La Comunidad de Madrid extenderá las aulas de educación especial a los centros concertados. Amplía en 60 unidades las 156 existentes, con el pretexto de que la Región sigue siendo el motor y modelo de España, también en este ámbito.
Seguir garantizando la libertad de elección de las familias y atender a las necesidades de cada alumno en el entorno más cercano posible. Fomentar el desarrollo integral bajo los principios de normalización e inclusión, no discriminación e igualdad en el acceso y permanencia en el sistema. Esta es la nota de prensa de la Comunidad de Madrid, cuyo texto legal nada aporta de rigor en su planteamiento.
En la visita a las obras de ampliación del Centro de Educación Especial Peñalara en Collado Vilalba, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo dijo: “Vamos a seguir apostando, por supuesto, y con carácter prioritario, en la educación especial”.
Por los derechos y su cumplimiento
La inclusión educativa no es solo una responsabilidad de Ministerio de Educación ni tampoco del Gobierno; como es materia de derechos, implica a la sociedad toda. No podrá conseguirse sin una implicación ciudadana.
No solo es responsabilidad de los centros educativos, también de las organizaciones, las instituciones, los servicios y profesionales, las actitudes sociales y el sistema de creencias, desde una concepción de amplia base de los derechos, las ciencias sociales, políticas y culturales.
No se trata de elegir entre la educación inclusiva y la educación especial. La educación es una. En la especial se desarrollaron investigaciones y prácticas sobre el aprendizaje, metodologías, desarrollo personal e integración social que se incorporaron a la ordinaria.
Hay buenos directores de centros de educación especial que trabajan conjuntamente con compañeros de centros ordinarios; este profesorado es necesario para acompañar al alumnado en la educación inclusiva; los centros de educación especial se deben de orientar hacia la inclusión educativa y convertirse en recursos importantes para la educación inclusiva.
Seguimiento de la Convención
En septiembre de 2014, el Comité de la ONU para el seguimiento del Convención recibió información de una organización que alegaba violación grave y sistemática del Art 24. Se comprobó como fiable y, siguiendo el Protocolo Facultativo, se trasladó la información al Estado que presentó alegaciones.
Miembros del Comité visitaron Madrid, León, Valladolid, Barcelona, Sevilla y Málaga, del 30 de enero al 10 de febrero, y mantuvieron entrevistas y sesiones de trabajo con 165 personas de las administraciones, organizaciones de familias y profesionales. Obtuvieron hallazgos de violaciones del derecho a la educación.
El informe elaborado fue demoledor, pero apenas tuvo difusión y tampoco llegó a los centros educativos.
Coincidiendo con la tramitación de la LOMLOE, se produjo una noticia en la que se afirmaba que el Ministerio pretendía que 35.000 alumnos de educación especial se trasladaran a centro ordinarios. Se incendian informaciones en los medios y en las redes, se desclasifica el informe de la ONU, se ataca a la LOMLOE por la inclusión educativa, y lo que debelaría ser un debate sereno y transparente, se contamina con intereses políticos partidistas de defensa de determinados grupos de todo tipo.
Se desata una campaña contra la educación inclusiva hasta tal punto de considerarla como una amenaza contra la población más vulnerable; la patronal de los centros de educación especial, privados y concertados, se manifiesta por las calles; los partidos de la derecha aprovechan para cargar contra la LOMLOE y el Gobierno; las protestas se canalizan en la plataforma Educación Inclusiva Si, Especial, También; se publica un Manifiesto, recoge firmas y solicita adhesión.
En las redes se publican vídeos de alumnos con discapacidad que manifiestan que se encuentran muy a gusto en sus centros y de otros alumnos que han estado en centros ordinarios pero que lo han pasado mal y están en uno de educación especial.
Hay familias que piensan y manifiestan que su hijo o hija están mejor en el centro de educación especial; otros que denuncian a la Administración porque su hijo o hija quiere estar en un centro ordinario; otros que ya están hartos de luchar contra las barreras estructurales acumuladas por la Administración y los centros en el proceso de inclusión educativa.
Quizás convenga traer aquí el Art 7 del Convenio, los niños con Discapacidad: «Los Estados Parte tomarán las medidas necesarias para asegurar que todos los niños con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños. 2. Los Estados Parte garantizarán que los niños con discapacidad su derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración, teniendo en cuenta su discapacidad y edad, (muy recomendado, diría que obligatorio, para los equipos que determinan su escolarización).
El caso de Rubén Calleja
Los padres de Rubén, con síndrome Down, no aceptaban que su hijo tuviera que abandonar el centro ordinario en el que estudiaba y tuviera que ingresar en uno de educación especial. Ante las amenazas y juicio por abandono familiar de la Fiscalía de Menores, lo escolarizaron en un centro privado ordinario.
Reclamaron ante el Juzgado y Tribunal Supremo de Castilla y León. El Estado fue condenado, en 2025, después de 14 años de litigio, a indemnizar a Rubén con la cantidad de 25.000€. Además de a publicar el dictamen y distribuirlo en forma accesible a fin de que llegase a todos los sectores de la población.
El abogado Juan Rodríguez Zapatero, especializado en educación inclusiva que llevó la causa, declaró: “Esta sentencia abre muchos caminos para proteger, aún más, la educación inclusiva, deja claro que el Estado español está obligado a cumplir la Convención y los dictámenes de los Comités de la ONU y reconoce, en este caso, que no se protegió el derecho de un alumno a recibir educación de calidad”.
Sigue la denuncia del convenio
España sigue sin cumplir el mandato sobre inclusión y tienen cerca del 20% de alumnos con discapacidad en centros de educación especial y aulas específicas. Se trata de una práctica que se fundamenta en el Real Decreto legislativo 2/2013, el Art.74. de la LOMLOE y 18.3 del Real Decreto legislativo 1/2013 sobre la derivación de alumnos con discapacidad a centros de educación especial.
Es la Administración educativa la que no cumple con el Convenio y no da libertad de elección a los propios alumnos y a las familias. Es ella la que tiene que cambiar los dictámenes de escolarización por informes para la inclusión educativa, tras escuchar a los alumnos y a las familias y establecer los apoyos y ajustes razonables para posibilitar la inclusión educativa en el centro ordinario.
El informe de la Comisión de la ONU propinó un fuerte varapalo al Reino de España, pero apenas tuvo difusión y recorrido, no llegó a las familias de los alumnos con hijos con discapacidad ni a los centros educativos, ni al profesorado.
En esta situación de incumplimiento, destaca la Comunidad de Madrid que, además, utiliza la inclusión educativa como arma arrojadiza contra el Gobierno central, utilizando o ignorando a las familias y a los alumnos.
En la inauguración del Centro de Educación Especial Iker Casillas, la presidenta Isabel Díaz Ayuso dijo que en los centros de educación especial los alumnos aprenden cosas importantes como hacer las camas; las profesoras y profesores alucinaban con el conocimiento de la presidenta sobre su trabajo y el para qué con sus alumnos.
El anterior consejero de Educación, Emilio Viciana, visitó un centro de educación especial, quedó convencido de su buen trabajo y anunció la construcción de tres más en Móstoles, El Escorial y Villaverde (Madrid). Se ampliarán los centros de Collado Villalba, San Sebastián de los Reyes y Parla.
Ahora se anuncia la creación de 60 aulas específicas en centro concertados, una nueva vuelta de tuerca, hacia atrás. La educación especial es una de las banderas de Isabel Díaz Ayuso que está arrastrando al PP, hasta tal punto der que en el Senado pretenden desarrollar y avanzar en el Art. 74 de la LOMLOE en la referencia a la educación especial. En él se determina que solo se podrá escolarizar en los centros de educación especial, cuando no se pueda en los ordinarios. Pretenden enmendar su carácter residual y darle igual categoría que la inclusión educativa.
Plan de acción
Se está elaborando un Marco de educación inclusiva, tutelado por la Universidad de Málaga, en el que se están recogiendo aportaciones y experiencias desde aportaciones ciudadanas que podrán concretarse en un Plan Estratégico de Educación Inclusiva que se presentará al Ministerio. Veremos.
La LOMLOE había fijado un plazo de ocho años para alcanzar la inclusión educativa, aunque no había incremento económico para cada uno de los ocho años. El Ministerio libera una cantidad anual para acompañarla, pero las comunidades autónomas, la mayoría, lo destinan a otros fines. Portugal no estableció plazos para la inclusión educativa, la aplicó de inmediato a su publicación, y con éxito.
