades internalizan sin mediación las lógicas del mercado o de la competencia global, pueden terminar evaluando con mayor severidad la audacia intelectual que la desviación estadística. El académico aprende pronto qué temas publican más, qué metodologías son mejor recibidas, qué debates conviene evitar. El estudiante aprende qué respuestas son funcionales para aprobar. Poco a poco, la prudencia esetratégica desplaza al cuestionamiento profundo y al rigor académico. Y esa tentación se acentuará con la inteligencia artificial.
No es un fenómeno exclusivamente latinoamericano, pero en nuestra región adquiere matices particulares. Las universidades han sido históricamente espacios de debate político, de movilidad social y construcción ciudadana. Reducirlas a plataformas de certificación laboral empobrece su papel público. La empleabilidad importa, sin duda; pero si la universidad solo procura inserción laboral y atrofia horizontes intelectuales, habrá renunciado a una parte sustantiva de su ethos.
Es buen momento para replantearnos preguntas esenciales. ¿Queremos instituciones que acumulen indicadores o comunidades académicas que cultiven pensamiento autónomo? ¿Queremos ascender en rankings o elevar la capacidad de nuestras sociedades para deliberar con mayor lucidez?
Quizá el verdadero ranking que debería inspirarnos es el que pondere cuántos egresados son capaces de argumentar con independencia, de cuestionar incluso a la institución que los formó y de intervenir en la vida pública con responsabilidad intelectual, o de qué manera las universidades están mejorando el desarrollo de la inteligencia natural. Será difícil de cuantificar, sin duda, pero eso no descarta la búsqueda de opciones.
Si la universidad deja de ser un espacio donde se aprende a pensar con libertad y rigor, alguien ocupará ese hoyo. Y no necesariamente con los mismos compromisos sociales, pluralidad y perspectiva democrática. La cuestión, entonces, no es solo académica. Es profundamente política en el sentido más amplio del término: atañe al tipo de sociedad que estamos ayudando a construir.
Y eso, convendría recordarlo siempre, no cabe en ningún indicador.
